Los gobiernos estatales y locales a favor del aborto están presentando demandas para cerrar organizaciones provida de ayuda a embarazadas que animan a las mujeres que se plantean abortar a buscar alternativas.
Según el Instituto Charlotte Lozier, las organizaciones provida de ayuda al embarazo (PHO por sus siglas en inglés) son organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen una serie de servicios a las mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados.
Los servicios de apoyo incluyen pruebas de embarazo, educación parental y ayuda para la vivienda. Las PHO gestionan centros de ayuda, maternidades, agencias de adopción y agencias de servicios sociales.
Algunas PHO promueven servicios de reversión de la píldora abortiva para las mujeres que cambian de opinión a mitad de un aborto con medicamentos, mientras que otras ofrecen asesoramiento en la acera en la que sus integrantes se acercan a las mujeres embarazadas fuera de las clínicas de aborto para discutir alternativas.
Abogados de bufetes de interés público afirman que los estados azules intensificaron sus campañas contra estos grupos desde la sentencia de 2022 en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, que anuló el caso Roe contra Wade. En el caso Dobbs, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que no existía un derecho constitucional al aborto y devolvió la regulación del procedimiento a los estados.
Los gobiernos proabortistas afirman que las PHO son una amenaza para la salud pública. Afirman que las organizaciones desinforman a los consumidores, interfieren con las mujeres que buscan abortar en las clínicas acercándose a ellas para hablarles de alternativas al aborto, y ponen en peligro la salud de las mujeres al promover la reversión de la píldora abortiva, un protocolo que, según ellos, no está probado y es potencialmente inseguro.
Estados azules
Peter Breen, vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Thomas More, dijo que los estados más activos en la persecución de las PHO son California, Nueva York e Illinois.
«Los estados azules están reprimiendo absolutamente la defensa provida, el discurso pacífico protegido por la Primera Enmienda y la prestación de ayuda a las mujeres embarazadas necesitadas», dijo Breen, exlíder republicano del piso en la Cámara de Representantes de Illinois, donde sirvió de 2015 a 2019.
«Ahora quieren prohibir cualquier tipo de disidencia respecto a su agenda abortista», declaró a The Epoch Times. «El movimiento provida no se quedará de brazos cruzados».
Después que la Legislatura de Illinois aprobara un proyecto de ley, y se promulgara como tal, que declaraba que «el discurso de los centros de embarazo es desinformación», la Sociedad Thomas More lo impugnó ante las Cortes y prevaleció, dijo.
En diciembre de 2023, el juez de distrito Iain Johnston de Illinois bloqueó permanentemente la SB1909, la Ley de Illinois sobre Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas.
La ley prohibía «a los llamados ‘centros de crisis del embarazo’ utilizar información errónea, prácticas engañosas o tergiversaciones con el fin de interferir en el acceso a los servicios de aborto o anticoncepción de emergencia», según un resumen facilitado por la oficina del gobernador.
En agosto de ese año, Johnston calificó la ley de «probablemente inconstitucional porque es un ejemplo flagrante de cómo el gobierno toma partido por el discurso de quién es sancionable y por el discurso de quién está inmunizado… La SB1909 es probablemente un clásico de la discriminación de contenidos y puntos de vista prohibida por la Primera Enmienda».
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, argumentó que la ley era necesaria porque él había «sido testigo directo de las tácticas engañosas de los centros de embarazos en crisis en una visita a un centro de Planned Parenthood en Illinois».
Había «gente que parecía que trabajaba allí… afuera intentando desviar a los pacientes del centro de salud», dijo.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de Raoul para pedirle comentarios, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Zonas burbuja
En otro caso, un grupo llamado Coalition Life pide a la Corte Suprema de Estados Unidos que invalide una ley de Carbondale, Illinois, que prohíbe las protestas y las actividades de divulgación dentro de la llamada zona burbuja fuera de las clínicas abortistas. La petición se presentó en julio. No está claro cuándo estudiará la corte la petición.
El grupo argumenta que la ley local 2023 viola el derecho de los asesores en la acera, amparado por la Primera Enmienda, a acercarse a las mujeres cerca de los centros de aborto para aconsejarles alternativas.
La ordenanza local sobre alteración del orden público prohíbe acercarse a menos de 30 metros de un hospital, clínica o centro de salud con la intención de distribuir folletos, mostrar carteles o participar en protestas, educación o asesoramiento.
Carbondale dijo que la ordenanza era necesaria porque la sentencia Dobbs «provocó un aumento del activismo y la oposición de los grupos que se oponen al acceso al aborto».
