El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha reivindicado al Gobierno central que “paralice esa locura” que supondría modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para reducir los envíos de agua al Levante, ya que la medida “no beneficiaría absolutamente a nadie” y supondría un enorme perjuicio para la agricultura.
Lo ha dicho a los periodistas este viernes el presidente de la entidad, Lucas Jiménez, antes del inicio de la Asamblea General del organismo, en la que se ha dado cuenta de los datos relacionados con el año hidrológico, que termina en septiembre y que arroja buenos resultados para el regadío con relación al trasvase del Tajo-Segura, que estará en nivel 2 hasta el final del periodo, pero “preocupantes” con respecto a la situación de la cuenca y del secano.
Con esos datos, Jiménez ha apuntado que “podría haber sido un año tranquilo” en lo relacionado con el trasvase, que ha quedado empañado por la “voluntad permanente” del Gobierno central de “reiterar la estupidez de que hay que cerrar el trasvase a toda costa para el regadío”.
Para ello, ha lamentado, se ha planeado modificar las actuales reglas de explotación, algo que podría suceder antes del verano, ha dicho, a pesar de que ha reconocido que no cuenta con información oficial al respecto.
El cambio en las reglas supondría aumentar los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo limitando los aportes al Levante en unos 100 hectómetros cúbicos que, según Jiménez, solo serviría para “engrosar los ríos que van a Portugal” sin ningún beneficio para Castilla-La Mancha porque no habría ningún aprovechamiento de esa agua.
De producirse esos cambios, ha advertido, el año 2027 podría suponer “el fin del agua del trasvase para el regadío” y, si para esas fechas no están terminadas las obras de mejora para ampliar los aportes de agua desalada, supondría la desaparición de la mitad de los regadíos del Levante, ha advertido.
Jiménez ha recordado que diversos organismos, entre ellos el SCRATS, están ultimando denuncias contra la planificación hidrológica del Tajo, por lo que ha insistido en que las reglas de explotación no se pueden modificar al estar judicializado este asunto.
El pasado 7 de junio el Tribunal Supremo desestimó el recurso que la Generalidad Valenciana había interpuesto contra esa planificación hidrológica, pero Jiménez ha considerado que el recurso se presentó cuando aún la administración no disponía de toda la documentación necesaria y sin informes técnicos, por lo que los recursos que presentarán ahora estarán mejor fundamentados y no tienen por qué desembocar en sentencias desestimatorias.
En cualquier caso, ha desestimado que se puedan cubrir las necesidades hídricas de los regadíos del levante sin recibir aportaciones del trasvase, solo con agua desalada, como indica el propio plan de cuenca del Segura, que señala a un déficit hídrico de 400 hectómetros cúbicos frente a los 200 actuales solo con esa fuente de agua.
El sector agrícola dependiente del trasvase Tajo-Segura aporta 3.013 millones de euros al PIB nacional y genera 106.566 puestos de trabajo, según datos de SCRATS. Las tres provincias -Alicante, Murcia y Almería- que utilizan el trasvase realizan el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas, de acuerdo con la misma fuente.
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