Con el tema «Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial» se llevo a cabo el tercer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial en la Cámara de Diputados de Toluca, Estado de México, el 2 de julio.
En su participación, el senador Ricardo Monreal afirmó que a los trabajadores del Poder Judicial se les respetarán sus derechos laborales en su totalidad, lo cual incluye el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral.
Reveló que el costo de organizar la elección de los 1600 ministros, jueces y magistrados tendría un valor aproximado de 3500 millones de pesos.
Explicó que se pagaría con parte de los 23,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial que serán entregados a la tesorería. Destacó también que los ministros de la Suprema Corte «no serán beneficiados con el haber de retiro», refiriéndose a su pago una vez retirados, que es del 100% durante los 2 primeros años y del 80% para el resto, hasta su fallecimiento.
«En el caso de las entidades federativas y sus legislaturas locales una vez aprobada la reforma tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales», informó Monreal.
En su turno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, pidió que la reforma se centre en fortalecer la autonomía presupuestal del Poder Judicial en lugar de recortes a la institución.
“Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente. Eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadores, y mejores condiciones para su trabajo, y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia”.
Por su parte, la diputada del PRI, Melissa Vargas, sugirió que si la solución a la corrupción es el voto popular entonces se debería aplicar el mismo principio en todos los niveles y poderes del estado.
“Si la elección por voto popular asegura la honestidad, pues, entonces, por qué no elegir también a los miembros de los gabinetes federal, estatales o municipales donde también hay actos de corrupción en todo el país. O mejor aún, coincido con la propuesta del subsecretario que planteó que también urge reformar las Fiscalías y al Ministerio Público, ¿por qué no elegirlos también por voto popular? ”, expresó.
Mientras que la diputada de Morena, Juanita Guerra Mena, se pronunció a favor de defender la carrera judicial porque hay juzgadores con «calidad moral, profesionalismo, entrega, valores indiscutibles como lo es la justicia, amor, respeto y humanidad».
«Pero también hay corrupción, hay impunidad y hay nepotismo. Por eso existe hoy la exigencia del pueblo de México en que se extienda, pero sobre todo se dé a conocer esta reforma», señaló.
Guerra también aseguró que hay muchos empleados en el Poder Judicial a los que no se les ha dado la oportunidad de subir de rango porque consideró que existen favoritismos.
En contraposición, el senador Damian Zepeda del PAN abogó a favor de la independencia judicial de los jueces, magistrados y ministros. Y alertó sobre el riesgo de influencias políticas en las designaciones judiciales.
“Ser juez, ser magistrado o ser ministro no es un concurso de popularidad. (…) Permitir que una persona por ser popular sea juez, magistrado o ministro deja a un lado el que tenga la capacidad y profesionalismo que se requiere para atender ese cargo», señaló.
Dijo que con esta reforma los ciudadanos se verán obligados a votar por las propuestas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
«Está completamente viciado, los mecanismos en donde el poder político hace propuestas. (…) No son los mejores perfiles, son los amigos, compadres, primos, vecinos, esposas, esposos de quien tiene poder político», declaró.
Siga a Eduardo Tzompa en X: @JEduardoTzompa
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