Texas comunicó a la Corte Suprema el 10 de agosto que quiere seguir adelante con una solicitud de emergencia pendiente para detener el plan de alivio de los préstamos estudiantiles propuesto por el Departamento de Educación de EE. UU., incluso después de que una corte federal de apelaciones bloqueara partes clave del mismo.
Alaska, Carolina del Sur y Texas presentaron el 5 de julio ante la Corte Suprema una solicitud en el complejo y muy litigado caso, pidiendo a la corte que paralizara el plan SAVE del departamento. El plan cancelaría parte de la deuda de los préstamos estudiantiles y tiene un precio estimado de 475,000 millones de dólares. El caso se conoce como Alaska contra el Departamento de Educación.
El plan SAVE, propuesto por primera vez por el secretario de Educación, Miguel Cardona, en agosto de 2022, reduciría los pagos mensuales de millones de prestatarios elegibles y aceleraría la condonación de préstamos para algunos prestatarios. SAVE es un acrónimo en inglés que significa Ahorro en una Educación Valiosa.
Se ha informado de que 8 millones de prestatarios se han apuntado al programa.
El plan SAVE aún no había finalizado en junio de 2023, cuando la Corte Suprema anuló el anterior plan de condonación de préstamos estudiantiles de 400,000 millones de dólares del presidente Joe Biden en el caso Biden contra Nebraska.
El 9 de agosto, la Corte de Apelación del Octavo Circuito de EE. UU. suspendió temporalmente partes del plan SAVE mientras continúa el litigio sobre el mismo. La corte de circuito consideró que los estados que lo impugnan —Misuri, Arkansas, Florida, Georgia, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma— probablemente podrían demostrar que el plan viola la doctrina de las cuestiones importantes.
La doctrina de las cuestiones principales sostiene que las cortes deben presumir que el Congreso no delega cuestiones políticas importantes en los organismos gubernamentales.
La medida cautelar de la corte de circuito impide que el gobierno federal condone el capital o los intereses de los préstamos estudiantiles pendientes, detiene una disposición que impide que se devenguen intereses sobre los préstamos y bloquea una disposición que permite a los prestatarios hacer pagos mensuales muy bajos o nulos en función de los ingresos.
Horas después de la sentencia, Cardona posteó en X: «Estoy totalmente en desacuerdo con la decisión del Octavo Circuito que bloquea el plan SAVE de nuestra Administración».
«Pero aquí está la información que realmente buscas: Los prestatarios actualmente inscritos en SAVE pasarán a una indulgencia de morosidad sin intereses. [El Departamento de Educación] proporcionará información actualizada en los próximos días».
Antes de eso, el 24 de junio, a petición de dos coaliciones de estados liderados por republicanos que presentaron demandas separadas, dos jueces federales de distrito bloquearon temporalmente partes del plan SAVE mientras los casos se abren camino en los tribunales. Ambos dictaminaron que el departamento carece de autoridad para promulgar ciertos aspectos del plan en virtud de la Ley Federal de Educación Superior.
El juez de distrito Daniel Crabtree, de Kansas, dictaminó que las partes del plan que ya están en vigor pueden continuar, pero bloqueó las disposiciones que debían entrar en vigor el 1 de julio. Una de esas disposiciones bloqueadas habría limitado los pagos del 10% de los ingresos del prestatario al 5%.
Anteriormente, el 7 de junio, Crabtree dictaminó que Alaska, Carolina del Sur y Texas «apenas» tenían legitimación para impugnar el plan SAVE porque habían demostrado que el plan tendría un efecto adverso en los ingresos estatales.
La legitimación se refiere al derecho de alguien a demandar ante un tribunal. Las partes deben demostrar que tienen una conexión lo suficientemente fuerte con la acción denunciada como para justificar su participación en una demanda.
En la misma orden, Crabtree consideró que Alabama, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Montana, Nebraska y Utah carecían de legitimación y no podían seguir participando en el caso.
La orden del juez de distrito John Ross, de Misuri, bloqueó la condonación de los préstamos estudiantiles.
El 30 de junio, la Corte de Apelación del Décimo Circuito de EE. UU. suspendió temporalmente la orden de Crabtree y permitió que comenzaran los reembolsos en función de los ingresos. La suspensión seguirá en vigor mientras siga pendiente la apelación.
Posteriormente, el 10 de agosto, el procurador general de Texas, Aaron Nielson, dijo en un escrito presentado ante la Corte Suprema que, aunque la orden judicial del Octavo Circuito que paralizaba aspectos del plan SAVE daba al estado mucho de lo que quería, la sentencia del tribunal de circuito dejaba algunas preguntas sin respuesta.
La corte de circuito «prohibió al gobierno federal ‘cualquier condonación adicional de capital o intereses, no cobrar a los prestatarios los intereses acumulados y seguir implementando las disposiciones de umbral de pago de SAVE’ con respecto a ‘cualquier prestatario cuyos préstamos’ estén sujetos al plan».
Aunque la medida cautelar del Octavo Circuito no proporciona a Alaska, Carolina del Sur y Texas «toda la reparación que buscan… hay suficiente coincidencia para negar la necesidad de una reparación de emergencia por parte de esta corte mientras dicha medida cautelar siga en vigor».
Nielson dijo también que el tribunal de circuito no se pronunció sobre cuestiones relacionadas que Texas desearía que se respondieran. Se refirió a la solicitud de los tres estados, en la que se preguntaba si el departamento había infringido la Ley federal de Procedimiento Administrativo al conceder al público un plazo inusualmente breve para hacer comentarios sobre el plan SAVE antes de su finalización.
La solicitud decía que el departamento dio al público «solo un mes… para comentar un plan… que costará a los contribuyentes casi medio billón de dólares».
Mientras tanto, la Corte Suprema debería tratar la solicitud de emergencia en Alaska contra el Departamento de Educación como una petición de certiorari, o revisión, conceder la petición y programar los argumentos orales, dijo Nielson en su nueva presentación.
Al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor de una petición para que ésta pase a la fase de alegatos orales.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia de EE. UU. para pedirle comentarios sobre la petición de Nielson, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
Con información de Tom Ozimek
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