TikTok y su empresa matriz china, ByteDance, interpuso un recurso legal el 20 de junio, dando inicio a un calendario acelerado para impugnar una ley de desinversión o prohibición promulgada por el presidente Joe Biden el 24 de abril. La ley da a ByteDance un año para vender la aplicación de vídeo de corta duración, o será prohibida en las tiendas de aplicaciones móviles y servicios de alojamiento web.
El escrito recoge en gran medida la petición presentada el 7 de mayo ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en la que se pedía al tribunal que declarara inconstitucional la nueva ley y emitiera una medida cautelar para prohibir su aplicación por motivos de libertad de expresión.
«La ley no tiene precedentes», afirmaron los abogados de los demandantes —TikTok y ByteDance— en el escrito. «Nunca antes el Congreso había señalado y clausurado expresamente un foro de expresión específico. Nunca antes el Congreso había silenciado tanta expresión en un solo acto».
Ellos afirmaron que «una alegación de seguridad nacional no anula la Constitución».
En la presentación legal, los demandantes incluyeron un plan de mitigación de riesgos para la seguridad nacional que ByteDance propuso en agosto de 2022. Ellos afirmaron que la empresa había invertido voluntariamente más de 2000 millones de dólares en el plan, también conocido como «Proyecto Texas», que consiste en traspasar el almacenamiento de datos de los consumidores estadounidenses a la nube alojada por la empresa estadounidense Oracle Corp.
El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), la otra parte con la que ByteDance y TikTok negociaron el acuerdo de seguridad nacional, interrumpió su participación en septiembre de 2022, según el escrito legal. Los abogados de los demandantes dijeron que el CFIUS informó a las empresas en marzo de 2023 de que «‘altos funcionarios del gobierno’ exigían la desinversión, sin explicar por qué el Acuerdo era insuficiente».
La presentación jurídica también contiene un resumen de que el Departamento de Justicia (DOJ) proporcionó a los miembros del Congreso un mes antes de que los legisladores aprobaran el proyecto de ley de desinversión o prohibición con apoyo bipartidista. En el memorando, el DOJ cita la «influencia de la RPC» como una de las principales preocupaciones, además de la privacidad de los datos.
RPC es el acrónimo del nombre oficial de China, República Popular China.
«La selección de contenidos de TikTok se basa en un algoritmo basado en una patente de la RPC, lo que crea la posibilidad de que la RPC influya en los contenidos de TikTok —sin visibilidad en Estados Unidos», dice el memorando del Departamento de Justicia.
En él se menciona un problema adicional de la seguridad de la aplicación.
«El código fuente de TikTok y algunas operaciones tienen su base en la República Popular China, lo que crea la posibilidad de que la República Popular China los explote para otros usos potencialmente malignos», se lee en la nota.
El algoritmo y su código fuente parecen ser el problema principal.
Los abogados de los demandantes afirmaron que la desinversión no era factible debido a la dependencia del desarrollo del código del programa y del apoyo técnico de los empleados de ByteDance. El escrito legal también cita que la RPC «no permitiría una desinversión forzosa del motor de recomendaciones», en referencia al algoritmo que recomienda contenidos a los usuarios de TikTok en su feed «para ti».
«Incluso si la desinversión fuera factible, TikTok en Estados Unidos quedaría reducida a una cáscara de lo que fue, despojada de la tecnología innovadora y expresiva que adapta el contenido a cada usuario», señala el letrado.
El plazo inicial para la venta forzosa de TikTok es el 19 de enero de 2025, antes del próximo día de investidura presidencial. Según la ley, el presidente Biden puede ampliar el plazo en tres meses para permitir que se complete el acuerdo.
El caso tiene un calendario acelerado y los alegatos orales comenzarán el 16 de septiembre. El DOJ y TikTok/ByteDance pidieron al tribunal que se pronuncie antes del 6 de diciembre para permitir una posible revisión por el Tribunal Supremo antes de la fecha límite del 19 de enero.
Las peticiones de los creadores de contenidos, financiadas por TikTok, se han consolidado en el mismo caso. Presentaron un escrito jurídico por separado, afirmando que una prohibición de TikTok sería un «golpe devastador» para sus negocios.
La respuesta del DOJ está prevista para el 26 de julio.
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