El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el jueves para evitar que la administración Biden ignore una ley federal de inmigración que impide que los inmigrantes ilegales residan en Estados Unidos si es probable que dependan de programas financiados por los contribuyentes.
“He demandado al [presidente Joe] Biden más de una docena de veces para asegurar nuestra frontera sur”, dijo Paxton en Twitter. “Ahora, justo cuando comienza 2023, presentaré otra demanda, la primera de su tipo en la nación sobre la desastrosa nueva regla de carga pública de Biden. Seguiré demandando [y] ganando hasta que él [y] sus demócratas sin ley sigan la ley”.
Paxton acusó a la administración Biden de promover una política de fronteras abiertas al promulgar la nueva regla, que “anula efectivamente la ley federal que excluye a los extranjeros que probablemente se conviertan en una carga pública”, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas (pdf).
Esa regla ha estado vigente desde 1882 y fue reafirmada por el Congreso en 1996 bajo la Ley de Reforma de Bienestar bipartidista. Al no hacer cumplir la ley, la administración Biden ha abierto la puerta a los inmigrantes ilegales que dependerán de la asistencia social, alega la demanda.
La demanda de Paxton argumenta que la regla de diciembre de 2022 se promulgó en violación de la ley federal y es arbitraria y caprichosa.
“La Administración Biden se compromete a abrir las fronteras a los extranjeros que carecen de la capacidad de cuidarse a sí mismos. Los tejanos no deberían tener que pagar por estos costosos inmigrantes, ni ningún otro estadounidense”, dijo Paxton en un comunicado. “Seguiré defendiendo el estado de derecho y lucharé para garantizar que los costos masivos de la inmigración ilegal no sean una carga adicional para los contribuyentes”.
Carga pública
La oficina de Paxton dijo que la nueva regla prohíbe la consideración de factores requeridos por ley para determinar si es probable que un extranjero se convierta en una «carga pública». El término carga pública apareció por primera vez en el estatuto de la Ley de Inmigración de 1882, donde el Congreso prohibió la admisión de “cualquier persona incapaz de cuidar de sí misma sin convertirse en una carga pública”.
La autosuficiencia se ha considerado un principio básico de la ley de inmigración de EE.UU. desde los primeros estatutos de inmigración del país. Es política de inmigración de EE.UU. que los extranjeros dentro de las fronteras del país no deben depender de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades, sino de sus capacidades individuales y los recursos de sus familias, patrocinadores y organizaciones privadas. Además, la disponibilidad de beneficios públicos no debería ser un incentivo para la inmigración a Estados Unidos.
Como garantía de que no se convertirán en una carga para los contribuyentes, los extranjeros suelen ofrecer a las autoridades estadounidenses documentación de que su familia los mantendrá económicamente. Sin embargo, la regla de Biden impide una investigación exhaustiva de la veracidad de este material, según la oficina de Paxton.
Paxton también lidera una coalición de 14 estados. Dicha coalición presentó un informe de etapa de certificación en la Corte Suprema de EE.UU. en septiembre de 2022 después de que la administración Biden intentara abolir de manera encubierta la regla de carga pública. Esa petición se presentó después de que la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Chicago, falló en contra de una coalición liderada por Texas.
«Con Estados Unidos en medio de una recesión y las familias de todo el país enfrentándose a una inflación récord, es completamente reprobable esperar que los contribuyentes paguen una factura de cientos de millones de dólares para patrocinar a más y más extranjeros ilegales», dijo Paxton en ese momento.
Cambio de regla
Paxton argumenta en su demanda que el cambio de reglas de la administración Biden tiene como objetivo garantizar que “prácticamente ningún extranjero sea considerado una carga pública”.
Si bien la reforma de 1996 fue diseñada “para aumentar la fuerza de la determinación de carga pública”, el cambio de regla de 2022 “reduce ilegalmente el significado de ‘carga pública’ al olvido, sin tener en cuenta el significado histórico del término y violando el estatuto”, según la demanda judicial.
La demanda de Paxton argumenta que el cambio de regla de 2022 ignora los mandatos del Congreso al considerar solo los beneficios gubernamentales en efectivo, pero no en especie, al evaluar si es probable que un individuo se convierta en una carga pública.
“Además, la regla de 2022 anula el requisito legal ‘haciendo que la mayoría de los solicitantes patrocinados por una familia sean automáticamente inadmisibles por motivos de carga pública a menos que obtengan una declaración jurada de respaldo ejecutable de un patrocinador’ al prohibir una evaluación significativa de si la declaración jurada es verdadera y correcta”, dice la demanda.
La demanda argumenta que la administración Biden ha ignorado una regla final de 2019 que se promulgó para regir la inadmisibilidad de las cargas públicas, que nunca se derogó a través del proceso de notificación y comentarios, y que el gobierno federal se niega a hacer cumplir.
Además, la regla “exacerbará innecesariamente” la “crisis fronteriza sin precedentes”, de la que Paxton culpa a las políticas de la administración Biden.
«El momento de la Regla de 2022 no podría ser peor… Cualquier cambio que se considere que facilita aún más la aplicación de las leyes de inmigración o el acceso de los extranjeros a las prestaciones públicas sólo conducirá a una inmigración aún más ilegal», afirma la demanda.
The Epoch Times contactó a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional en busca de comentarios.
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