El personal y las pacientes de las clínicas abortistas habían denunciado «frecuentes actos de intimidación, amenazas e interferencias por parte de individuos que protestan contra el acceso y los servicios de aborto».
En el caso Hill contra Colorado (2000), la Corte Suprema afianzó la idea de estas denominadas zonas burbuja fuera de las clínicas abortistas.
La corte confirmó una ley de Colorado que prohíbe a los activistas provida acercarse a menos de ocho pies de otra persona dentro de una zona de 100 pies alrededor de un centro de salud sin el consentimiento de esa persona. La corte dictaminó que los activistas que desearan expresar sus opiniones eran libres de hacerlo fuera de la zona designada.
Coalition Life, que se dedica al asesoramiento en las aceras fuera de las clínicas abortistas de Kansas, Misuri e Illinois, demandó a Carbondale, alegando que la ley local es inconstitucional.
Los grupos provida sostienen que las leyes que restringen la libertad de expresión fuera de las clínicas abortistas merecen ser reexaminadas a la luz de la sentencia Dobbs. Dado que la decisión significaba que el aborto ya no se consideraba protegido por la Constitución, las leyes que limitan la defensa fuera de las clínicas abortistas deben ser frenadas, según estos grupos.
Breen dijo que Hill contra Colorado fue una «mala decisión».
«La Corte Suprema nunca reafirmo la postura en los 24 años» transcurridos desde que se dictó la sentencia, dijo, y añadió que en Dobbs el tribunal dijo que la sentencia de Hill «distorsionaba las doctrinas de la Primera Enmienda».
En julio de 2023, el juez de distrito estadounidense Stephen McGlynn desestimó la demanda contra la ley de zonas burbuja de Carbondale, sosteniendo que la demanda estaba prohibida por el caso Hill contra Colorado.
En marzo, la Corte de Apelación del Séptimo Circuito de EE.UU. desestimó el recurso de Coalition Life contra la decisión de McGlynn, citando el precedente como autoridad para hacerlo.
Por otra parte, en diciembre de 2023, la Corte Suprema rechazó un recurso originado en Nueva York que pretendía anular el caso Hill contra Colorado.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del fiscal municipal de Carbondale en busca de comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Representada por el Becket Fund for Religious Liberty, la asesora voluntaria de acera y terapeuta ocupacional Debra Vitagliano impugnó una ordenanza sobre zonas burbuja del condado de Westchester, Nueva York. La ley se promulgó después de la sentencia del caso Dobbs.
«Una mujer embarazada necesitada merece saber que ella y su hijo serán queridos, defendidos y apoyados», declaró Vitagliano tras la sentencia de la corte.
«El condado de Westchester me amenazó con meterme en la cárcel durante más de un año, solo por transmitir un mensaje de esperanza a las mujeres que se encontraban fuera de las clínicas abortistas. … Ningún funcionario del gobierno debería tratar de prohibir las conversaciones compasivas en una acera pública», afirmó.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de prensa del condado para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Demanda contra Massachusetts
Olivia Summers, asesora principal de litigios en el Centro Americano para la Ley y la Justicia (ACLJ), dijo a The Epoch Times que los PHO «están definitivamente bajo ataque … porque están en la primera línea de la batalla del aborto».
«Aunque los centros de embarazo siempre fueron un objetivo, ahora lo son cada vez más, porque son lo único que se interpone entre las mujeres y las clínicas abortistas».
En agosto, la ACLJ presentó una demanda ante la corte federal contra el estado de Massachusetts por su campaña, financiada por los contribuyentes, destinada a desacreditar a las PHO.
La campaña, en la que colaboran grupos proabortistas, utiliza un lenguaje cargado de emotividad, diciendo que las PHO «causan daño» y «ponen en riesgo su salud».
Massachusetts promociona su campaña contra las PHO «como la primera de este tipo en el país», y ahora Nueva Jersey, Nueva York y otros estados de la costa este están considerando copiarla, dijo Summers.
«Así que queríamos que ésta fuera la primera demanda de este tipo para contrarrestar lo que están haciendo allí porque queremos que esto termine».
El Estado aún no responde a la demanda ante la corte. La corte dio a Massachusetts de plazo hasta el 12 de noviembre para presentar su escrito.
The Epoch Times pidió comentarios a la oficina del fiscal general de Massachusetts, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
Reversión de la píldora abortiva
Mientras tanto, el 24 de septiembre, un juez federal bloqueó temporalmente los esfuerzos del fiscal general de Nueva York por impedir que las PHO promocionen servicios de reversión de píldoras abortivas.
