El Departamento Militar de Texas anunció el 16 de diciembre que movilizará a miembros de la Guardia Nacional de Texas en preparación a la expiración del Título 42, en la próxima semana, para combatir la inminente oleada de inmigrantes ilegales en la frontera.
Las fuerzas que se desplegarán incluyen elementos de la 136º Ala de Transporte Aéreo, de la Guardia Nacional Aérea de Texas, y de la 236ª Compañía de Policía Militar.
«Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para utilizar todas las herramientas disponibles para luchar contra el nivel sin precedentes de inmigración ilegal y la actividad criminal transnacional», informó el departamento Militar en una declaración.
El Título 42, creado bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt en 1944, faculta a las autoridades sanitarias federales a prohibir la entrada de inmigrantes en Estados Unidos para evitar la propagación de enfermedades contagiosas.
En marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) invocaron el Título 42 al inicio de la pandemia de COVID. La orden de emergencia expira el 21 de diciembre.
«El fin del Título 42 podría provocar una afluencia masiva de inmigrantes ilegales permitiendo a los delincuentes aprovechar las deficiencias mientras las autoridades federales se ven desbordadas por la tramitación de estos inmigrantes», añadió el departamento Militar.
En preparación para esa posibilidad, el coronel Matt Groves, comandante del Ala 136 de Transporte Aéreo, dijo que los aviones de carga C-130J del Ala 136 de Transporte Aéreo, las tripulaciones aéreas, el (equipo de) apoyo y los aviadores socorristas fueron puestos en estado de alerta, listos para ayudar al gobernador en cualquier forma que pudiera requerirlo.
«El apoyo al Estado es una capacidad clave de la Guardia Nacional, y nuestros aviadores ciudadanos de Texas están entrenados y listos para responder a nuestros ciudadanos, ya sea en las secuelas de un huracán, una pandemia, o cualquier otro escenario de crisis», dijo Groves.
Desafíos legales
En mayo, el gobierno de Biden se vio impedido de poner fin a las expulsiones del Título 42 por una orden judicial a nivel nacional emitida por el juez de distrito, Robert Summerhays, designado por el expresidente Donald Trump. Aún no se ha fijado la presentación de los argumentos del caso.
Sin embargo, el 16 de noviembre, el juez de distrito Emmet Sullivan —nombrado por el expresidente Bill Clinton— dio al gobierno de Estados Unidos cinco semanas para poner fin a la norma después de dictaminar que era «arbitraria y caprichosa», en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.
«No es razonable que los CDC supongan que pueden ignorar las consecuencias de cualquier normativa que decidan tomar para cumplir sus objetivos, especialmente cuando esas normativas incluyen la extraordinaria decisión de suspender los derechos procesales y sustantivos codificados de los no ciudadanos que buscan un puerto seguro», escribió Sullivan al dictar la sentencia.
El juez también consideró que los CDC no habían dado una explicación adecuada de por qué no eran viables medidas de prevención alternativas, como el aumento de las vacunaciones y el tratamiento al aire libre.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que lideró el desafío legal contra las expulsiones del Título 42, elogió la decisión del juez, describiendo la política como «inhumana e impulsada puramente por la política».
El 7 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que planeaba apelar la decisión.
Preparándose para el impacto
Según un informe del DHS de principios de este año, el gobierno de Biden calculaba que los cruces de frontera diarios podrían aumentar hasta 18,000 tras la supresión del Título 42. Los últimos eventos han contribuido muy poco a aliviar esta preocupación.
El lunes, El Paso (Texas) experimentó uno de los mayores cruces jamás vistos, con más de 1500 personas que entraron ilegalmente en la ciudad desde México.
Además, en octubre se detuvo en El Paso a un promedio de casi 13,000 inmigrantes ilegales a la semana.
El martes, ante el temor de que se avecine una oleada aún mayor, el senador John Cornyn (R-Texas) y Joe Manchin (D-W.Va.) y los representantes Tony González y Henry Cuéllar (D-Texas) instaron a Biden a través de una carta (pdf) a extender la norma del Título 42.
«Nosotros tenemos una crisis en nuestra frontera Sur», escribieron los legisladores. «Nunca antes en la historia de nuestra nación hemos experimentado este alcance y escala de cruces fronterizos ilegales, y seguimos preocupados de que su administración no haya proporcionado suficiente apoyo o recursos a los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que tienen la tarea de mantener la seguridad fronteriza.»
Tras señalar que las negociaciones en el Congreso para promulgar la legislación bipartidista sobre el asunto llevarían tiempo, los legisladores apelaron a Biden para que, mientras tanto, haga «todo lo que esté en [su] mano» para prorrogar la orden.
«Aunque imperfecta, la terminación de la orden del Título 42 de los CDC en este momento resultará en una pérdida completa del control operativo sobre la frontera sur, un impacto profundamente negativo en las comunidades fronterizas y un sufrimiento significativo y víctimas mortales entre los migrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos», añadieron los legisladores.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para recibir sus comentarios.
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