El fiscal general de Texas demandó el jueves a la Administración del presidente Joe Biden por incumplir supuestamente sus propias normas sobre la COVID-19 mientras gestionaba la oleada de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde México.
Los funcionarios de la administración «han abandonado las protecciones preexistentes para evitar la introducción en Texas y Estados Unidos de extranjeros infectados con el virus SARS-CoV-2 durante una pandemia», afirma la demanda de 34 páginas.
El incumplimiento de las normas de la COVID-19 viola la ley federal, incluida la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944, acusó el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
«Al provocar una afluencia de extranjeros que están o podrían estar infectados con COVID en Estados Unidos, las acciones ilegales de los demandados ponen en peligro la salud pública de Texas y de Estados Unidos, y debilitan la capacidad de las economías de Texas y de Estados Unidos para recuperarse, mediante la reapertura, de los efectos de la pandemia», escribió en la demanda.
El término «extranjeros» se refiere a los inmigrantes.
La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que también se conoce como SARS-CoV-2.
Texas es el estado estadounidense más grande que hace frontera con México.
Durante el mandato del expresidente Donald Trump, las autoridades estadounidenses emitieron el año pasado una norma que utilizaba el Título 42 para evitar que los inmigrantes entraran en Estados Unidos y para expulsar a los que consiguieran entrar y fueran capturados.
El entonces director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, dijo en la orden (pdf) que suspendía la entrada debido al «grave peligro» de que los inmigrantes pudieran introducir el virus que causa la COVID-19 en Estados Unidos.
«Los riesgos para la salud pública de la inacción incluyen la transmisión y propagación de la COVID-19» al personal de la frontera, a los ciudadanos estadounidenses y a otras personas, añadió.
Pero la Administración Biden dio marcha atrás y dejó de usar parcialmente el Título 42, permitiendo que todos los menores no acompañados permanecieran en el país. También disminuyó significativamente el número de unidades familiares expulsadas en virtud de la orden.
Paxton alegó que el gobierno estadounidense abandonó sus propias normas «sin ninguna justificación o explicación significativa», lo que dio lugar a la liberación de decenas de miles de inmigrantes en Estados Unidos.
Las autoridades de Texas piden a un tribunal federal que impida a la Administración Biden eximir a los menores no acompañados de las facultades del Título 42 (exención que comenzó en febrero) y que declare que la administración debe devolver a todos los inmigrantes ilegales, con limitadas excepciones, a México en virtud del Título 41, o detener y poner en cuarentena a todos los extranjeros que pudieran ser portadores del virus del PCCh durante al menos 14 días antes de liberarlos en Estados Unidos.
La Administración Biden no respondió a una solicitud de comentarios.
El número de inmigrantes ilegales que entran en Estados Unidos se disparó de menos de 76,000 en enero a más de 168,000 en marzo. Los críticos dicen que la culpa la tiene la laxitud de la Administración Biden a la hora de hacer cumplir la ley.
Unos 102,000 inmigrantes fueron expulsados bajo el Título 42 en marzo, y más de 62,000 en enero.
Se han producido brotes de COVID-19 en varias instalaciones de retención de inmigrantes cerca de la frontera,
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en marzo que a la mayoría de los inmigrantes les hacen tests, pero no a todos. «Hay una propuesta para hacer tests a todos estos individuos a medida que llegan», dijo a los periodistas en la Casa Blanca el mes pasado.
A los inmigrantes que entran en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o en los edificios gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se les hace el test de COVID-19.
Texas rechazó una propuesta que cubriría todos los gastos de los tests y la cuarentena de los inmigrantes, según Psaki.
«Así que creo que la pregunta es: ¿Por qué impide que las comunidades locales obtengan la financiación y el apoyo que necesitan para poder realizar los tests, el aislamiento y la cuarentena?», preguntó.
Algunos individuos han sido liberados en el país después de dar positivo en los tests y se les ha recomendado permanecer en cuarentena, ha dicho la administración.
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