El juez John Sinatra, con sede en Buffalo, ordenó al fiscal general que no aplicara las leyes contra las organizaciones de salud pública por hacer declaraciones sobre la inversión de la píldora abortiva al público y a las mujeres que contemplan o están en proceso de abortar con medicamentos.
Los demandantes, Summit Life Center Inc., Evergreen Association Inc. y EMC Frontline Pregnancy Centers, representados por la Thomas More Society, afirman que sus declaraciones sobre la seguridad y conveniencia de la inversión de la píldora abortiva son ciertas.
El estado afirma que los grupos están desinformando al público sobre el protocolo de reversión de la píldora abortiva. Algunas mujeres embarazadas optan por la reversión cuando cambian de opinión sobre seguir adelante con un aborto después de tomar una de las dos píldoras necesarias en el proceso de aborto con medicamentos.
Por su parte, los grupos afirman que se demostró que el protocolo es seguro, pero el Estado replica que no está universalmente aceptado y no ha sido aprobado por los reguladores federales.
El aborto químico suele consistir en el uso de mifepristona, que bloquea la hormona progesterona, y misoprostol, que induce las contracciones.
En el protocolo de reversión de la píldora abortiva, se administra a la embarazada una gran dosis de progesterona para contrarrestar la mifepristona, que de otro modo impediría que el útero absorbiera la progesterona y provocara contracciones.
En agosto, la corte impidió temporalmente que el estado aplicara las mismas disposiciones legales contra otras tres organizaciones de ayuda a embarazadas conocidas como National Institute of Family and Life Advocates (NILFA), Gianna’s House y Options Care Center. Alliance Defending Freedom actúa como asesor jurídico de estos demandantes.
The Epoch Times pidió a la oficina del fiscal general de Nueva York que comentara la situación, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
California
California promulgó una ley que obligaba a los centros gestionados por PHO a informar a la gente que no estaban autorizados por el Estado y que la información sobre el aborto estaba disponible en las clínicas subvencionadas por el Estado.
Daniel Schmid, abogado litigante principal de Liberty Counsel, dijo que el estado obligó a los centros «a poner todo tipo de etiquetas de advertencia, todo tipo de declaraciones que el estado elaboró, como que los abortos gratuitos estaban disponibles y que el estado pagaría por ello», y dijo que su firma argumentó que las PHO estaban siendo obligadas a participar en un discurso que era «fundamentalmente contrario a su misión».
Liberty Counsel asumió el caso y la Corte Suprema sostuvo en National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra (2018) que la ley de California violaba la Primera Enmienda.
En julio, Culture of Life Family Services Inc. demandó al fiscal general de California en la corte federal por los esfuerzos para cerrar los servicios de reversión de píldoras abortivas.
La acción federal se inició después que el estado presentara una demanda en la Corte Superior del Condado de Alameda en septiembre de 2023 contra Heartbeat International, un grupo provida, y RealOptions Obria, que opera cinco centros de embarazos en crisis, alegando que las dos organizaciones utilizaron afirmaciones fraudulentas y engañosas para promover la reversión de la píldora abortiva.
La demanda «pretende impedir que Heartbeat International y RealOptions anuncien falsamente [la anulación de la píldora abortiva] como segura y eficaz», declaró entonces el fiscal general en un comunicado.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la reversión de la píldora abortiva como «un procedimiento no probado y en gran medida experimental» que «no cuenta con un respaldo científico creíble y tiene riesgos potenciales para las pacientes que se someten a él».
«HBI y RealOptions se aprovecharon de pacientes embarazadas en un momento profundamente vulnerable de sus vidas, utilizando afirmaciones falsas y engañosas para atraerlas y engañarlas sobre un procedimiento potencialmente arriesgado», dijo Bonta.
La demanda tiene por objeto poner fin al «comportamiento depredador e ilegal» de estos grupos.
Culture of Life, que gestiona tres clínicas de salud comunitarias con licencia estatal en el condado de San Diego, quiere que la corte estatal declare que la reversión de la píldora abortiva es legal y está protegida por la Constitución de Estados Unidos. También solicita una indemnización por daños y perjuicios y una orden judicial contra Bonta en la demanda presentada por la Thomas More Society.
La demanda alega que el estado está violando los derechos de la Primera Enmienda al «atacar la expresión y las actividades protegidas que se realizan en beneficio exclusivo de las mujeres embarazadas que ingirieron» medicamentos abortivos.
The Epoch Times pidió a la oficina del fiscal general de California que hiciera comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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