En una decisión dividida, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito de EE. UU. dictaminó el jueves que la educación básica mínima y el acceso a la alfabetización es un derecho fundamental según la cláusula del debido proceso de la 14ª Enmienda.
«El reconocimiento de un derecho fundamental no es un asunto menor», escribió el tribunal del 6º Circuito en una opinión mayoritaria de 2-1 (pdf). «Cuando, como los demandantes argumentan aquí, un grupo de niños es relegado a un sistema escolar que no ofrece ni siquiera una oportunidad plausible de alcanzar la alfabetización, sostenemos que la Constitución les proporciona un remedio».
En el caso de 2016, un grupo de estudiantes de Detroit demandó al estado de Michigan, aduciendo que la falta de libros, la ausencia de profesores cualificados y las malas condiciones de los edificios les privaban de acceso a la alfabetización en las escuelas públicas a las que asistían. La demanda argumentaba que el estado violaba los derechos de los estudiantes a una educación básica mínima como parte de la garantía de la 14ª Enmienda del debido proceso e igual protección.
El 6º Circuito rechazó el argumento con base en la cláusula de igualdad de protección de la 14ª Enmienda, pero reconoció que los estudiantes tienen derecho a una educación básica mínima en virtud de la cláusula del debido proceso, ya que la alfabetización es «esencial para el ejercicio básico de otros derechos y libertades fundamentales».
«Esto equivale a un grado de educación suficiente para proporcionar acceso a un nivel fundamental de alfabetización, el grado de comprensión necesario para participar en nuestra democracia», escribió el juez Eric Clay, designado por Clinton, en la opinión mayoritaria a la que se unió la jueza Jane Stranch, designada por Obama.
Si bien es cierto que una orden judicial no puede garantizar que la oportunidad educativa se traduzca en el rendimiento del estudiante, según Clay, el requisito de proporcionar una educación básica mínima significa que el Estado debe garantizar que los estudiantes tengan al menos una «infraestructura educativa mínima».
El juez Eric Murphy, designado por el presidente Donald Trump, argumentó en oposición que no hay un derecho explícito a la educación en la Constitución de Estados Unidos, y que simplemente no es tarea de un tribunal federal supervisar las escuelas públicas en nombre de los estudiantes.
«Este derecho positivo a una educación mínima mezclará nuestra separación de poderes. Sumergirá a los tribunales federales en una gran cantidad de disputas educativas que están muy lejos de nuestro papel constitucionalmente asignado de interpretar los textos legales», escribió Murphy en una opinión disidente. «¿Cómo deberían esos tribunales remediar las escuelas que concluyen que no cumplen con los estándares de calidad requeridos constitucionalmente?»
El Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca ha abordado directamente la cuestión de si existe un derecho constitucional a la educación o un derecho a la alfabetización. En una decisión de 1973 sobre las desigualdades en el sistema de escuelas públicas de San Antonio (Texas), el Tribunal Supremo sostuvo que no existía un derecho fundamental a las «habilidades mínimas básicas necesarias para el aprovechamiento de los derechos de expresión y de plena participación en el proceso político».
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