El presidente Donald Trump ha anunciado que su administración retendrá fondos de ciudades santuario en línea con un fallo de la corte de febrero que decidió que el gobierno puede hacerlo a los estados que no cumplan con las políticas federales de inmigración.
“Según el reciente fallo del Tribunal Federal, el Gobierno Federal retendrá fondos de las Ciudades Santuario. Deberían cambiar su estado y no ser santuarios”, escribió Trump en un comunicado. «¡No protejan a los criminales!»
As per recent Federal Court ruling, the Federal Government will be withholding funds from Sanctuary Cities. They should change their status and go non-Sanctuary. Do not protect criminals!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020
El 26 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. de la corte del 2do Circuito en Nueva York anunció el fallo, que revocó una decisión de un tribunal de primera instancia que había ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) liberar los fondos a la ciudad de Nueva York y a siete estados: Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, Virginia y Rhode Island.
Los fondos se mantuvieron bajo la política del departamento, pero el tribunal inferior dictaminó que el Departamento de Justicia carecía de la autoridad para imponer varias condiciones relacionadas con la inmigración en el programa de subsidios federales del Congreso, conocido como el Programa de subsidios de asistencia judicial Edward Byrne Memorial (o el Byrne JAG).
El programa de subvenciones Byrne JAG fue creado para apoyar una serie de iniciativas que incluyen la aplicación de la ley, el enjuiciamiento y la corte, la prevención y la educación, y otras áreas relacionadas, a través de fondos para los gobiernos estatales y locales.
En 2017, el Departamento de Justicia impuso tres condiciones que los solicitantes estatales y municipales tenían que cumplir para acceder al programa de subvenciones. Las condiciones requerían que los estados y las ciudades eliminaran cualquier restricción en la comunicación entre las agencias y funcionarios estatales y locales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); dar acceso al DHS a los centros de detención para entrevistar a los reclusos sobre su estado migratorio y dar aviso al DHS cuando un extranjero buscado esté programado para ser liberado de un centro de detención.
Pero los siete estados demandaron al departamento en 2018 pidiendo un desagravio por mandato judicial de las tres condiciones. El tribunal de distrito falló a favor de los estados, impidiendo que el departamento imponga las condiciones a los retadores y ordenando que el departamento les libere fondos.
En apelación al 2do Circuito, el panel de tres jueces revocó la decisión, dictaminando que el «lenguaje claro de los estatutos relevantes autoriza al Fiscal General a imponer las condiciones impugnadas», y que el tribunal de apelaciones «no puede aceptar que se debe prohibir al gobierno federal que imponga las condiciones impugnadas sobre las subvenciones federales aquí en cuestión».
Las ciudades santuario son locales que han promulgado medidas para evitar que los funcionarios locales cooperen con las autoridades federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si un extranjero ilegal es arrestado o condenado por un delito e ICE solicita su custodia, las políticas de santuario pueden evitar que la policía cumpla con la solicitud. Ocho estados y cientos de ciudades en los Estados Unidos son reconocidos como santuarios para inmigrantes ilegales.
A principios de febrero, el Fiscal General William Barr anunció que el Departamento de Justicia tomará medidas significativas contra las políticas de santuario en los gobiernos locales y estatales de todo el país.
Trump en su discurso sobre el estado de la Unión a principios de febrero destacó una legislación que, de aprobarse, permitiría a los ciudadanos estadounidenses, como las familias de víctimas de actos criminales de inmigrantes ilegales, demandar a ciudades y a estados santuarios.
Janita Kan contribuyó a este informe.
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