La semana pasada, una corte federal de apelaciones envió un caso que impugnaba la prohibición de California de vender armas largas a personas menores de 21 años a una corte de distrito, en lugar de hacer cumplir de inmediato la reciente decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que dice que las regulaciones de armas deben de basarse en tradiciones históricas para ser constitucionales.
Los críticos afirman que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU. y varios estados de la «resistencia demócrata» han estado retrasando el cumplimiento de la histórica sentencia de la Corte Suprema del 23 de junio en el caso New York State Rifle and Pistol Association vs. Bruen. La decisión reconoció el derecho constitucional a portar armas de fuego en público para la autodefensa y anuló la ley de Nueva York que exigía que un solicitante demostrara una «causa adecuada» para obtener una licencia para portar un arma oculta en público.
El fallo también determinó que las restricciones a las armas deben estar profundamente arraigadas en la historia de Estados Unidos si pretenden sobrevivir al escrutinio constitucional.
Pero semanas antes de la decisión de Bruen, el 11 de mayo, un comité del Noveno Circuito revocó una decisión de una corte federal de distrito y votó 2-1 en el caso Jones vs. Bonta (pdf), considerando que la prohibición de California de que los jóvenes de 18 a 20 años posean armas largas y rifles semiautomáticos de fuego central violaba la Segunda Enmienda. La prohibición no se aplica a los agentes de policía ni a los miembros del ejército.
«Estados Unidos no existiría sin el heroísmo de los jóvenes adultos que lucharon y murieron en nuestro ejército revolucionario», escribió el juez Ryan Nelson, designado por Trump. «Hoy, reafirmamos que nuestra Constitución sigue protegiendo el derecho que permitió su sacrificio: el derecho de los jóvenes adultos a tener y portar armas».
“[L]a Segunda Enmienda protege el derecho de los adultos jóvenes a tener y portar armas, lo que incluye el derecho a comprarlas”, agregó Nelson.
En una opinión concordante, el juez Kenneth Kiyul Lee, también designado por Trump, escribió que «la posición legal de California no tiene un punto de referencia lógico y, en última instancia, erosionaría los derechos fundamentales enumerados en nuestra Constitución”.
Sin embargo, cuando el caso regresó al mismo comité de tres jueces del 9º Circuito para una nueva audiencia, el comité se negó a resolver inmediatamente el caso, en su lugar, revocó su decisión del 11 de mayo y devolvió el caso a la corte de distrito «para procedimientos adicionales consistentes» con Bruen. El comité no proporcionó las razones de su decisión unánime en su orden del 7 de septiembre (pdf).
Aunque la decisión del comité—que previamente falló en contra de la ley—de devolver el caso a la corte de distrito podría ser un ejemplo de minuciosidad judicial, da a California otra oportunidad de justificar su prohibición de la posesión de armas largas en función de la edad, que ahora se encuentra en una base constitucional aún más débil a la luz de la opinión del caso Bruen.
Los abogados del estado argumentaron que el criterio histórico enunciado en Bruen «cambió drásticamente las reglas del juego» para los litigios sobre leyes de armas, por lo que el caso debía volver a la corte de distrito para examinar nuevas pruebas, incluidos los registros históricos, informó Los Angeles Times.
El estado argumenta que el fallo de Bruen era limitado y que la prohibición de la venta de armas largas a jóvenes adultos seguía siendo constitucional.
La oficina del fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, dijo al periódico que estaba dispuesto a defender la ley «para proteger la seguridad pública de los californianos y para que puedan vivir, trabajar y reunirse con seguridad sin miedo a ser víctimas de la violencia con armas de fuego».
Bonta es conocido por su oposición a los derechos de la Segunda Enmienda.
Tras el fallo del caso de Bruen, Bonta alentó a los agentes de la ley del estado a denegar los permisos de portación de armas de fuego a personas con un historial de «odio y racismo”, ya sea expresado en posteos en las redes sociales o en otros lugares, reportó The Epoch Times.
Días después de la decisión de Bruen, la oficina de Bonta reconoció que había filtrado información personal sensible, incluidos los nombres y direcciones de todos los titulares de permisos de portación oculta en el estado. Algunos de los titulares de permisos dicen que ahora temen por sus vidas.
El 24 de marzo de 2021, el 9º Circuito rechazó (pdf) una impugnación a las estrictas leyes de permisos de armas de Hawái presentada por George K. Young Jr. de Hilo.
Young solicitó dos veces una licencia de portación en 2011, pero no logró convencer a los funcionarios de que su necesidad. Presentó una demanda en la corte de distrito federal y perdió y luego apeló ante la corte de circuito y volvió a perder, como informó The Epoch Times.
Pero el 19 de agosto de este año, un comité de 11 jueces del 9º Circuito emitió una orden (pdf) devolviendo el caso a la corte de distrito para un segundo examen, a la luz del caso Bruen.
Cuatro de los jueces disintieron de la decisión de devolución.
El juez Diarmuid F. O’Scannlain, designado por Reagan y autor de la opinión disidente, escribió que la mayoría no estaba «resolviendo las cuestiones jurídicas directas que presenta este caso».
«[D]espués de Bruen, la cuestión que se nos plantea es sencilla. Sin embargo, nuestra Corte hoy se niega a responderla. Al negarse a hacerlo, nuestra Corte retrasa la resolución de este caso, desperdicia recursos judiciales, y no proporciona orientación a la corte inferior de nuestro Circuito. Como juez de esta Corte, me siento obligado a ofrecer tal orientación, incluso si la mayoría de mis colegas no lo hace».
«Estamos obligados, ahora, por Bruen, así que no hay ninguna buena razón por la que no podamos emitir una opinión ajustada y unánime en este caso», escribió O’Scannlain. «Las justificaciones tradicionales para la devolución están ausentes aquí. La cuestión que tenemos ante nosotros es puramente legal, y no una que requiera un mayor desarrollo de los hechos».
El abogado de Young, Alan Alexander Beck, de San Diego, dijo a Los Angeles Times que estaba de acuerdo con O’Scannlain.
«Este caso ha estado en litigio durante 10 años y, a la luz del hecho de que se trata de una cuestión puramente jurídica, en realidad no hay necesidad de que el 9º Circuito devuelva el asunto», dijo Beck.
«Deberían haber emitido un fallo sobre los fundamentos».
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