Opinión
El adjetivo «orwelliano» puede utilizarse en exceso en nuestro discurso político. Pero, ¿de qué otra forma se puede describir una situación en la que el gobierno federal abdica de su responsabilidad de asegurar la frontera abierta de la nación y, cuando un estado da un paso adelante para ayudar a detener la hemorragia, el mismo gobierno federal le dice que se detenga y, por si fuera poco, que sus esfuerzos por ayudar a asegurar la frontera mediante una nueva barrera de alambre de púas serán anulados?
Realmente sólo hay una palabra adecuada: «orwelliano».
El lunes, la Corte Suprema votó 5-4 —el moderado presidente de la Corte Suprema John Roberts y la jueza de centro-derecha Amy Coney Barrett se unieron a sus colegas liberales— a favor de la Administración Biden, que había solicitado que la Corte permitiera a sus agentes de la Patrulla Fronteriza cortar o quitar la valla protectora de alambre de púas instalada por funcionarios de Texas a lo largo del asediado Río Grande. El fallo del tribunal es sencillamente asombroso.
En el orden constitucional federalista de Estados Unidos, tanto el gobierno federal como los estados actúan como actores plenamente soberanos que operan dentro de sus esferas delimitadas de legítima autoridad de gobierno. El gobierno federal —que a su vez fue creado inicialmente a finales de la década de 1780 por los estados entonces existentes— no está en posición de exigir a los estados que socaven deliberadamente su propia soberanía. Esto es especialmente cierto cuando el propio gobierno federal se niega obstinadamente a garantizar la integridad territorial de la nación, como ha sido el caso durante toda la desastrosa presidencia de Joe Biden.
Que tanto el gobierno federal como los estados pueden ejercer el poder como entidades plenamente soberanas dentro de nuestro orden constitucional es derecho constitucional básico.
Como escribió el difunto juez Antonin Scalia en el caso Arizona contra Estados Unidos en 2012 ante la Corte Suprema, «como soberano, Arizona tiene el poder inherente de excluir a personas de su territorio, sujeto únicamente a las limitaciones expresadas en la Constitución o impuestas constitucionalmente por el Congreso». (En el caso actual de Texas, no hay ninguna limitación constitucional relevante ni imposición del Congreso). Más adelante, en su escrito separado sobre Arizona, Scalia continuó «(D)espués de la adopción de la Constitución había alguna duda sobre el poder del gobierno federal para controlar la inmigración, pero ninguna duda sobre el poder de los estados para hacerlo». (Énfasis añadido.)
Hacia el final, Scalia se acercó a su desenlace: «Pero se ha producido, y está con nosotros hoy, el espectro que Arizona y los estados que la apoyan predijeron: Un gobierno federal que no quiere hacer cumplir las leyes de inmigración tal y como están escritas, y deja las fronteras de los estados desprotegidas frente a los inmigrantes a los que esas leyes excluirían. Así que la cuestión es cruda. ¿Están los estados soberanos a merced de la negativa del ejecutivo federal a hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación?».
Parece, tristemente, que la respuesta es «sí». Sustituye «Arizona» por «Texas», y nada más ha cambiado hoy.
La reacción del gobernador de Texas, Greg Abbott, fue rápida y desafiante. El miércoles, Abbott hizo pública una declaración en la que, citando el caso Scalia en Arizona, lamentaba cómo el gobierno federal «ha roto el pacto» que existe entre él y los distintos estados. Declaró formalmente una «inva(sión)» en virtud del Artículo I, Sección 10, Cláusula 3 de la Constitución. Una disposición constitucional tan expresa, que refleja el derecho inalienable de los estados soberanos a la autodefensa, es necesariamente suprema a cualquier orden individual de la Corte Suprema. Por lo tanto, Texas está construyendo una nueva alambrada.
Texas hace bien en mantenerse firme. En primer lugar, la orden de la Corte Suprema permitía más estrictamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza retirar el alambre; no decía nada en absoluto sobre la capacidad de los funcionarios de Texas para construir una nueva alambrada. En segundo lugar, aunque hubiera un enfrentamiento directo entre Texas y la Corte, el hecho de que Texas se base en una disposición constitucional expresa para declarar una «inva(sión)» —y afirmar así su derecho inequívoco a asegurar sus fronteras— tiene prioridad sobre un edicto de la Corte Suprema. Por último, a menos que uno acepte erróneamente la premisa ilógica (y francamente antiestadounidense) de la supremacía judicial, según la cual las sentencias de la Corte Suprema representan la «ley del país» definitiva y omnímoda, uno debería apoyar la capacidad del estado de Texas para interpretar la Constitución de forma independiente por sí mismo.
Actuar como lo ha hecho Texas no es invocar el debate antes de la Guerra Civil sobre la «anulación» y resucitar el fantasma de John C. Calhoun. La acción de Texas en este caso está más cerca de la «interposición», un concepto constitucional legítimo explicado por James Madison en El Federalista nº 46: «Si se admitiera, sin embargo, que el gobierno federal puede sentir la misma disposición que los gobiernos estatales para extender su poder más allá de los límites debidos, este último seguiría teniendo la ventaja en los medios para derrotar tales invasiones».
La invasión masiva que se está produciendo en la frontera sur de Estados Unidos es ilegal, inmoral e insostenible. Su alcance no tiene precedentes en nuestra historia y supone una amenaza mortal para la nación. Dios bendiga a Greg Abbott y al gran estado de Texas, que aprecian legítimamente su soberanía y se niegan con toda razón a doblegarse ante la administración presidencial más anárquica de la historia de Estados Unidos.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
