Opinión
Los principales demócratas del Congreso, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, están impulsando nuevas leyes para erradicar el «terrorismo doméstico». Sin embargo, están apuntando solo a organizaciones de derecha. Si los alborotadores están saqueando y provocando incendios por una causa de izquierda, está bien.
El recién nombrado fiscal general del presidente Joe Biden, Merrick Garland, califica la incursión al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero como «terror doméstico», sin embargo, se niega a aplicar el mismo término a los alborotadores de izquierda que atacaron la corte federal de Portland el verano pasado.
Los esfuerzos de los demócratas por etiquetar solo a los grupos de derecha como terroristas nacionales son antiamericanos. La Primera Enmienda garantiza que podemos unirnos a cualquier grupo político que queramos, siempre y cuando no cometamos un crimen.
Si los manifestantes atacan una corte, atacan a policías o saquean tiendas, hay suficientes leyes en los libros para castigarlos. Y los criminales deben recibir el mismo trato, ya sea que se identifiquen con Antifa o con los Proud Boys.
Dígale eso a Schumer. Él presentó una resolución del Senado en la que pedía al FBI y a la comunidad de inteligencia que examinaran el liderazgo y la afiliación de los grupos de derecha y «dieran prioridad a la investigación y el enjuiciamiento de esos grupos».
La propuesta de Schumer es peligrosa. Pertenecer a un grupo ideológico—de extrema izquierda o de extrema derecha—no es un crimen en Estados Unidos. Puedes ser nazi, un marxista, un miembro de los Proud Boys o de cualquier otro movimiento despreciable. El trabajo del FBI es investigar los crímenes violentos, no la ideología. Este no designa a ciertos grupos como terroristas domésticos, aunque la resolución de Schumer indica que ellos lo hagan.
Schumer promete también acelerar la propuesta de Ley de Prevención del Terrorismo Doméstico 2021, un proyecto de ley que exige el «monitoreo» por parte de las fuerzas del orden a los grupos de derecha. Podría convertirse en un objetivo al interactuar con ese grupo, incluso si usted no comete un crimen.
El mismo proyecto de ley endurecería las sanciones para los infractores de la ley motivados por creencias políticas que las autoridades no aprueben. Imagínese cárceles llenas de manifestantes de derecha que cumplen largas condenas cuando los demócratas esten en el poder y viceversa. Bienvenido a villa Putin.
En el pasado, Estados Unidos se ha enfrentado con eficacia a la violencia extremista. En la década de 1970, izquierdistas del Frente de Liberación Animal atacaron las instalaciones de experimentación con animales. El Ejército de Liberación Symbionese cometió asesinatos y robó a bancos. Las personas que cometieron los crímenes fueron sancionadas, pero el gobierno federal no designó a los grupos como terroristas ni criminalizó su pertenencia.
Ahora, los demócratas afirman que una amenaza de la derecha justifica una acción drástica. El Washington Post dice que «los incidentes de terrorismo doméstico se han disparado a nuevos máximos en Estados Unidos, impulsados principalmente por supremacistas blancos, antimusulmanes y extremistas antigubernamentales de la extrema derecha».
Eso es falso. El Washington Post cita un informe del sumamente woke (adjetivo para señalar a personas que ostentan sobre cuanto les importa alguna cuestión social) Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que registró 73 incidentes violentos de «extrema derecha» con dos muertes resultantes en 2020, en comparación con 25 incidentes de izquierda con una muerte resultante. Las cifras son minúsculas y la comparación entre incidentes de izquierda y derecha no tiene sentido porque el CSIS no contó muchos de los eventos violentos durante los disturbios a nivel nacional del año pasado tras la muerte de George Floyd.
Durante esos disturbios, hasta 700 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley resultaron heridos y los daños a la propiedad alcanzaron los 2 mil millones de dólares. Eso demuestra que los manifestantes de izquierda, que con frecuencia actúan con impunidad, son una gran amenaza.
Dígale eso a Garland.
En mayo de 2020, mientras los alborotadores atacaban edificios públicos en Portland y Minneapolis, el predecesor de Garland, William Barr, lamentó los ataques llamándolos «terrorismo doméstico» y designó a grupos de izquierda como Antifa.
Sin embargo, en una audiencia del Senado en febrero, Garland se negó a calificar al incendio del juzgado de Portland como terrorismo doméstico. Es más probable que la gente denomine a algo como terrorismo cuando no está de acuerdo con la ideología de los perpetradores.
Ahí radica el peligro. Incluso la ACLU y algunos legisladores demócratas se oponen a una ley de terrorismo doméstico.
No es necesaria para mantener la paz. Lo que se necesita es un mensaje claro de que si los manifestantes recurren al saqueo, a agredir a la policía o destruir edificios públicos, serán castigados, sin importar cuán justa sea su causa.
Eso es lo opuesto al mensaje de la representante demócrata de California Maxine Waters a los manifestantes de Minneapolis el domingo temprano, cuando los instó a ser «más confrontativos». Sin embargo, en el Congreso, ella está exhortando a los investigadores federales a detener a los manifestantes de derecha.
La hipocresía de Waters muestra cuán peligrosa sería una ley de terrorismo doméstico.
Betsy McCaughey, Ph.D., es una analista política, experta constitucional, columnista sindicada y autora de varios libros, incluidos «The Obama Health Law: What It Says and How to Overturn» («La ley de salud de Obama: lo que dice y cómo revertirla») y “The Next Pandemic» («La próxima pandemia»). También es una exvicegobernadora de Nueva York.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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