Un tribunal de apelaciones optó el viernes por dejar en vigor la nueva ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos, en el más reciente fallo de este tipo.
Los proveedores de servicios de aborto presentaron una demanda en julio, argumentando que la Ley 8 del Senado de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre, es inconstitucional y debería bloquearse su aplicación.
La ley prohíbe los abortos realizados sin un intento de detectar el latido del corazón del feto y prohíbe los abortos que no sean de emergencia médica si se detecta un latido.
Pero los funcionarios estatales no pueden aplicar la medida. En su lugar, la inusual ley permite a los ciudadanos particulares presentar demandas contra los médicos que presuntamente realizan abortos ilegales u otros que presuntamente los ayudan o instigan.
En su demanda, los proveedores de abortos nombraron a los jueces de Texas como demandados, pidiendo al tribunal que no les permitiera participar en la aplicación de la nueva ley de ninguna manera. También demandaron al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y a otros funcionarios estatales.
Los intentos anteriores de impedir la entrada en vigor de la ley fueron rechazados por varios tribunales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos.
En la nueva sentencia, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dijeron que los demandantes emplearon una «estrategia novedosa» al tratar de impedir que los jueces de Texas atendieran las demandas presentadas en virtud de la Ley 8 del Senado. Consideraron que las reclamaciones contra los jueces eran «engañosas» porque el precedente existente de la Corte Suprem excluye a los jueces del ámbito de reparación que buscan.
«Además, está bien establecido que los jueces que actúan en su capacidad de decisión no son los acusados adecuados de la Sección 1983 en una impugnación a la constitucionalidad de la ley estatal», dijeron los jueces.
«Cuando actúan en su capacidad de decisión, los jueces son neutrales desinteresados que carecen de un interés personal en el resultado de la disputa. Es absurdo sostener, como hacen los demandantes, que la forma de impugnar una ley estatal desfavorable es demandar a los jueces de los tribunales estatales, que están obligados a cumplir no solo la ley estatal, sino también la Constitución de EE. UU. y la ley federal», añadieron.
También dijeron que ninguno de los demandados estatales, como Paxton, tiene una «conexión de aplicación» con la nueva ley, ya que ésta les prohíbe expresamente aplicarla.
Al único demandado privado, Mark Dickson, descrito por los demandantes como «delegado para llevar a cabo acciones de aplicación de la S.B. 8 con apariencia de legalidad estatal», también se le concedió su moción para suspender una orden del tribunal inferior, ya que los jueces consideraron que su apelación estaba vinculado a los otros demandados en lo que respecta a cuestiones jurisdiccionales.
El panel concluyó que hay serias dudas sobre la constitucionalidad de la ley de Texas en cuestión, pero, citando la reciente sentencia de la Corte Suprema contra una orden judicial preliminar en el caso, dijo que un tribunal federal no debería proceder todavía sin que se decidan las cuestiones de jurisdicción, ya que hacerlo «‘amenazaría con conceder a jueces no elegidos una autoridad general para llevar a cabo la supervisión de las decisiones de los poderes elegidos del gobierno'».
«A la luz de ese principio innegociable, no podemos permitir que los procedimientos sigan adelante mientras nuestro tribunal considera si el poder judicial federal tiene algún poder para considerar esta nueva demanda para empezar», escribieron.
El panel estaba formado por dos jueces designados por Donald Trump —los jueces de circuito Kyle Duncan y Kurt Damian Engelhardt— y la jueza de circuito designada por Ronald Reagan, Edith Hollan Jones, del conservador Quinto Circuito, se unieron a la orden per curiam.
El fallo, que acelera el caso al tribunal de apelaciones, deja la ley en vigor hasta que el tribunal considere los argumentos de ambas partes.
Whole Woman’s Health, una clínica de abortos y la principal demandante, no respondió a una solicitud de comentarios, como tampoco lo hizo la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, que presentó la demanda, ni un abogado de Dickson.
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