El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó este martes cuatro proyectos de ley en apoyo a la policía, aumentando las sanciones penales por actividades que interfieren con la aplicación de la ley e imponiendo sanciones a las ciudades que quiten los fondos a la policía.
“Los esfuerzos para retirar fondos a la policía son francamente peligrosos y estas leyes evitarán que las ciudades tomen esta decisión imprudente”, dijo Abbott en un comunicado. «Aplaudo a la Legislatura de Texas por acompañarme en la aprobación de estos puntos prioritarios y por asegurarse de que Texas siga siendo un estado de orden público».
Entre los proyectos de ley que firmó Abbott, el Proyecto 1900 de la Cámara de Representantes establece que para cualquier ciudad con una población de más de 250,000 habitantes que retire los fondos a la policía, el estado puede retener el impuesto sobre las ventas recaudado por la ciudad y entregárselo al departamento de seguridad pública. Las ciudades que desfinancian a la policía perderán sus poderes de anexión durante 10 años, y cualquier área adjunta en los últimos 30 años puede votar para desadjuntarse de la ciudad desfinanciada.
El Proyecto de Ley 23 del Senado requiere que un condado con una población de más de un millón no reduzca ni reubique el presupuesto de las agencias policiales a menos que el condado reciba la aprobación de los votantes.
Según la Oficina del Censo de EE. UU., seis condados en Texas tienen más de un millón de habitantes: el condado de Bexar, el condado de Collin, el condado de Dallas, el condado de Harris, el condado de Tarrant, y el condado de Travis.
Hace una semana, Abbott prometió que firmaría el proyecto de ley luego de que no estuviera disponible ninguna unidad policial de Austin para responder a una víctima de un tiroteo que resultó gravemente herida durante 12 minutos.
“Así es como se ve quitar fondos a la policía”, escribió Abbott en Twitter en ese momento. «Austin es incapaz de responder a tiempo a una víctima que recibió un disparo en la cabeza».
El verano pasado, el Ayuntamiento de Austin votó para reasignar hasta USD 150 millones de su departamento de policía. El eslogan de “desfinancien a la policía” se convirtió en un grito común durante las protestas de Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió bajo custodia policial en Minneapolis en mayo pasado.
Los defensores de «desfinancien a la policía» argumentan que los gobiernos deberían gastar menos en la aplicación de la ley y más en servicios sociales en un intento por abordar el racismo percibido.
Los otros dos proyectos de ley aumentan las sanciones penales por actividades que interfieran o perjudiquen a los agentes del orden.
El Proyecto de Ley 9 de la Cámara de Representantes aumenta las sanciones penales a un delito grave con prisión estatal para cualquier persona que intencionalmente bloquee un vehículo de emergencia u obstruya el acceso a un hospital o centro de atención médica.
El proyecto de ley se presentó en respuesta a un incidente en California en septiembre pasado, durante el cual los manifestantes fueron arrestados por bloquear un vehículo de la policía con dos oficiales heridos para que no entraran a un hospital.
El Proyecto de Ley 2366 de la Cámara de Representantes aumenta las sanciones penales a un delito grave por herir a los agentes de policía con punteros láser y crea un delito por utilizar fuegos artificiales para obstruir a la policía.
El Proyecto de Ley 23 del Senado entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Los otros tres proyectos de ley entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2021.
El mes pasado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, también firmó un proyecto de ley que prohíbe grandes recortes presupuestarios para la policía local.
Con información de Jack Phillips.
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