El Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong concedió este miércoles una libertad bajo fianza con numerosas condiciones al empresario Jimmy Lai, conocido crítico del Partido Comunista Chino (PCCh), informó hoy la radiotelevisión hongkonesa RTHK.
El citado tribunal aceptó la libertad de Lai bajo una fianza de 10 millones de dólares de Hong Kong (1.3 millones de dólares o 1 millón de euros) y una serie de condiciones, como permanecer en su casa salvo para presentarse en comisaría tres veces por semana o comparecer ante la justicia, lo que supone un arresto domiciliario «de facto».
Asimismo, Lai -de 73 años, dueño del grupo de medios Next Digital y activista prodemocrático- debe entregar su pasaporte, y no le está permitido «usar redes sociales, conceder entrevistas, hacer declaraciones públicas, reunirse con funcionarios extranjeros o ‘conspirar con fuerzas extranjeras'», según RTHK.
Lai es el único de los cuatro acusados bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong al que, hasta la fecha, se le ha concedido la libertad bajo fianza.
Esta controvertida ley, en vigor desde el pasado 30 de junio, contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos de «confabulación con fuerzas extranjeras» o «secesión».
El pasado día 12, los tribunales denegaron a Lai la libertad bajo fianza en el caso por el que está acusado de violar la citada ley por su supuesta «confabulación con fuerzas extranjeras».
Veinte días en la cárcel
Aquel día, Lai – que llevaba entre rejas desde el 3 de diciembre – fue trasladado al tribunal encadenado y acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad.
El día 3, las autoridades judiciales hongkonesas ya le habían denegado la libertad bajo fianza, pero por un caso aparte en el que se le juzga por presunto fraude.
En el primero de estos dos casos la acusación sostiene que, entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, Lai «solicitó a un país o institución extranjera» la imposición de «sanciones o bloqueos, o la puesta en marcha de otras actividades hostiles» contra el Gobierno de Hong Kong.
El caso está aplazado hasta el próximo 16 de abril, día en el que Lai acudirá también a los tribunales para la vista del citado proceso por fraude.
Desde la entrada en vigor de la polémica ley de seguridad – diseñada e impuesta por Beijing – se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos han optado por exiliarse para tratar de evitar represalias por actividades que, bajo la nueva legislación, podrían ser constitutivas de delito.
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