El Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del nuevo Gobierno de México, iniciará finalmente este domingo su trayecto hacia la realidad tras más de una década de intentos con ceremonias de inicio de obra en los cinco estados que cruzará.
El proyecto, conocido ahora como Tren Maya, ha pasado desde 2007, en sus distintas denominaciones, fases de aceptación, aprobación, promoción y, también, de rechazo en los tres niveles de gobierno.
Fue la exgobernadora del suroriental estado de Yucatán, Ivonne Ortega, quien lo ideó y propuso inicialmente en 2007, cuando lo incluyó en la campaña electoral.
Ferviente creyente en la necesidad de ese transporte, Ortega lo defendió, promovió e impulsó, pese a ser cuestionada y descalificada por sus contrarios políticos, que consideraron el proyecto del tren como una ocurrencia.
Incluso, una obra de teatro regional dirigida y actuada por el legendario artista Héctor Herrera «Cholo» llevó por nombre «El Tren Bola», en alusión a la denominación de «Tren Bala» con la que los opositores a la idea bautizaron el proyecto, que oficialmente tuvo por nombre Tren Rápido Peninsular.
La iniciativa tuvo cierta aceptación, incluso hubo un acercamiento con empresarios coreanos que mostraron interés en participar en ella, con apoyo del Banco Central de Asia.
Pero finalmente la falta de interés del Gobierno Federal de aquella época, encabezado por Felipe Calderón del conservador Partido Acción Nacional (PAN), dejó la idea en el tintero.
El Tren Rápido Peninsular abarcaría un trayecto que tuvo distintas rutas, una de ellas llegando desde el puerto de Altura de Progreso hasta la principal estación en Mérida, capital de Yucatán, para ir de aquí a otros puntos como Izamal, Valladolid, Chichén Itzá y la Riviera Maya, donde en ese entonces, habría de construirse un aeropuerto alterno al del balneario de Cancún.
Poco tiempo después, en 2012, al asumir la Presidencia el ahora exmandatario Enrique Peña Nieto, de Partido Revolucionario Institucional (PRI), reasumió la idea del tren al que llamó Tren Transpeninsular y que mencionó en su primer discurso como mandatario, el 1 de diciembre de 2012.
Días después, en su primera visita como presidente a Mérida, el 22 de diciembre, Peña Nieto dio a conocer que el proyecto del tren estaría listo a inicios de 2013, para lanzar su licitación poco después y comenzar a construirlo en 2014.
La idea era que el tren viajase desde Mérida hasta Punta Venado, Playa del Carmen, en unas 2 horas 35 minutos, apoyando el traslado de turistas entre Yucatán y Quintana Roo, así como el de mercancías y carga en general, a lo largo de 278 kilómetros de vía férrea, alcanzando máximos de hasta 180 kilómetros por hora.
Empero, poco más de dos años después, el 30 de enero de 2015, el propio Gobierno Federal, a través de su Ministerio de Hacienda, canceló el proyecto de manera definitiva, alegando falta de recursos y presión financiera.
El precio a pagar por el proyecto era entonces de 1.477 millones de dólares a precios actuales (unos 30.000 millones de pesos mexicanos).
El proyecto parecía haber quedado sepultado, pero el actual presidente, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, lo revivió como su principal estrategia para desarrollar el históricamente olvidado sureste mexicano.
Una zona que, como sostiene, «vive la paradoja» de contar con la mayor cantidad de riqueza en recursos naturales del país y de que su gente sea la más pobre.
Y al igual que como sucedió en sus dos etapas previas, el proyecto ha encontrado todo tipo de resistencias de sus opositores políticos, considerándolo una ocurrencia del nuevo presidente, que asumió el cargo el 1 de diciembre.
Pero finalmente, este domingo, luego de 12 años, el proyecto recibirá su banderazo inicial en una ceremonia múltiple que tendrá su sede principal en la ciudad de Palenque, Chiapas, y que será replicada en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las ceremonias, que serán hechas acorde a los usos y costumbres de la etnia maya, predominante en la región, precederán al arranque de las obras el lunes 17 y para las cuales el Gobierno Mexicano requerirá una inversión de 7.400 millones de dólares (unos 150.000 millones de pesos mexicanos).
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