Una campaña periodística mundial afirma que un próximo tratado mundial de las Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia otorgará a las autoridades amplios poderes de vigilancia.
El 6 de agosto, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), un grupo de profesionales de los medios de comunicación que aboga por la libertad de prensa mundial, escribió que una nueva convención mundial respaldada por Rusia, China y otros países podría marcar el comienzo de una nueva era de “vigilancia y represión transnacional”.
Desde mayo de 2021, los Estados miembros de la ONU negocian un tratado internacional contra la ciberdelincuencia. El organismo de la ONU encargado de desarrollar el tratado, el Comité Ad Hoc, llegará a un acuerdo sobre el texto final de la Convención el 9 de agosto.
Si se aprueba y finaliza esta semana, sería el primer instrumento vinculante de la ONU sobre un asunto cibernético.
El tratado, propuesto inicialmente por Rusia en 2017, es un esfuerzo internacional para luchar contra la ciberdelincuencia mediante el uso de herramientas y esfuerzos mundiales, regionales y nacionales existentes para abordar el problema.
Sin embargo, IPI dijo que en realidad pone “a los periodistas y a la sociedad civil en un riesgo aún mayor en todo el mundo”.
El informe añade que refleja una tendencia mundial de los gobiernos a utilizar leyes y reglamentos anunciados como lucha contra la “ciberdelincuencia” para censurar la expresión en Internet y ampliar la vigilancia estatal.
“Aunque supuestamente tiene por objeto combatir la ciberdelincuencia, el tratado amplía enormemente las facultades de espionaje e investigación de los Estados, incluso a través de las fronteras, al tiempo que vacía de contenido los tratados y obligaciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos que proporcionan protecciones esenciales para que los periodistas realicen su trabajo con libertad y seguridad”, escribió.
Añadió que los gobiernos están elaborando leyes sobre ciberdelincuencia excesivamente amplias y vagas que van mucho más allá de sus competencias básicas con el pretexto de hacer frente a la ciberdelincuencia real, como la piratería maliciosa y los ataques de ransomware.
“Por el contrario, estas leyes se han convertido en poderosas herramientas de censura y vigilancia en Internet, usadas para silenciar y castigar a periodistas, activistas, investigadores y otros organismos de control públicos”, añadió el IPI.
La entidad dijo que EE.UU. y la UE parecen dispuestos a firmar el tratado “a pesar de estos delicados defectos”.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización sin ánimo de lucro que defiende las libertades civiles en el mundo digital, afirmó que los derechos de los investigadores de seguridad y los periodistas de investigación están “peligrosamente desprotegidos” en virtud del acuerdo.
La EFF señaló que el artículo 11 (uso indebido de dispositivos) del tratado puede criminalizar inadvertidamente la investigación sobre seguridad y el periodismo de investigación.
“Puede castigar incluso la fabricación o el uso de herramientas con fines de investigación si se considera que la investigación, como las pruebas de seguridad, entra dentro de alguno de los otros delitos”, añadió.
Ciberdelincuencia
Según la ONU, la ciberdelincuencia es una forma de delincuencia transnacional en evolución, y trabajar para abordarla apoya la consecución de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dijo que es necesario un tratado internacional jurídicamente vinculante para contrarrestar la amenaza, ya que la ciberdelincuencia es un “negocio multimillonario”.
“Las drogas y las armas se compran en la ‘red oscura’, los delincuentes engañan a los ciudadanos con elaboradas estafas en Internet y los terroristas preparan a sus seguidores y reclutan combatientes”.
Según la Universidad de las Naciones Unidas, que se centra en el desarrollo global y la investigación política, el tratado buscará penalizar “una serie de delitos fundamentales dependientes de la cibernética, y un número limitado de delitos posibilitados por la cibernética”.
También obliga a “los Estados a desarrollar capacidades digitales de investigación y aplicación de la ley, y a aplicar estas nuevas competencias a otros delitos cometidos mediante redes informáticas”.
En febrero, Raman Jit Singh Chima, Consejero Internacional Senior y Director de Políticas para Asia Pacífico de Access Now, una entidad no gubernamental que forma parte de las negociaciones del tratado, explicó algunas de las preocupaciones de su organización. Según declaró al podcast de la ONU “The Lid is On”, los delitos políticos pueden incluirse si el ámbito de aplicación del tratado es demasiado amplio.
“Por ejemplo, si alguien hace un comentario sobre un Jefe de Gobierno o un Jefe de Estado, podría acabar siendo penalizado por la ley de ciberdelincuencia”, explicó.
“Cuando se trata de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley cooperen en este tratado, tenemos que establecer normas sólidas sobre derechos humanos, porque eso proporciona confianza y seguridad en el proceso”, añadió.
The Epoch Times se puso en contacto con la ONU para solicitar sus comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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