Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron el 29 de febrero a una corte de apelaciones de Illinois que suspenda la orden de una jueza que lo inhabilita de la boleta electoral.
La jueza de la Corte de Circuito del Condado de Cook, Tracie Porter, dictaminó el 28 de febrero que el presidente Trump estaba «descalificado por participar en insurrección» y los votos por él deberían ser anulados si la orden entra en vigor.
Illinois celebrará elecciones primarias el 19 de marzo. Ya se han impreso boletas con el nombre del presidente Trump y se han enviado a los votantes boletas por correo con su nombre.
«Suspender esta sentencia hasta que las cortes de apelación de Illinois decidan finalmente este caso reduciría el gran riesgo de confusión de los votantes y las dificultades logísticas para los funcionarios electorales», dice la apelación.
La jueza Porter había suspendido su propia orden de remoción hasta el 1 de marzo en caso de que el fallo fuera apelado, pero la redacción de la suspensión era vaga. Los abogados del presidente Trump pidieron a la corte que aclarara que la suspensión continuaría después del 1 de marzo en caso de apelación, hasta que una corte superior haya dictado sentencia, solicitando una suspensión de emergencia en caso contrario.
«En consecuencia, si esta corte deniega esta moción o no se ha pronunciado antes de las 12:00 horas del 29 de febrero de 2024, el candidato tiene la intención de solicitar a la Corte de Apelaciones dicha suspensión de emergencia. Por lo tanto, el presidente Trump solicita respetuosamente un fallo de esta corte sobre esta moción lo antes posible el 29 de febrero», dice la apelación.
Los abogados del presidente Trump argumentaron previamente que la jueza Porter debería retener el juicio hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera su decisión. Esa corte había escuchado los argumentos sobre la descalificación del expresidente por parte de la Corte Suprema de Colorado el 8 de febrero.
La jueza rechazó la moción y dictaminó que la ley estatal permite a los funcionarios destituir a candidatos inelegibles.
En Illinois, como en muchas impugnaciones similares presentadas en todo el país, el argumento de que el presidente Trump es inelegible se basa en la teoría de que los sucesos del 6 de enero de 2021 constituyeron una insurrección, y que la Sección 3 de la 14ª Enmienda otorga a los estados la potestad de inhabilitar a un candidato presidencial. Estas son sólo algunas de las cuestiones que se plantean actualmente ante la Corte Suprema.
Decisión de inhabilitación
El fallo de la jueza Porter decía: «Esta Orden se suspende hasta el 1 de marzo de 2024, en previsión de una apelación ante la Corte de Apelaciones de Illinois, Primer Distrito, o la Corte Suprema de Illinois. Esta Orden se suspende además si la Corte Suprema de Estados Unidos en Anderson vs Griswold toma una decisión inconsistente con esta Orden».
Anteriormente, la Junta Estatal de Elecciones de Illinois bipartidista votó unánimemente para mantener al presidente Trump en la boleta electoral después de determinar que la junta no tenía la autoridad para analizar cuestiones constitucionales. La junta votó unánimemente para mantener al presidente Joe Biden en la boleta electoral por razones similares, en respuesta a dos desafíos separados presentados contra el presidente en ejercicio.
La impugnación de la elegibilidad del presidente Trump fue entonces apelada en el tribunal de circuito, y las partes han indicado que cualquiera que sea el fallo, sería apelado ante la Corte Suprema de Illinois.
Al solicitar una suspensión, los abogados del presidente Trump argumentaron previamente ante la jueza Porter que el momento de la impugnación privaría de derechos a los votantes. Las boletas de votación ya se habían emitido listando al presidente Trump, y los peticionarios pedirían que esos votos no se contaran.
Al apelar ante la corte la decisión de la junta electoral estatal, los demandantes —cinco votantes de Illinois respaldados por el grupo activista Free Speech for People— argumentaron que el fallo de la junta implicaba que «nunca» podría hacer cumplir los «requisitos de candidatura establecidos en la Constitución de EE. UU. o de Illinois». Los argumentos también se centraron en si la junta electoral había creado una nueva cuestión para determinar si un candidato mintió a sabiendas en su solicitud para aparecer en las boletas estatales.
Los abogados del presidente Trump argumentaron que todas estas eran cuestiones administrativas de derecho estatal que aún podrían resolverse después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la elegibilidad del presidente Trump, y sacaron el componente políticamente cargado de la ecuación.
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