Si es elegido para un segundo mandato presidencial en 2024, el expresidente Donald Trump investigaría a los «fiscales de distrito locales marxistas», según un reciente video político que subió a Internet.
El excomandante en jefe prometió «revisar» el Departamento de Justicia si gana otro mandato y perseguir a los funcionarios involucrados en «investigaciones de derechos civiles», añadiendo que «los fiscales de Soros parecen estar participando en la aplicación selectiva basada en la discriminación racial ilegal» en lugares como Chicago, San Francisco y Los Ángeles. Se refería al multimillonario financiero de izquierdas George Soros, que ha proporcionado millones de dólares en contribuciones de campaña a fiscales de distrito de izquierda, incluido el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg.
«A medida que revisemos completamente el Departamento de Justicia federal y el FBI, también lanzaremos amplias investigaciones de derechos civiles sobre los fiscales de distrito locales marxistas», añadió Trump en un video publicado en su página de YouTube, que fue restaurada a principios de este año tras una suspensión de dos años. «Y eso es lo que tenemos: son marxistas en muchos casos».
Pidió citaciones federales en los correos electrónicos, el personal y los registros de varias fiscalías para determinar si han violado «las leyes federales de derechos civiles». Trump destacó el caso de Daniel Perry, un exsargento del Ejército de EE. UU., que fue condenado por asesinato en Austin, Texas, en un caso que algunos conservadores dijeron que fue injustamente llevado por la oficina del fiscal de distrito local.
Trump también se comprometió a nombrar a un centenar de fiscales federales que sean el «polo opuesto» de los «fiscales de distrito de Soros y otros que están siendo nombrados en todo Estados Unidos». Dijo que esos funcionarios serán los «guerreros legales más feroces» que atacarán la peor «corrupción comunista» que este país haya visto jamás.
«Tendremos una investigación completa sobre el uso de tácticas de estado policial por parte de las autoridades federales para detener a los conservadores y cristianos», dijo, y agregó que los estadounidenses deben «hacer frente a las escuelas de derecho radicalizadas».
El comité de acción política progresista Color of Change de Soros proporcionó donaciones de campaña a Bragg y a otros candidatos a fiscal de distrito de tendencia izquierdista en otros municipios, según Voting While Black. Cabe destacar que Bragg presentó 34 cargos por delitos graves contra Trump a principios de este mes durante una histórica comparecencia en el tribunal de Manhattan en relación con los pagos que el expresidente hizo a Stormy Daniels y a otra mujer durante la campaña de 2016.
En medio de la polémica, Bragg no ha abordado las afirmaciones de que su campaña recibió dinero en efectivo de Color of Change. Pero Soros, en una entrevista reciente, negó tener una conexión con Bragg, un demócrata.
«Creo que algunos de la derecha prefieren centrarse en teorías conspirativas descabelladas que en las graves acusaciones contra el expresidente», declaró Soros al medio de comunicación Semafor. «Los fondos que aporto permiten que los candidatos sensatos y reformistas sean escuchados por el público. A juzgar por los resultados, al público le gusta lo que está oyendo», escribió también el año pasado en el Wall Street Journal.
Color of Change, según OpenSecrets.org, donó unos 500,000 dólares a la campaña de Bragg. Fue elegido en 2021.
«Durante demasiado tiempo, los neoyorquinos han vivido bajo dos sistemas de justicia», dijo Color of Change en un comunicado de prensa de 2021 al anunciar que apoyaría la candidatura de Bragg. «Un sistema protege y privilegia a los poderosos y bien conectados; el otro victimiza y penaliza a la gente de color y a los que no tienen poder».
El grupo argumentó que apoya a estos candidatos porque «una verdadera reforma de la justicia penal requiere no sólo ganar elecciones, sino también cambiar las leyes y aumentar la financiación para las comunidades en lugar de depender de la policía».
Algunos expertos afirman que, fuera de la oficina de Bragg, decenas de fiscales locales afines han sido elegidos desde 2014 y se han convertido en un importante bloque de poder dentro de Estados Unidos, controlando jurisdicciones que abarcan un gran número de las principales ciudades del país.
«Creen que el sistema de justicia penal es excesivamente punitivo y racialmente sesgado y que es irredimible», dijo Sean Kennedy, experto en justicia penal del Instituto de Políticas Públicas de Maryland, a The Epoch Times el año pasado. «Así que intentan socavarla desde dentro».
El «movimiento de fiscales deshonestos» se remonta al «movimiento de abolición de las prisiones», dijo Zack Smith, ex fiscal federal que trabaja con The Heritage Foundation. «En realidad existe un movimiento; es un movimiento marxista que cree que deberíamos abolir las prisiones en Estados Unidos», dijo.
«Muchos miembros de este movimiento… se han hecho a la idea de que nuestro sistema de justicia penal es sistemáticamente racista, que tenemos un problema de encarcelamiento masivo, que arrestamos a demasiada gente, encarcelamos a demasiada gente. Y por eso quieren reducir la población carcelaria y hacer que muchas cosas que tradicionalmente han sido delitos dejen de serlo o se castiguen con penas menores, como una multa por exceso de velocidad o una infracción civil», dijo.
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