Análisis de noticias
La comunidad internacional ha publicado recientemente tres informes sobre derechos humanos. Los tres señalan directamente al régimen comunista chino por la violación de los derechos humanos básicos y la libertad de conciencia.
El 13 de enero, la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador británico publicó un informe en el que se pide al gobierno británico que tome la iniciativa para responder a la crisis de derechos humanos en China.
El informe se titula «The Darkness Deepens: The Crackdown on Human Rights in China 2016-2020» y señala que las violaciones de los derechos humanos en China se están intensificando.
«El uso de prácticas aborrecibles como el encarcelamiento y la tortura de disidentes, la vigilancia masiva, la sustracción de órganos y el uso de mano de obra esclava muestran al Partido Comunista Chino tal y como es», señala el informe, que insta al gobierno británico a «liderar al mundo libre enviando un mensaje claro de que China debe poner fin a estos comportamientos abusivos».
Asimismo, el 13 de enero, la organización internacional no gubernamental Human Rights Watch publicó su Informe Mundial 2021, en el que afirmaba que el «autoritarismo del Partido Comunista Chino (PCCh) se puso de manifiesto en 2020 al enfrentarse al mortal brote de coronavirus registrado por primera vez en la provincia de Wuhan».
Describió la respuesta de las autoridades chinas a la pandemia de COVID-19 como «inicialmente tardía al ocultar información al público, no informar de los casos de infección, restar importancia a la gravedad de la infección y descartar la probabilidad de transmisión entre humanos. Las autoridades también detuvieron a personas por ‘propagar rumores’, censuraron los debates en internet sobre el brote y frenaron la información de los medios de comunicación».
El 14 de enero de 2021, la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE. UU. sobre China (CECC, por sus siglas en inglés) publicó su Informe Anual de 2020, revelando que las autoridades del PCCh continuaron deteniendo a los practicantes de Falun Gong y sometiéndolos a un trato severo. Informó que «al menos 774 practicantes fueron condenados por delitos de ‘culto’ en 2019. (…) El medio de comunicación de Falun Gong, Clear Wisdom, reportó que los abusos de las autoridades provocaron la muerte de 96 practicantes en 2019 y otros 17 en el primer trimestre de 2020». El informe citó: «Clear Wisdom reportó que entre enero y abril de 2020, 6 practicantes murieron como resultado de ser torturados mientras estaban detenidos, y 11 más murieron después de ser liberados o como resultado de los maltratos de los funcionarios de seguridad». El informe también hacía referencia a un artículo publicado en BMC Medical Ethics en noviembre de 2019 en el que se afirmaba que «el gobierno chino puede haber falsificado las estadísticas anuales sobre el número de donaciones de órganos en China, y que las sustracciones involuntarias de órganos siguen teniendo lugar en China».
[Nota: Clear Wisdom es el antiguo nombre de la versión en inglés de Minghui.org, un sitio web con sede en Estados Unidos que hace un seguimiento de la persecución de Falun Gong en China].
Los derechos humanos son universales
La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 establece que «Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, (…) nacimiento o cualquier otra condición. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal».
En otras palabras, todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de reunión y de asociación pacíficas, etc. Sin embargo, en los setenta y dos años transcurridos desde la adopción de la Declaración, se han cometido genocidios y numerosos crímenes contra la humanidad.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es un ejemplo de cómo el PCCh niega los derechos humanos al pueblo chino. En julio de 1999, Jiang Zemin, el secretario general del PCCh en ese momento, lanzó la persecución de Falun Gong explotando sistemáticamente el aparato y el poder del Estado para eliminar brutalmente la creencia de 100 millones de practicantes de Falun Gong que viven de acuerdo con los principios de «verdad, benevolencia y tolerancia».
Jiang adoptó una política de «difamar su reputación y destruirlos física y económicamente». Los practicantes que se negaban a «reformarse» eran detenidos ilegalmente en instituciones psiquiátricas, centros de lavado de cerebro, campos de trabajo y prisiones donde sufrían crueles torturas mentales y físicas que a menudo les causaban la muerte. Según Minghui.org, está confirmada la identidad de 4582 practicantes que fueron perseguidos hasta la muerte. Se cree que el número real es mucho mayor, pero es difícil de verificar en este momento. Además, se cree que decenas de miles de practicantes han sido, y siguen siendo, víctimas de la práctica de sustracción de órganos estando vivos patrocinada por el Estado chino.
