El presidente de Estados Unidos Donald Trum ordenó este viernes un importante ajuste en el sistema de Servicio Civil del Gobierno, a través de tres órdenes ejecutivas, de acuerdo a la administración.
Una de las órdenes limitará significativamente la cantidad de tiempo que los empleados públicos pueden trabajar para los sindicatos, mientras aún están siendo pagados por el gobierno. El gobierno espera que la orden ahorre a los contribuyentes USD 100 millones en el transcurso de un año, según un alto funcionario de la administración.
Cerca de mil empleados gastaron al menos la mitad de su tiempo financiado por los contribuyentes, trabajando para los sindicatos durante un año en 2017, según un memorándum del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental. Los contribuyentes estadounidenses pagaron USD 177,2 millones en 2016, por el tiempo que los empleados del gobierno pasaron trabajando para los sindicatos, de acuerdo con la Oficina de Administración de Personal.
La orden ejecutiva de Trump limita a un 25 por ciento la cantidad de tiempo que los empleados federales pueden usar para el trabajo sindical. Los empleados además ya no tendrán permiso de utilizar este tiempo financiado por los contribuyentes para presionar al Congreso en nombre de los sindicatos. La orden también prohíbe el uso de fondos del gobierno para hacer llamamientos sindicales contra el despido de trabajadores del gobierno.
El gobierno federal también comenzará a cargar un costo de alquiler a los sindicatos por el uso de espacio en las oficinas gubernamentales, así como los costos de viaje incurridos por los empleados que pasan tiempo trabajando para los sindicatos, usando dinero de los contribuyentes.
«A los dentistas del Departamento de Asuntos de Veteranos, a los controladores de tráfico aéreo en el Departamento de Transporte, y los examinadores de impuestos en el Departamento del Tesoro, se les paga por un trabajo que no fueron contratados y no hacen el trabajo para el que fueron contratados”, dice una nota del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental.
Por ejemplo, un empleado del Departamento de Transporte pasó el 100 por ciento de su tiempo trabajando para un sindicato en 2017, y el gobierno le pagó USD 187.000. Una enfermera anestesista del Departamento de Asuntos de Veteranos ganó más de USD 190.000, mientras pasó todo el tiempo trabajando para un sindicato.
El tiempo que los empleados del gobierno gastan en trabajar para los sindicatos ha sido llamado»hora oficial». En 2017, 221 empleados del gobierno analisados gastaron al menos la mitad de tiempo trabajando para los sindicatos, mientras se les pagaba más de USD 100.000 por año.
La segunda orden ejecutiva hará que sea más fácil para las agencias gubernamentales despedir a los empleados por mala conducta evidente. Un alto funcionario de la administración citó una investigación que muestra que los trabajadores de gobierno tienen 44 veces menos probabilidades de ser despedidos después de su primer año de prueba, en comparación con los trabajadores del sector privado.
La orden también elimina una política de la era de Obama que ordenó a las agencias que: en caso de no despedir a un empleado por un tipo específico de mala conducta, entonces no se puede despedir a cualquier otro empleado por el mismo tipo de mala conducta.
La orden también prohíbe a las agencias ocultar información unas a otras. Un alto funcionario de la administración explicó que los departamentos a veces hacen tratos con los empleados que están despidiendo, para no divulgar información a otras agencias, lo que significa tener trabajadores que fueron despedidos por mala conducta y otros problemas en otras agencias gubernamentales.
Los objetivos de la tercer orden ejecutiva se refieren a los contratos. Estos a menudo incluyen disposiciones que hacen que sea más difícil despedir a los trabajadores. Mientras los sindicatos a menudo negocian estos contratos pagados por los contribuyentes, en efecto eluden el proceso democrático, al usar dinero de los contribuyentes para pedir más dinero a los contribuyentes.
La norma ordena a todas las agencias gubernamentales que renegocien sus contratos sindicales y ordena que el público los pueda revisar. La orden ejecutiva también crea un organismo gubernamental centralizado para revisar y negociar los contratos.
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