Una portavoz del nuevo fiscal general de Virginia, Jason Miyares, negó los informes de que Miyares despidió a todos los empleados de la división de derechos civiles a las pocas horas de asumir el cargo la semana pasada.
Miyares prestó juramento el 15 de enero y rápidamente anunció una serie de investigaciones sobre la Junta de Libertad Condicional de Virginia y las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, afirmando que «los habitantes de Virginia merecen respuestas», transparencia y responsabilidad a raíz de lo que describió como escándalos y sus “horribles secuelas”.
También surgieron informes de que Miyares había notificado a aproximadamente 30 miembros del personal que ya no serían empleados de la Oficina del fiscal general.
La senadora estatal de Virginia, Louise Lucas, escribió en Twitter que Miyares despidió a «toda» la división de derechos civiles, lo que dijo que era «una hipocresía total».
“Durante la campaña, quedó claro que el ahora fiscal general electo Miyares y el fiscal general Herring tienen visiones muy diferentes para la oficina”, dijo a Richmond.com la portavoz de Miyares, Victoria LaCivita. “Estamos reestructurando la oficina, como lo han hecho todos los AG entrantes en el pasado”.
Sin embargo, LaCivita negó esta semana que Miyares hubiera despedido a los empleados durante una entrevista con Fox News.
“Esta es información incorrecta”, dijo LaCivita. “Hay 12 personas que trabajan en la Oficina de Derechos Civiles, solo se hicieron dos cambios de personal”.
The Epoch Times se ha comunicado con la oficina de Miyares para hacer comentarios.
Miyares prestó juramento el sábado junto con la vicegobernadora electa, Winsome Sears, marcando un momento histórico. Miyares es el primer latino en ocupar el puesto, mientras que Sears es la primera mujer negra en ocupar una oficina estatal.
El republicano rápidamente anunció que investigaría los escándalos en la Junta de Libertad Condicional de Virginia y en las escuelas del condado de Loudoun.
La Junta de Libertad Condicional de Virginia supuestamente actuó ilegalmente en marzo de 2020 cuando liberó anticipadamente a varias personas responsables de una variedad de delitos, incluido asesinato, tras un impulso para sacar a los reclusos elegibles de las prisiones abarrotadas a medida que aumentaban los casos de COVID-19 en todo Estados Unidos.
Uno de los casos se refería a la liberación en libertad condicional de Vincent Martin, quien fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato en 1979 del oficial de policía Michael Connors durante una parada de tráfico.
“Una de las razones por las que los habitantes de Virginia están tan hartos del gobierno es la falta de transparencia, y ese es un gran problema aquí”, escribió Miyares. “La Junta de Libertad Condicional de Virginia violó la ley cuando dejó salir a violadores y asesinos de policías antes de cumplir sus sentencias sin notificar a las víctimas. Las escuelas públicas del condado de Loudoun encubrieron una agresión sexual en los terrenos de la escuela con fines políticos, lo que llevó a una agresión adicional a una niña”.
En 2020, la Oficina del Inspector General del Estado de Virginia emitió un informe (pdf) que encontró que la junta de libertad condicional violó el Código de Virginia y las políticas y procedimientos de VPB al liberar a Martin.
El informe señaló, entre otros hallazgos, que la Junta de Libertad Condicional de Virginia no había escuchado a varias personas que habían expresado su preocupación sobre la liberación de Martin y que la junta no «se esforzó diligentemente» en comunicarse con la familia de la víctima, como lo exige la ley, antes de tomar la decisión de liberarlo.
La segunda investigación de Miyares se refiere a las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, que han sido criticadas en los últimos meses por su falta de transparencia y por no tomar las medidas apropiadas después de una supuesta agresión sexual.
El incidente involucra a un estudiante que presuntamente agredió sexualmente a una estudiante antes de ser transferido a otra escuela secundaria. El mismo estudiante supuestamente procedió a agredir sexualmente a una segunda estudiante en la otra escuela.
Según la familia de la víctima, el asalto ocurrió en un baño de niñas por un niño que supuestamente vestía una falda. Ese niño fue arrestado más tarde y fue acusado en un tribunal de menores de dos cargos de sodomía forzada, según las autoridades.
The Epoch Times se ha comunicado con la Junta de Libertad Condicional de Virginia y las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun pidiendo comentarios al respecto.
El recién juramentado gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, un republicano, allanó el camino para que las investigaciones comiencen el viernes mediante la firma de dos órdenes ejecutivas.
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