La libertad de religión y creencia era originalmente un derecho básico concedido a los ciudadanos chinos por la Constitución china. Pero el PCCh ha ignorado su propia Constitución y utiliza medios autoritarios y totalitarios para pisotear y privar a la gente de sus derechos básicos.
Durante décadas, el historial de derechos humanos del PCCh ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional. Ya sean los informes sobre derechos humanos publicados por las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos o grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las violaciones de la libertad de creencia y los derechos básicos por parte del PCCh siempre encabezan la lista.
En lo que respecta a 2020, la situación en China no ha hecho más que empeorar. El 8 de enero, el informe anual de la CECC envió claramente ese mensaje. El informe instaba a Estados Unidos a responsabilizar a los funcionarios chinos de las graves violaciones de los derechos humanos, negándoles los visados a Estados Unidos o el acceso a sus mercados financieros.
El 28 de abril de 2020, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicó su informe anual de 2020. China figuraba en la lista de «países especialmente preocupantes» (CPC) porque sus gobiernos cometen o toleran «violaciones sistemáticas, continuas y atroces». La China comunista lleva 21 años consecutivos en la lista de los CPC.
El 10 de septiembre, más de 300 grupos de derechos humanos y ONG presentaron una carta abierta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y a los Estados miembros de la ONU, pidiendo una investigación internacional sobre la violación de los derechos humanos por parte del PCCh.
El 26 de octubre, los sitios web de la embajada y los consulados de Estados Unidos en China publicaron la versión china del Informe de Derechos Humanos de China de 2019. Según el informe, «los problemas significativos de derechos humanos incluyen: asesinatos arbitrarios o ilegales por parte del gobierno; desapariciones forzadas por parte del gobierno; tortura por parte del gobierno; detenciones arbitrarias por parte del gobierno; condiciones duras y peligrosas en las prisiones y detenciones; censura; ejecución de torturas; control estricto de la libertad de expresión e información, restricción de la libertad de movimiento de los ciudadanos, etc».
El exsecretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, afirmó que una de las características centrales del PCCh es que viola continuamente los derechos humanos básicos del pueblo chino.
«Es lo que el presidente Trump nos ha ordenado a todos que trabajemos para tratar de preservar: tanta libertad, tanta dignidad para cada ciudadano de China como podamos cuando se enfrentan a estas violaciones masivas de los derechos humanos que lleva a cabo el Partido Comunista Chino», dijo Pompeo.
Las sanciones contra quienes abusan de los derechos humanos son una tendencia habitual de los países democráticos. En 2016, Estados Unidos aprobó la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos para castigar a las personas extranjeras que cometan violaciones de los derechos humanos. Hasta ahora, 28 países de todo el mundo han promulgado una ley de responsabilidad en materia de derechos humanos similar a la de Estados Unidos, negando visados y congelando los activos de los represores.
Solo en 2019, Estados Unidos ha designado a 97 personas y entidades en el marco de este programa, que complementa otras herramientas y autoridades que Estados Unidos utiliza para imponer restricciones económicas y de visado a los actores perversos.
El 9 de julio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una entidad gubernamental china y a cuatro funcionarios o exfuncionarios del gobierno en relación con graves abusos de los derechos de las minorías étnicas en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang (XUAR). Estas designaciones incluyen a Chen Quanguo, secretario del Partido Comunista de la XUAR. En las últimas dos décadas, Chen Quanguo también ha participado activamente en la persecución de Falun Gong, provocando que muchos practicantes de Falun Gong fueran perseguidos hasta la muerte, según un informe de Minghui.org.
El 7 de diciembre de 2020, la Comisión Europea adoptó el «Régimen Global de Sanciones en Materia de Derechos Humanos», la versión de la Unión Europea de la Ley Magnitsky. Se aplica a actos como «el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud, las ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, la desaparición forzada de personas, los arrestos o detenciones arbitrarias». Las sanciones consisten en la prohibición de viajar que se aplica a las personas y el bloqueo de activos tanto de personas como de entidades. Se espera que la primera lista de sanciones se aplique antes de que finalice el primer trimestre de este año.
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