Un Tribunal de segunda instancia de Sao Paulo ratificó una sanción impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por «daño moral colectivo» contra la prensa.
La sentencia, dictada el viernes por la 4ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de São Paulo, confirmó la decisión del Juzgado Civil del Distrito de São Paulo emitida en junio de 2022, según el medio local Jovem Pan. El tribunal impuso a Bolsonaro una multa por 50,000 reales (cerca de USD 10,000), que se destinarán al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos.
La denuncia contra el exmandatario fue interpuesta en abril de 2021 por el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo (SJSP).
En la acusación, el sindicato sostuvo que Bolsonaro había incurrido en prácticas de «asedio moral sistemático» contra la prensa. Además alega que el demandado “ofende reiteradamente el honor y la imagen de la categoría profesional de los periodistas”.
El grupo de periodistas usó como base para su argumento las encuestas de la Federación Nacional de Periodistas, que según la sentencia del 2021, registró 175 ataques de Bolsonaro contra la prensa en 2020. Además, la entidad organizó la compilación de los supuestos ataques de Bolsonaro a periodistas en todo el país.
El abogado Raphael Maia, coordinador jurídico de la SJSP, dijo que los reiterados ataques contra los periodistas, “extrapolan su derecho a la libertad de expresión y suponen un acoso moral colectivo contra todas las categorías de periodistas, atacando la libertad de prensa y la propia democracia, ya que tienen la capacidad de infundir miedo en los profesionales de la prensa, muchas veces agredidos moral e incluso físicamente por simpatizantes del imputado, que lo tienen como ejemplo”.
La defensa de Bolsonaro argumentó en primera instancia, que al realizar los comentarios considerados ofensivos contra los periodistas, el expresidente solo estaba ejerciendo su derecho a criticar los informes de prensa que consideraba ofensivos para su reputación.
El dinero de la multa deberá ser depositado en un fondo público destinado a «resarcir a la sociedad de daños causados a la colectividad» y será destinado a obras sociales que serán definidas posteriormente.
The Epoch Times se puso en contacto con el exmandatario para solicitar comentarios al respecto.
Desde que dejó el cargo el pasado 31 de diciembre, el exmandatario se ha tenido que enfrentar a diversos problemas judiciales bajo el actual gobierno de Lula Da Silva.
A principios de mayo, la Policía Federal de Brasil realizó un allanamiento a la residencia del exmandatario brasileño bajo la Operación Venire, en un intento por investigar un presunto fraude de inserción de datos de vacunación contra la COVID-19 en los sistemas del Ministerio de Salud.
Con información de EFE.
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