La Universidad de Virginia despidió por error a una empleada que se negó a recibir una vacuna contra el COVID-19, según un nuevo fallo.
La universidad «actuó de manera arbitraria y caprichosa» cuando despidió a Kaycee McCoy, una citotecnóloga, en 2021, dijo el juez del Tribunal de Distrito de Virginia, Claude Worrell Jr., en un fallo del 27 de julio.
La Sra. McCoy había pedido una exención religiosa al mandato de vacunación contra el COVID-19 de la universidad, con el apoyo de su pastor.
Pero su empleador rechazó la solicitud y despidió a la Sra. McCoy en noviembre de 2021.
La Sra. McCoy rápidamente llevó su caso a los tribunales y dijo que la negativa a otorgar una exención violaba la Constitución de Virginia, que establece en parte que todos los ciudadanos tienen «derecho al libre ejercicio de la religión» y que ningún ciudadano «será forzado, restringido, molestado o gravado en su cuerpo o bienes, ni sufrirá de otra manera a causa de sus opiniones o creencias religiosas».
La universidad defendió la decisión de sacarla, argumentando que las «opiniones personales» y las «preferencias personales» de la demandante no le daban derecho a una exención religiosa. También dijeron que no tenían que otorgarle una exención incluso si su objeción se basaba en creencias sinceras.
El juez Worrell no estuvo de acuerdo y falló a favor de la demandante.
Los tribunales de Virginia confirman las acciones gubernamentales a menos que las acciones sean «arbitrarias y caprichosas» o que se tomen «sin un principio determinante», según decisiones judiciales anteriores.
La universidad aplicó erróneamente una prueba destinada a determinar la sinceridad de la creencia, dijo el juez, que «viola la doctrina de separación de la iglesia y el estado consagrada tanto en la constitución de Virginia como en la federal».
Revocó el despido, ordenó a la universidad no volver a despedir a la Sra. McCoy, siempre que cumpliera con los requisitos de exención, y otorgó a la demandante una indemnización equivalente al salario que habría recibido desde que fue despedida, más intereses.
La universidad no respondió a una solicitud de comentarios.
Los abogados de la Sra. McCoy dijeron que el tribunal «entregó una victoria» a la demandante.
Solicitudes de exención después del anuncio del mandato
La Sra. McCoy comenzó a trabajar para la Universidad de Virginia en 2011. Es citotecnóloga o trabajadora de laboratorio que analiza células.
La universidad impuso el mandato de la vacuna anti-COVID el 25 de agosto de 2021, pero dijo que consideraría las solicitudes de exención médica y religiosa. La universidad citó la orientación del fiscal general de Virginia, Mark Herring, un demócrata que dijo que las universidades podrían exigir la vacunación contra el COVID-19, pero que deberían «estar preparadas para proporcionar adaptaciones razonables para condiciones médicas u objeciones religiosas».
La Sra. McCoy presentó su solicitud de exención el 12 de septiembre de 2021, antes de la fecha límite para tales solicitudes.
La objeción de la Sra. McCoy se basó en parte en cómo se usaron las células fetales para probar o desarrollar todas las vacunas contra el COVID-19.
«La presencia y el uso de líneas celulares humanas inmortalizadas tomadas en contra de la voluntad de la persona abortada, habiendo sido utilizadas en el desarrollo de vacunas, viola mis creencias sinceras y firmes de que la participación en el mandato de vacunación es un compromiso indirecto y una participación en el aborto», dijo la Sra. McCoy a la universidad.
También envió una carta de su pastor confirmando la sinceridad de las creencias de la Sra. McCoy.
“Apoyo totalmente el derecho de Kaycee a esta objeción basada en el ejercicio de sus propias convicciones personales y fieles”, escribió el pastor.
Negación
Varias semanas después, la universidad denegó la solicitud, sin proporcionar ninguna justificación.
La Sra. McCoy preguntó por el motivo de la denegación, pero la universidad dijo que todas las decisiones tomadas por un organismo descrito como el «Comité de Exención Religiosa de Vacunas del Sistema de Salud» eran definitivas y no se permitían apelaciones. Se podría proporcionar información adicional que respalde la solicitud, según el mensaje, de recursos humanos.
El correo electrónico decía que los empleados que no cumplieran el mandato a partir del 1 de noviembre de 2021 estarían sujetos a medidas punitivas, incluido el posible despido.
La Sra. McCoy estuvo de vacaciones durante la primera semana de noviembre de 2021. Cuando fue a trabajar el primer día después de regresar de vacaciones, se reunió con un supervisor que le dijo que estaba suspendida y que la despedirían en cinco días.
Más tarde ese día, llegó a la bandeja de entrada de la Sra. McCoy un correo electrónico que confirmaba que la universidad no cambiaría su decisión de denegación.
Se mantiene el mandato
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, republicano, emitió una orden ejecutiva al asumir el cargo en 2022 que decía que cualquier «requisito de los empleados estatales de recibir la vacuna COVID-19 y revelar su estado de vacunación o participar en pruebas obligatorias es perjudicial para sus libertades individuales y privacidad».
El Sr. Youngkin ordenó detener tales mandatos en las instituciones estatales, incluidas las universidades estatales.
La Universidad de Virginia suspendió su mandato para algunos empleados, pero no para los trabajadores de su sistema de salud.
La universidad citó una regla federal que obligaba a las instituciones de atención médica a exigir la vacunación contra el COVID-19 si reciben fondos de Medicare o Medicaid.
La administración del presidente Joe Biden puso fin a esa regla, y a muchos otros mandatos, en mayo. El Sr. Biden dijo que la disminución en los casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 condujo al cambio.
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