Caterín Sánchez estudia desde su casa, cumpliendo la cuarentena decretada en Colombia, como medida para evitar la propagación del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus; es estudiante universitaria y se gana la vida vendiendo café caliente y agua aromática en las calles de Bogotá.
Este trabajo le ha permitido pagar sus estudios y mantener su hogar, pero ahora sus ingresos son completamente nulos. Aunque intentó ingresar a los programas de ayuda del gobierno, le contó a la Voz de América que no fue seleccionada para ninguno y que ahora depende de la ayuda de su familia.
«Mi gran ventaja es que cuento con el apoyo de mi familia, pero conozco mucha gente que trabaja conmigo, vendedores ambulantes, que no cuentan con ningún tipo de apoyo. Y si yo no recibí el subsidio, mucho menos ellos porque son extranjeros», explica la joven.
Aunque es consciente de que debe cuidarse y cuidar a su familia, dice que tanto ella como su esposo están preocupados porque si el periodo de cuarentena se alarga, su situación puede agravarse, más allá de la pandemia.
A medida que los países de América Latina y el Caribe lidian con el brote del virus del PCCh, deben enfrentar la crisis de un sector que no solo encara la pandemia sino a los graves efectos económicos que ésta genera.
Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, dice que las secuelas de la pandemia serán «espantosas», pero para la región «serán devastadoras».
La experta, consultada por el centro de análisis Diálogo Interamericano, afirma que el impacto en el crecimiento económico regional golpeará más a los trabajadores del sector informal. «De hecho, alrededor del 55 por ciento de la población activa de la región realiza trabajo doméstico, construcción, pequeños comercios minoristas y otros trabajos informales que prácticamente se han detenido en medio del distanciamiento social y medidas de cuarentena».
Santiago Levy, investigador principal no residente de The Brookings Institution dijo a este centro que los trabajadores incluso ignoran los problemas de acceso a los servicios de salud: «Si las tasas de transmisión van a disminuir, deben quedarse en casa durante el cierre. Pero a menos que se les brinde algún medio de apoyo durante el cierre, es poco probable que cumplan, o al menos que todos lo hagan (a menos que se apliquen medidas policiales severas y oportunas)».
«El estado no puede pedirle a alguien que se quede en casa y muera de hambre», agrega.
La abogada Lauren M. Allen y la secretaria Audriana Rodríguez, ambas de la firma internacional de abogados Díaz, Reus y Targ, indicaron que el sector informal»no recibe la misma seguridad laboral, atención médica y beneficios económicos que protegen al sector formal, es el que más ha sufrido».
Sector vulnerable
Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector informal de la región representa el 53 por ciento de la población empleada y un tercio del PIB total.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señala que el 58% de los trabajadores en Colombia son informales.
De acuerdo con un informe sobre la vulnerabilidad del mercado laboral colombiano al COVID-19 elaborado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (LABOUR), «solo el 21% de los hogares dependientes de la informalidad y el 13.4% de los hogares vulnerables se benefician» de los programas gubernamentales.
Es decir, en la coyuntura de la pandemia, «el 79% de los hogares dependientes de la informalidad y/o el 86.6% de los hogares definidos como vulnerables anteriormente, no recibirían ayuda por este sistema y recibirían el choque en su totalidad, lo que constituye un punto de partida para la ampliación de estos programas como medida de mitigación de los impactos del COVID-19».
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En Paraguay, dice Sebastián Acha, director ejecutivo de PRO Desarrollo Paraguay y exmiembro de la Cámara de Diputados de Paraguay, existe una necesidad de generar ingresos, falta de protección de la salud para los trabajadores informales y «señales contradictorias del gobierno cuando se trata de contener el desempleo».
El experto, también consultado por Diálogo Interamericano, dice que no se han entregado subsidios a esta población porque no hay registros de la ubicación e identificación de los beneficiarios.
Migrantes en crisis
A esta situación se le suma un agravante y es el incremento de la crisis de los migrantes que, por falta de trabajo, no tienen techo ni comida.
Algunos han sido desalojados por no pagar las noches en hoteles o residencias; otros se han visto beneficiados por los administradores, quienes les ayudan con el hospedaje, pero piden ayuda para comida o, incluso, para regresar a su país. Otros, a pesar de las restricciones, prefieren salir a la calle a buscar para sus gastos.
Es el caso de una vendedora ambulante venezolana, quien le dijo a la VOA que tiene la esperanza de que la situación mejore, así que prefiere quedarse en Colombia para buscar el sustento diario.
Se dedica a vender tapabocas y guantes en un puente peatonal de Bogotá, y, gracias a la hospitalidad de su arrendatario, solo debe conseguir dinero para pagar los servicios públicos y la alimentación.
La vocera de la OEA indica que más de la mitad de los migrantes venezolanos que se encuentran en la región «aún permanecen en estado irregular y principalmente tienen empleos en el sector informal. Su acceso a la salud, la medicina y los tratamientos, así como los subsidios económicos para ellos y sus familias, deben ser fundamentales para las respuestas de los gobiernos a la pandemia».
En Colombia, el gobierno colombiano ha implementado un plan de atención para migrantes venezolanos, pero pide ayuda internacional para enfrentar la situación.
Una región afectada, ¿cómo ayudar?
Para Santiago Levy, son importantes las transferencias de ingresos a estos trabajadores que incluyan registros de los servicios de salud.
«Todos los servicios de salud pública disponibles deberían utilizarse indistintamente para todos los trabajadores; la distinción formal-informal debería ser irrelevante mientras se controla la pandemia», agrega.
Por su parte, Muñoz-Pogossian opina que aunque los países han tratado de proporcionar respuestas «ágiles y pragmáticas», «las instituciones financieras internacionales deberán intervenir para brindar apoyo para reactivar la economía regional».
Las abogadas señalan que algunos países de la región han respondido, pero otros como México y Brasil han sido criticados «por negarse a tomar medidas proactivas para detener la propagación de la enfermedad», mientras que la situación en Venezuela se puede agravar por la falta de medicamentos básicos y suministros para tratar a los pacientes.
En ese sentido, creen que «los países latinoamericanos deben tomar medidas proactivas de decisión legislativa y política en el futuro cercano para abordar la desigualdad generalizada que probablemente empeorará en los próximos meses».
Charles T. Call, profesor asociado de relaciones internacionales en la American University, dice que son claves tres desafíos: transferencias de efectivo, acceso continuo a servicios públicos y acceso adecuado a hospitales para enfermos graves.
Citando un estudio de Blofield y Filgueira, «COVID-19 y América Latina», el profesor afirma que América Latina tiene 30 programas de transferencia de efectivo en la región que llegaron a 130 millones de personas en 2016. Es decir, existen, pero explica que el reto es renovarlas y aumentarlas para alcanzar el nivel de pobreza.
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