El presidente Donald Trump autorizó que se sancionara a cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que tratara de investigar o procesar a personal de los Estados Unidos, ya que altos funcionarios sostuvieron que Estados Unidos lleva a cabo sus propias investigaciones sobre presuntas conductas indebidas.
Trump emitió una orden ejecutiva el jueves declarando una emergencia nacional, que viene motivada por los intentos de la CPI de afirmar su autoridad sobre el personal estadounidense sin el consentimiento de EE.UU.
Si el secretario de Estado Mike Pompeo determina que personas extranjeras están involucradas en tales intentos, sus propiedades e intereses podrían ser bloqueados por los funcionarios del Departamento del Tesoro.
Altos funcionarios de la administración, incluyendo el secretario de Defensa Mark Esper, anunciaron su apoyo a la medida.
Los intentos de los funcionarios de la CPI de investigar al personal estadounidense es algo «inconsistente con los principios fundamentales del derecho internacional», dijo Esper en una conferencia de prensa el jueves por la mañana, añadiendo que EE.UU. no es parte del Estatuto de Roma (que creó la CPI) y no ha aceptado a los funcionarios que tienen jurisdicción sobre el personal estadounidense.
«Estamos aquí hoy para defender la soberanía americana», añadió el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien. Los esfuerzos de la CPI son «infundados, ilegítimos y constituyen una burla a la justicia».
La comunidad de inteligencia indica que los enemigos de Estados Unidos están alentando los intentos de enjuiciar al personal estadounidense, dijo.
A principios de este año, los jueces del tribunal dieron luz verde a una investigación de supuestos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas del gobierno afgano, los militantes talibanes, las tropas estadounidenses y el personal de inteligencia de Estados Unidos.
Fue la primera vez que el tribunal concedió una aprobación para investigar a las fuerzas estadounidenses.
«Las numerosas víctimas de crímenes atroces cometidos en el contexto del conflicto en Afganistán merecen que se les haga justicia por fin. Hoy están un paso más cerca de ese codiciado resultado», dijo en aquel entonces la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en una declaración.
Bensouda se comprometió a llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y objetiva.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en un comunicado el jueves que Trump también autorizó la expansión de las restricciones de visado a los funcionarios de la CPI y a sus familiares.
«La Corte Penal Internacional se estableció para rendir cuentas por los crímenes de guerra, pero en la práctica ha sido una burocracia internacional que no rinde cuentas y es ineficaz… pone en su punto de mira al personal de Estados Unidos y lo amenaza, así como al personal de nuestros aliados y socios», dijo.
Los funcionarios alegaron repetidamente que la corte es corrupta y que no ha tomado medidas para reformarse.
Si los funcionarios de la CPI tienen información sobre la supuesta mala conducta del personal de Estados Unidos, pueden presentar dicha información a las autoridades estadounidenses, dijo Esper.
La CPI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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