La Administración del presidente Joe Biden se enfrenta a otras dos importantes demandas que cuestionan la legalidad de su orden de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores sanitarios.
Una de las demandas, presentada por 12 fiscales generales en el tribunal federal de Shreveport, Luisiana, afirma que la administración ha violado la ley federal al exigir que se vacunen unos 17 millones de trabajadores sanitarios.
Los poderes otorgados al secretario de salud no se extienden a la imposición de vacunas, dijeron el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, y los otros 11 republicanos.
También se mostraron contrarios a que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) prescindieran del periodo de notificación y comentarios exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Seguridad Social antes de que una norma entre en vigor.
Los CMS dijeron en su norma que los datos muestran «la importancia vital de la vacunación» y que los funcionarios determinaron que no podían retrasar la imposición de la orden.
En el mismo documento, la agencia dijo que «la duración de la eficacia de la vacuna en la prevención del COVID-19, la reducción de la gravedad de la enfermedad, la reducción del riesgo de muerte, y la eficacia de la vacuna para prevenir la transmisión de la enfermedad por los vacunados no se conocen actualmente».
Los estudios han demostrado que todos los marcadores de la eficacia de la vacuna disminuyen con el tiempo, especialmente la protección contra la infección.
La orden amenaza con exacerbar la escasez de personal sanitario y perjudicar a los pacientes, lo que debería haber provocado un análisis del impacto normativo, argumentan los fiscales generales.
Los CMS dijeron en la norma que no podían predecir el resultado de la orden, que afecta a los centros que reciben financiación de Medicare o Medicaid, si se mantiene en vigor.
«Si solo un proveedor de atención sanitaria en una zona exigiera la vacunación del personal, los que se negaran a vacunarse podrían renunciar y obtener un empleo en otro lugar en el mismo campo o tipo de puesto. Pero con muchos empleadores que ya exigen la vacunación, y con casi todos los empleadores locales (y remotos) de atención médica que exigen la vacunación en virtud de esta norma, esperamos que tales efectos se reduzcan al mínimo (con excepciones para las exenciones médicas o de otro tipo, como exige la ley)», declaró la agencia.
«Dicho esto, en la actualidad hay una escasez endémica de personal para casi todas las categorías de empleados en casi todos los tipos de proveedores y prestadores de servicios de salud, y estos pueden empeorar si un número considerable de empleados no vacunados abandona por completo el empleo en el sector de la salud».
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también republicano, presentó una impugnación por separado en el tribunal federal de Amarillo.
El poder policial de la vacunación obligatoria siempre ha sido competencia de los estados y sigue perteneciendo a ellos, argumentó Paxton, que instó al tribunal a anular la orden por considerarla inconstitucional.
«En un momento en el que necesitamos más que nunca
personal de salud, en medio de una angustiosa escasez de trabajadores, la Administración Biden ha dado prioridad a esta orden ilegal de vacunación por encima de la atención médica de todos los estadounidenses», dijo Paxton en un comunicado.
Los funcionarios de la Administración Biden han expresado su confianza en que la orden y otras similares acaben imponiéndose a las impugnaciones legales.
Un portavoz de los CMS dijo a los medios de comunicación que «no hay duda de que el personal de cualquier centro sanitario que no está vacunado supone una amenaza directa e indirecta para la seguridad de los pacientes y la salud de la población».
Una coalición de 10 estados presentó la semana pasada una demanda contra la orden de los CMS. Los fiscales generales esbozaron argumentos similares al solicitar la intervención de un tribunal.
La fecha límite para la vacunación es el 4 de enero de 2022. No se puede optar por pruebas, a diferencia de la orden para los empleadores privados que actualmente está bloqueado por los tribunales.
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