El Tribunal Supremo de Texas ordenó a última hora suspender temporalmente la ejecución de un hombre en el espectro del autismo que fue condenado a la pena capital por la muerte de su hija de dos años y por el que habían intercedido legisladores, abogados penalistas, médicos, organizaciones no gubernamentales y particulares.
Robert Roberson se salvó de la ejecución programada para el jueves a medianoche, pero todavía no es seguro que no vaya a ser ejecutado en otra fecha, pues la batalla judicial no ha concluido.
La orden de suspensión del máximo tribunal del estado de Texas llegó poco más de 60 minutos antes de la hora fijada para la ejecución de Roberson, un hombre de 57 años que lleva más de 20 en el corredor de la muerte, y obedeció a una iniciativa de un grupo de legisladores, tanto republicanos como demócratas, del Congreso texano.
Ese grupo, miembros del Comité de Jurisprudencia Penal del Congreso texano, pidió a la justicia que suspendiera temporalmente la orden de ejecución para poder llamar a declarar a Roberson, con vistas a una reconsideración de la sentencia.
La audiencia tendrá lugar el próximo lunes, según la ong Centro de Información de la Pena de Muerte.
El canal CNN relató hoy que, antes de esta iniciativa y «en cuestión de días, se rechazaron múltiples apelaciones en los tribunales estatales, la junta de indultos de Texas rechazó su solicitud de clemencia y la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a intervenir».
La abogada de Roberson, Gretchen Sween, agradeció al grupo de «valientes legisladores bipartidistas de Texas» por haber decidido «profundizar en los hechos del caso de Robert que ningún tribunal había considerado todavía».
La condena se basó en un diagnóstico médico, que los abogados del condenado a muerte consideran erróneo a la luz de nuevos descubrimientos de la ciencia, según el cual la hija de Roberson, Nikki Curtis, murió a causa del «síndrome del bebé sacudido».
El escritor superventas estadounidense John Grisham, que es uno de los que piden la conmutación de la condena a muerte de Roberson, aseguró recientemente: «lo sorprendente del caso de Robert es que no hubo ningún delito. En la mayoría de los casos de condena a muerte, hay un asesinato y alguien lo cometió, pero en el caso de Robert no hubo ningún delito y, sin embargo, estamos a punto de matar a alguien por ello en Texas. Es muy indignante».
Grisham se sumó a una petición de clemencia, apoyada por más de un centenar de legisladores, abogados penalistas, médicos y organizaciones dedicadas a ayudar a personas en el espectro del autismo, los cuales sostienen que la condena de Roberson se basó en tres errores graves.
La primera es que cuando su hija Nikki, de 2 años, fue trasladada de urgencia en estado de coma al hospital en febrero de 2002, el personal médico concluyó que la habían sacudido violentamente sin consultar su historial médico.
Los defensores de Roberson alegan que a raíz de ese error inicial, los agentes de policía y los médicos no investigaron más a fondo y, como resultado, pasaron por alto síntomas críticos, incluido el hecho de que la niña estaba enferma con fiebre de más de 40 grados poco antes de quedar inconsciente, tenía neumonía no diagnosticada y le habían administrado medicamentos que desde entonces se han considerado potencialmente mortales para los niños.
El tercer error, sostiene la petición, es que los detectives y el personal médico que entraron en contacto con Roberson no sabían que es autista (se lo diagnosticaron en 2018) e interpretaron su actitud inexpresiva como la postura de un asesino cruel.
En lo que va de año se ha ejecutado en el estado de Texas a cinco condenados a muerte, la misma cantidad que en Alabama, mientras que Oklahoma y Misouri han ejecutado a tres cada uno y Utah y Florida a uno cada uno, según la página web deathpenalty.org.
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