Texas podría seguir el camino de Georgia si las leyes de integridad electoral del estado no se defienden enérgicamente.
Eso es lo que dice el fiscal general Ken Paxton, quien dio su opinión sobre la lucha de Texas para evitar que los condados controlados por los demócratas eludieran la ley electoral estatal durante la pandemia y la defensa actual de las leyes de integridad electoral.
Paxton, candidato a la reelección de su cargo, habló en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Dallas la semana pasada.
Sobre las demandas electorales en su estado durante el 2020 dijo: “Quedó muy claro que se trataba de un esfuerzo orquestado en algún lugar fuera del estado por alguien que tenía mucho dinero, pero no sabíamos quién”, dijo.
“Fue diseñado para garantizar que las boletas por correo se enviaran a la mayor cantidad de personas posible en violación de la ley de Texas”, continuó.
Los funcionarios electorales de condados muy poblados, como Bexar, Travis y Harris, intentaron enviar por correo las papeletas, que habrían llegado a 5 millones de personas o más, dijo Paxton.
Las leyes de votación en ausencia de Texas limitan a aquellos que están calificados para presentar una solicitud.
En 2020, antes de que la legislatura endureciera los requisitos de identificación, un ciudadano tenía que registrarse y proporcionar una firma, que se cotejó con una firma en la boleta devuelta por correo.
Entonces, si se hubieran enviado millones de boletas en 2020, hubiera sido imposible que Texas verificara las firmas porque la mayoría de esas personas no habrían tenido una firma en el archivo, dijo Paxton.
Para ponerlo en perspectiva, el expresidente Donald Trump ganó Texas con el 52 por ciento de los votos frente al 46.5 por ciento del presidente Joe Biden en 2020. Un poco más de 630,000 votos separaron a los dos candidatos.
Paxton dijo que, si Texas no hubiera peleado las demandas y ganado, los votos electorales del estado podrían haber terminado en la columna de Biden.
Señaló a Georgia como un ejemplo de lo que puede suceder cuando los administradores modifican las leyes electorales estatales.
El secretario de Estado de Georgia permitió cambios electorales, como casillas sin personal en 2020 a través de un decreto de consentimiento con el Partido Demócrata de Georgia. Trump perdió en Georgia por unos 12,000 votos en 2020.
En 2016, antes de los buzones y otros cambios, Trump ganó el 51 por ciento de los votos frente al 45.6 por ciento de Hillary Clinton en Georgia. Esos porcentajes son sorprendentemente similares a los porcentajes de Texas en 2020.
Paxton recordó que todos los estados clave dejaron de hacer, por primera vez, conteos la noche de las elecciones. Los estados donde Trump ganó por cientos de miles de votos esa noche, cambiaron a favor de Biden después de días de conteo.
“Se supone que no debemos darnos cuenta de que eso es inusual”, dijo. “Se supone que debemos aceptar que eso es perfectamente normal. En ese momento supe lo que estaba pasando”.
Sin embargo, los demócratas han dicho que cualquier noción de fraude electoral generalizado durante las elecciones de 2020 es una gran mentira de Trump.
Han atacado a los republicanos por endurecer las leyes electorales, diciendo que apuntan a las minorías.
Incluso con las victorias de 2020, Paxton dijo que Texas sigue en riesgo debido a un fallo de la Corte de Apelaciones Penal de Texas, que es la corte penal más alta del estado.
El tribunal republicano dictaminó en Texas vs Zena Collins Stephens que el fiscal general no puede enjuiciar unilateralmente el fraude electoral.
La Oficina del fiscal general procesó a la alguacil Zena Collins Stephens por una acusación de manipulación de registros y financiamiento de campaña después de que los Rangers de Texas hicieran una investigación al respecto. El caso finalmente fue apelado ante la Corte de Apelaciones Penales de Texas.
Mientras tanto, George Soros, el multimillonario nacido en Hungría que financia causas progresistas, ayudó a que los fiscales de distrito fueran elegidos en condados como Bexar y Travis, dijo Paxton.
“Entonces, de repente, de la nada, nuestra Corte de Apelaciones Penal de Texas anuló estos estatutos”, dijo Paxton. “Esto fue dos días después de la fecha límite de presentación para que cualquiera se presentara contra ellos”.
Eso significa que dependerá de los fiscales respaldados por Soros perseguir el fraude electoral a menos que la Legislatura de Texas apruebe una ley en 2023 que le permita al fiscal general del estado perseguir esos casos.
El tribunal dictaminó en una votación 8 a 1, en diciembre de 2021, que la autoridad del fiscal general de Texas para enjuiciar unilateralmente los delitos de la ley electoral violó la cláusula de separación de poderes de la Constitución de Texas.
El juez Jesse McClure emitió la opinión de la corte, con la participación de los jueces Sharon Keller, Barbara Hervey, Bert Richardson, David Newell, Mary Lou Keel, Scott Walker y Michelle Slaughter. Solo el juez Kevin Yeary disintió.
El senador Paul Bettencourt (R-Houston) lideró un grupo de 14 senadores estatales republicanos que presentaron un escrito a la corte, en enero, instando a la Corte Penal de Apelaciones a reconsiderar su opinión.
Bettencourt le dijo a The Epoch Times que el tribunal aún no ha respondido a la solicitud de los senadores, pero presentarán “absolutamente” una nueva legislación si es necesario para proteger la integridad de las elecciones.
“Quita el bate de la fiscalía de todo”, dijo Bettencourt sobre la opinión de la corte.
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