La ciudad de Toronto pidió al propietario de un restaurante de barbacoa en el sector de Etobicoke, que pague USD 187,000 por los costes en los que incurrió cuando la policía intentó hacer cumplir las órdenes de cierre por COVID-19 en su negocio el año pasado.
En noviembre de 2020, Adam Skelly, propietario de Adamson Barbecue, hizo caso omiso a las restricciones de COVID-19 de la ciudad, que prohibían a los bares y restaurantes ofrecer servicios de cena. La policía de Toronto llamó al negocio en múltiples ocasiones para intentar hacer cumplir las normas y la doctora Eileen de Villa, responsable de salud de Toronto, acabó ordenando el cierre del establecimiento situado en el bulevar Queen Elizabeth.
En una rueda de prensa celebrada la semana pasada, Skelly dijo que sus abogados están preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reapertura de Ontario, que será el recurso «más amplio y vasto» contra la orden de emergencia jamás visto en Canadá.
«El gobierno se está extralimitando completamente en un esfuerzo por cerrar las pequeñas empresas y destruir nuestra economía, y parece que hay una agenda globalista más amplia en juego», dijo Skelly.
El 26 de noviembre de 2020, un día después del cierre del restaurante, Skelly y sus partidarios trataron de entrar en su establecimiento desde una zona contigua separada por un muro y reabrir el negocio. Entonces fue detenido y acusado de varios delitos penales y no penales, entre ellos allanamiento de morada y obstrucción a la policía.
El portavoz de la ciudad de Toronto, Brad Ross, dijo el lunes a CP24 que la ciudad había enviado una «carta de demanda» a Skelly en diciembre de 2020 pidiéndole que pagara USD 187,000 por los costes en los que incurrió la ciudad al tratar de evitar que reabriera su restaurante.
Ross dijo que si Skelly se niega a cumplir, la ciudad emprenderá acciones legales con el «siguiente paso», que sería la presentación de una declaración formal de demanda.
Skelly recaudó unos USD 335,000 a través de Go Fund Me y hasta ahora gastó 10,000 dólares en el proceso penal, que, según él, debería ser «descartado de inmediato».
«Este es un asunto civil, no penal», dijo Skelly.
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