«Ya sea por error o fraude», 334 inscritos fallecidos de Michigan figuran en los registros del gobierno como inscritos para votar después de su fecha de defunción, según una reciente presentación ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito por parte de la Fundación Jurídica de Interés Público (PILF).
Hace casi cuatro años, la PILF descubrió 27,000 nombres de posibles votantes fallecidos en el Archivo de Votantes Cualificados (QVF) del estado.
El grupo preguntó a la secretaria de Estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, sobre su plan para eliminarlos.
Dieron a la Sra. Benson más de un año para actuar o, como mínimo, poner a disposición de la inspección pública un plan de acción detallado para cancelar los registros de votantes de los fallecidos. No hizo ninguna de las dos cosas.
Según la presentación de la PILF, los funcionarios electorales de Michigan «no respondieron a los datos específicos y sólidos proporcionados por la Fundación» en relación con respeto a los inscritos fallecidos, muchos de los cuales llevaban décadas en la QVF.
«La secretaria Benson se opone enérgicamente a los esfuerzos para eliminar decenas de miles de inscritos fallecidos que encontramos en el censo electoral», dijo el presidente de la PILF, J. Christian Adams, en un comunicado de prensa del 29 de mayo.
«La ley federal exige que los funcionarios electorales estatales tengan un programa razonable para eliminar a los muertos. Mantener votantes muertos en las listas durante dos décadas no es razonable. Este caso tendrá implicaciones significativas sobre si la ley federal exige un mantenimiento efectivo».
Cifras confirmadas por el Auditor General
En 2021, la oficina del Auditor General de Michigan llevó a cabo lo que denominó «un cotejo de fallecimientos de votantes activos en el QVF».
La coincidencia arrojó los nombres de entre «veinte y treinta mil» inscritos fallecidos en las listas de votantes.
Siguió una batalla legal de tres años y medio, que comenzó con la presentación por parte de la PILF de una demanda de dos puntos en la Corte de distrito federal en la que se alegaba que la Sra. Benson no había llevado a cabo el mantenimiento de las listas y no había permitido la inspección de los registros públicos relativos a su plan para eliminar a los fallecidos, entre otros datos.
El 1 de marzo de 2024, la Corte de distrito dictó una sentencia sumaria rechazando ambos argumentos de la PILF, lo que llevó a la fundación a llevar el caso ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito.
Al anunciar su victoria en la Corte de distrito, el Departamento de Estado de Michigan emitió una declaración el 2 de marzo en la que calificaba los esfuerzos de la PILF de «un intento apenas velado de socavar la fe de los votantes en su voz, su voto y nuestra democracia».
Según la presentación de la PILF, el recurso presenta cuestiones de «primera impresión para esta Corte y plantea cuestiones de importancia nacional en relación con la interpretación de la Ley Nacional de Registro de Votantes».
En derecho, una primera impresión es una cuestión jurídica o interpretación nueva que se presenta ante la Corte.
La NVRA de 1993 (conocida como «Motor Voter») exige a los estados que «lleven a cabo un programa general que haga un esfuerzo razonable para eliminar el nombre de los votantes no elegibles» debido a su fallecimiento.
Los abogados de la PILF sostienen que el significado exacto de la expresión «esfuerzo razonable» no ha sido abordado por la Corte de Apelación del Sexto Circuito ni por ningúna Corte de su jurisdicción desde la promulgación de la ley en 1993.
La Corte de distrito concluyó que todo lo que la Sra. Benson está haciendo para limpiar y mantener las listas de votantes constituye un esfuerzo razonable y, por lo tanto, consideró que cumplía con el requisito de la NVRA.
El PILF afirma que un programa de mantenimiento de las listas de votantes ineficaz y plagado de errores que permite que entre 20,000 y 30,000 personas fallecidas permanezcan en el QVF durante décadas no debe considerarse razonable.
Según la PILF, el mero hecho de disponer de un programa nominal de mantenimiento del censo electoral no basta para satisfacer la NVRA.
Lo que importa para la intención del Congreso es «si el Secretario sigue efectivamente los estatutos y procedimientos de mantenimiento de listas», dice el recurso. «El secretario trata de avadir el escrutinio basándose en algo denominado como ‘programa’ para eliminar inscritos fallecidos, sin importar cuan ineficaz que sea».
Descubrimiento limitado y declaraciones denegadas
Además, según la apelación de la PILF, la Corte de distrito cometió un error al conceder la solicitud de un juicio sumario de la Sra. Benson sin que la demandante tomara declaración a la secretaria de Estado.
Anteriormente, la Sra. Benson convenció a un magistrado de la Corte de que estaba demasiado ocupada para tomarle declaración y obtuvo una orden judicial cautelar para bloquear el proceso.
La apelación indico que a la PILF no solo se le denegó la capacidad de tomar declaración a la Sra. Benson, sino que tampoco pudo tomar declaración a un empleado de la SOS que realizó el análisis de la lista de votantes, ni al Centro de Información sobre el Registro Electrónico (ERIC), del que dependen Michigan y otras dos docenas de estados para obtener datos que identifiquen a los votantes no elegibles.
La orden de la Corte de distrito exigía a la PILF que demostrara primero los defectos del proceso de ERIC para identificar a los votantes fallecidos antes de tener la oportunidad de conocer cuáles eran esos procesos y procedimientos mediante una declaración.
«Estas denegaciones de presentación de pruebas deben revertirse para que se pueda determinar la imagen completa y la verdad sobre los programas de mantenimiento de listas de la Secretaria», dice el escrito de apelación.
Debido al peligro de perjuicio recurrente, el recurso de la PILF afirmaba que estaría justificado un requerimiento judicial prospectivo permanente para obligar a la Sra. Benson a cumplir con sus responsabilidades en virtud de la NVRA.
Los abogados de la PILF subrayaron la importancia de que se cumpliera a tiempo antes de que se celebraran otras elecciones federales.
La PILF pidió a la Corte de apelación que revocara la sentencia de la Corte de distrito y declarara que la secretaria Benson había violado la Disposición de Divulgación Pública de la NVRA, o que devolviera la demanda a la Corte de distrito para su reconsideración.
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