Los documentos trasladados desde la Casa Blanca a la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida habían sido designados como personales, insisten sus abogados, según documentos judiciales recién publicados.
El equipo legal de Trump afirmó que, en virtud de la Ley de Registros Presidenciales, corresponde principalmente al entonces presidente en funciones determinar si esos materiales de Mar-a-Lago incautados por agentes federales a principios de agosto constituyen un registro gubernamental, y la decisión «no se puede impugnar» una vez tomada.
«El presidente Trump todavía estaba cumpliendo su mandato cuando los documentos en cuestión fueron empaquetados, transportados y entregados a su residencia en Palm Beach, Florida», escribieron los abogados del expresidente en una presentación de 21 páginas (pdf). «Por lo tanto, cuando tomó una decisión de designación, era presidente de Estados Unidos; su decisión de retener ciertos registros como personales tiene derecho a la deferencia, y los registros en cuestión son, por lo tanto, presuntamente personales».
«En otras palabras, es la designación del presidente —no lo que parece o el contenido de un determinado documento— lo que es determinante», escribieron, añadiendo que no es necesario que el expresidente presente pruebas documentales para confirmar la designación, ya que su conducta lo ha demostrado «inequívocamente».
El Departamento de Justicia contradijo la demanda, diciendo que es incompatible con la Ley de Registros Presidenciales y que «anularía todo el propósito de los estatutos» de la ley escrita al permitir que un presidente elimine todos los registros oficiales al final de una presidencia. Los abogados del gobierno dijeron al tribunal en una presentación judicial del 8 de noviembre (pdf) que Trump no puede decidir que un registro es su propiedad personal «simplemente diciéndolo» o «simplemente por el acto de retirarlos de la Casa Blanca».
Las presentaciones recientemente reveladas se hicieron al juez retirado Raymond Dearie, que ahora es el árbitro independiente, conocido como perito especial, para revisar los materiales y determinar si algún documento es privilegiado y debe ser excluido de la caché de pruebas de los investigadores federales.
La batalla legal de Trump contra el Departamento de Justicia se produjo después de que el FBI incautara más de 11,000 documentos y materiales en su casa y complejo turístico de Florida, incluidos unos 100 documentos marcados como clasificados o de alto secreto. Sus abogados han tratado desde agosto de limitar el acceso a los documentos en la investigación penal, mientras que el expresidente declaró que desclasificó los materiales cuando dejó el cargo.
Calificando la disputa de Trump como «un juego de ¿dónde está la bolita?», el Departamento de Justicia dijo que si el expresidente categoriza un documento como un registro personal, entonces ya no puede hacer valer el privilegio ejecutivo sobre él, y agregó que el perito especial «no debería permitir este tipo de juegos».
«El demandante ha indicado en docenas de instancias que hace valer el privilegio ejecutivo solo si el perito especial rechaza su afirmación de que un documento es un registro ‘personal’ y determina que es un registro presidencial».
La jueza de distrito de Estados Unidos Aileen Cannon, que preside la demanda de Trump y nombró a Dearie, había bloqueado temporalmente al DOJ para que continuara su revisión de los materiales incautados y utilizara los materiales con fines de investigación, «a la espera de la finalización de la revisión del perito especial o de una nueva orden del Tribunal».
El 21 de septiembre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito anuló por unanimidad partes del fallo de Cannon para permitir que el DOJ volviera a tener acceso a los documentos marcados como clasificados.
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