Una corte federal de apelaciones ha permitido que una regla de planificación familiar de la administración Trump entre en vigencia, la cual prohíbe a las clínicas usar un programa federal de subvenciones, conocido como Título X, para realizar o derivar abortos.
El noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos dictaminó el lunes en una votación 7-4 que se levanten los mandatos ordenados por los tribunales de Oregón, California y el estado de Washington mientras los casos se desarrollan en los tribunales. Un panel de tres jueces de la corte había levantado previamente las órdenes judiciales, lo cual llevó a los grupos de derechos al aborto y a los estados a apelar el caso ante el tribunal completo del tribunal de circuito para su revisión.
El Título X de la Ley de Servicios de Salud Pública, un programa de subsidios promulgado en la década de 1970, proporcionó fondos para ciertos tipos de servicios de planificación familiar previos al embarazo. En 1988, se establecieron regulaciones del HHS para prohibir que las clínicas que reciben fondos del Título X brinden asesoramiento o referencias para el aborto como método de planificación familiar. Esas regulaciones fueron suspendidas varios años después, pero la administración Trump ahora está tratando de restablecer la regla de 1988, que se confirmó en la decisión de la Corte Suprema de 1991, Rust v. Sullivan.
En 2019, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió una regla que «prohíbe el uso de fondos del Título X para realizar, promover, recomendar o apoyar el aborto como método de planificación familiar», declaró el departamento en un comunicado. La regla también requiere «una clara separación financiera y física entre las actividades del Título X y las actividades que no pertenecen al Título X».
La regla aborda las quejas de los opositores al aborto, quienes han argumentado que los fondos del Título X ayudan a los proveedores de abortos, y a Planned Parenthood, en particular, a liberar otro dinero que luego puede usarse para financiar abortos. Mientras tanto, los defensores del aborto han caracterizado el movimiento de la administración Trump como una «regla de mordaza».
Luego de su promulgación, varios estados y beneficiarios privados del Título X demandaron a la administración Trump para desafiar la regla. Tres tribunales de distrito en estados separados ordenaron medidas cautelares preliminares contra la implementación de la regla.
En la decisión del lunes, los jueces se refirieron al caso similar de Rust en su opinión para permitir que la regla avance.
«A la luz de la aprobación de la Corte Suprema de las regulaciones de 1988 y nuestra amplia deferencia a las interpretaciones de las agencias de los estatutos que están encargados de implementar, los desafíos legales de los demandantes a la regla de 2019 fallan», escribió la jueza Sandra S. Ikuta en la opinión de la corte (pdf).
Ikuta también dijo que la regla de 2019 es «menos restrictiva» que la regla de 1988 porque un consejero que brinda asesoramiento sobre el embarazo «puede hablar sobre el aborto» siempre y cuando no «refiera» o «anime» al procedimiento, y agregó que «no hubo ‘mordaza’ en el asesoramiento sobre el aborto».
Mientras tanto, el juez Richard Páez argumentó en la disidencia que desde la decisión de Rust, el Congreso había prohibido al Departamento de Salud y Servicios Humanos imponer reglas «que frustran la capacidad de los pacientes para acceder a la atención médica». Él llamó al fallo un retroceso al «paternalismo del pasado».
«La mayoría nos devolvería a un mundo más antiguo, en el que un burócrata del gobierno podría restringir que un profesional médico informe a una paciente sobre la gama completa de opciones de atención médica disponibles para ella», escribió Páez. «Afortunadamente, el Congreso se ha asegurado de que tal intrusión federal ya no sea la ley del país».
La portavoz del Departamento de Justicia, Mollie Timmons, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times que estaban «complacidos por la decisión en banc del Noveno Circuito de mantener la regla de HHS que prohíbe el uso del dinero de los contribuyentes para subsidiar el aborto a través de subvenciones del Título X».
«El Congreso ha prohibido durante mucho tiempo el uso de fondos del Título X en programas donde el aborto es un método de planificación familiar y la reciente regla del HHS hace realidad esa prohibición de larga data», dijo. «Esperamos continuar defendiendo esta regla vital contra todos los desafíos».
Mientras tanto, los opositores a la norma emitieron declaraciones criticando el fallo. El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo en un comunicado que la regla de 2019 es «preocupante». California es uno de los estados que desafía la regla.
«La Regla Gag interfiere con las decisiones de atención médica que deben permanecer entre las mujeres y sus proveedores de atención médica», dijo Becerra.
Del mismo modo, la Asociación Médica Estadounidense (AMA), otro impugnante de la ley, también emitió una declaración expresando su decepción por el fallo del lunes, diciendo que «los jueces no tomaron debidamente en cuenta los argumentos legales de la AMA o el impacto de la decisión sobre la atención médica o la relación médico-paciente «.
Petr Svab, Zachary Stieber y The Associated Press contribuyeron a este informe.
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