Las autoridades de Texas no permitirán la entrada de funcionarios federales a un parque que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el 26 de enero el fiscal general del estado.
Los oficiales del Departamento Militar de Texas tomaron medidas de seguridad en el Parque Shelby en Eagle Pass el 11 de enero para ayudar a frenar el aumento de la inmigración ilegal. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) instó entonces a los agentes a detener sus actividades, que incluían la colocación de alambre de púas para disuadir a los inmigrantes ilegales.
Después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, rechazara la petición, el DHS exigió en una siguiente misiva que Texas retirara las alambradas y permitiera el acceso de los agentes al parque.
El Sr. Paxton, un republicano, dijo el viernes que las exigencias, que interpretó como un llamamiento a la «rendición» del parque, se basaban en un razonamiento erróneo y que Texas mantendrá el control del parque en la frontera.
Los funcionarios federales alegaron que el gobierno federal tiene derechos de propiedad, afirmando que los agentes fronterizos deberían poder tomar el control del parque, pero eso no es cierto, dijo el fiscal general.
Un memorando de entendimiento entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que forma parte del DHS, y la ciudad de Eagle Pass, de 2015, no es suficiente porque el estado no aprobó el acuerdo como lo requiere la Constitución de Texas, dijo el Sr. Paxton. Una servidumbre de 2018, que tampoco fue aprobada por el estado, solo permite el acceso para el mantenimiento de carreteras y jardinería, agregó.
Por su parte, los funcionarios estadounidenses también alegaron que el gobierno federal adquirió títulos de algunas parcelas en la zona del parque. Un mapa que ellos proporcionaron muestra que la mayoría de las extensiones están fuera del parque y los registros actuales del condado socavan las reclamaciones sobre el resto, según el fiscal general.
El fiscal está exigiendo a los funcionarios federales que presenten mapas de las parcelas y escrituras oficiales que respalden sus reclamaciones de propiedad, así como una explicación clara y detallada de la forma en que los funcionarios de Texas impiden el acceso de los funcionarios federales a esas tierras. También quiere que el gobierno proporcione una aprobación por escrito de la ciudad y/o el estado que permita a los agentes federales tomar medidas para abrir la frontera dentro del parque.
«Sin aclarar los límites de los supuestos ‘derechos de propiedad’ del gobierno federal y sobre cómo se ha impedido de algún modo su acceso legal a dicha propiedad, el Estado no puede evaluar de forma significativa su demanda. Pero en la medida en que su agencia exige acceso para transformar de nuevo Shelby Park en ‘un puerto de entrada no oficial e ilegal’, su petición queda denegada», añadió el fiscal.
Shelby Park, un área de 47 acres, está situado a unas 140 millas al suroeste de San Antonio. Anteriormente, fue utilizado por agentes federales como área de detención de inmigrantes ilegales que cruzaban la frontera.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios.
En un fallo de 2023, después de que Texas demandó al DHS por los agentes que estaban cortando los alambre de púas cerca de la frontera, un juez federal dijo que los demandados del gobierno “aparentemente buscan establecer un puerto de entrada no oficial e ilegal que se extienda desde dondequiera que abran un agujero a través de la cerca del demandante hasta el Centro de procesamiento improvisado que establecieron en terrenos privados a una milla o más de distancia”.
Luego, una corte de apelaciones impidió que los agentes cortaran o movieran los alambres, pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el 22 de enero esa orden. El fallo permitió a los agentes retirar los alambres, y la administración del presidente Joe Biden instó luego a Texas a permitir que los agentes ingresaran a Shelby Park.
Texas “continúa restringiendo el acceso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al parque”, escribió el abogado del DHS, Jonathan Meyer, citado por medios de comunicación. El Sr. Meyer dijo que el DHS debe “tener la capacidad de acceder a la frontera en el área de Shelby Park, que actualmente está obstruida por Texas” y que los funcionarios estatales deberían “eliminar inmediatamente” las obstrucciones en propiedades que pertenecen al gobierno federal.
“Hoy negué las solicitudes infundadas de la administración Biden y emití las contrademandas”, dijo el Sr. Paxton el viernes.
También aconsejó a los funcionarios federales que reorientaran sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes de inmigración.
El presidente Joe Biden reconoció el viernes que la frontera es un problema, pero prometió “cerrarla” si los republicanos aceptaban un paquete de gastos. El reconocimiento se produjo cuando los datos del gobierno mostraron que las detenciones en la frontera en diciembre de 2023 superaron las 300,000, estableciendo un nuevo récord. Los récords de inmigración ilegal se han batido repetidamente bajo el gobierno del presidente Biden, desde que asumió el cargo a principios de 2021.
El sindicato, que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza (BP), dijo el viernes que los miembros de la Guardia Nacional de Texas y los agentes federales “trabajan juntos y respetan el trabajo de los demás”.
Si los agentes de Texas “tienen órdenes LEGALES, entonces tienen que cumplirlas”, dijo el sindicato.
Los miembros de la guardia “se dan cuenta de que los agentes rasos de BP también tienen sus órdenes. Se deben seguir las órdenes legales, sin importar cuán impopulares o distantes sean entre los agentes. Las órdenes ilegales (…) no se seguirán”, añadió el sindicato. “Los agentes de base del BP aprecian y respetan lo que [Texas] ha estado haciendo para defender su estado en medio de esta catástrofe que el gobierno de Biden ha desatado en Estados Unidos».
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