El expresidente Donald Trump llegó a una corte federal en Florida el 12 de febrero para una audiencia a puerta cerrada en su caso relacionado con documentos clasificados encontrados en su finca Mar-a-Lago en Palm Beach.
La audiencia, celebrada en Fort Pierce, se está llevando a cabo en una Instalación de Información Sensible Compartimentada (SCIF), equipada para la revisión de materiales clasificados.
La juez federal de distrito, la Sra. Aileen Cannon, escuchará por separado los argumentos de los abogados del presidente Trump y del asesor especial del Departamento de Justicia, el Sr. Jack Smith —fuera de la presencia del otro— sobre los procedimientos para manejar evidencia clasificada en el caso.
«Los abogados defensores deberán estar preparados para discutir sus teorías de defensa del caso, en detalle, y cómo cualquier información clasificada podría ser relevante o útil para la defensa», escribió el juez al programar la audiencia.
El equipo de defensa de presidente número 45 expondrá sus argumentos por la mañana, y Smith lo hará por la tarde.
Un presidente a prueba
La comitiva del expresidente Trump llegó a la corte poco después de las 9 de la mañana. La audiencia es la última de una serie de comparecencias judiciales relacionadas con sus diversos casos legales que se están llevando a cabo en la costa este.
Por ejemplo, en los últimos meses, el neoyorquino hizo varios viajes a su antiguo estado natal para asistir al caso por fraude civil presentado en su contra por la fiscal general de Nueva York, la Sra. Letitia James, así como a una demanda por difamación interpuesta por la escritora E. Jean Carroll.
Mientras que el veredicto en el juicio por fraude ha sido pospuesto, el jurado en el caso de difamación ordenó el mes pasado al presidente Trump que pague a la Sra. Carroll 83 millones dólares en daños y perjuicios por las declaraciones en las que negaba las acusaciones de agresión sexual en su contra.
El expresidente también está defendiéndose de cargos criminales en dos casos relacionados con su desafío de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y la irrupción al Capitolio del 6 de enero que le siguió.
Smith está llevando uno de esos casos en nombre del Departamento de Justicia. El segundo fue presentado por la Sra. Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, que desde entonces se vio envuelta en un escándalo.
Archivos judiciales recientes confirman que Willis inicialmente no reveló que tiene una «relación personal» con el abogado Nathan Wade, el fiscal especial que contrató para ayudar con su investigación del presidente Trump.
Las acusaciones de una relación amorosa entre los dos surgieron el mes pasado en una presentación judicial de Michael Roman, uno de los coacusados del presidente Trump. La presentación también alegó que Wade usó fondos que recibió de su trabajo en el caso para pagar costosas vacaciones y cenas que compartió con Willis.
Tanto Willis como Wade afirman que su relación no estableció hasta después de que él fuera contratado. Pero Terrence Bradley, exsocio de Wade y abogado de divorcio, se comprometió a testificar que la relación en realidad comenzó en enero de 2021, antes de que Willis sea nombrada fiscal del distrito, según los abogados de Roman.
Los abogados del expresidente Trump pidieron que el caso sea desestimado a la luz de las acusaciones.
Interferencia electoral
Otro dilema legal al que se enfrenta el expresidente es la cuestión de si es legalmente elegible para volver a ocupar la presidencia.
La Corte Suprema de Colorado decidió que no lo es, ordenando que su nombre sea eliminado de la boleta electoral de las primarias del estado sobre la base de una interpretación no probada de la Cláusula de Inhabilitación de la 14ª Enmienda. Maine le siguió poco después.
Como muchos otros estados están sopesando desafíos similares a la elegibilidad del presidente Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino para determinar si el fallo de Colorado era válido.
«Creo que la cuestión que hay que afrontar es por qué un solo estado debe decidir quién llega a ser presidente de Estados Unidos», dijo la jueza Elena Kagan al abogado Jason Murray, que representa a los impugnadores del presidente Trump en Colorado, en una audiencia celebrada el 8 de febrero.
«Esta cuestión de si un expresidente está inhabilitado por insurrección para volver a ser presidente me suena terriblemente nacional», dijo el juez. «Así que, cualesquiera que sean los medios para aplicarla, sugeriría que tienen que ser medios federales, nacionales».
Y no fue la única escéptica de la corte.
De hecho, varios magistrados parecían preocupados por lo que podría ocurrir si permiten que se mantenga el fallo de la corte inferior.
«Yo esperaría que un buen número de estados dijeran, sea quien sea el candidato demócrata: ‘Estás fuera de las boletas’. Y otros, para el candidato republicano, ‘Estás fuera de la boleta'», dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. «Todo se reducirá a un puñado de estados que decidirán las elecciones presidenciales. Es una consecuencia bastante desalentadora».
El expresidente Trump sostiene que todas las batallas judiciales que está librando no son más que otro intento de impedir que recupere la Casa Blanca.
«Considero que es más interferencia electoral por parte de los demócratas, eso es lo que están haciendo», dijo a los periodistas después de la audiencia en la Corte Suprema. «La buena noticia es que vamos en cabeza en prácticamente todas las encuestas».
Con información de The Associated Press.
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