BOGOTÁ, Colombia – El flujo continuo de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos se ha convertido en un punto de disputa entre los dos países, a medida que Washington pierde la paciencia con la falta de progreso de Bogotá en la reducción de la producción de drogas.
Al salir de un evento político sobre la migración en Florida el 29 de marzo, el presidente Donald Trump elogió al presidente colombiano Iván Duque por ser «un tipo realmente bueno», pero luego lo criticó por no hacer lo suficiente para detener el auge de la producción de cocaína.
«Dijo cómo iba a detener las drogas. Ahora mismo están saliendo más drogas de Colombia que antes de que fuera presidente, así que no ha hecho nada por nosotros», dijo Trump. Desde entonces, Duque ha devuelto el golpe, afirmando que «nadie le dice a Colombia lo que tiene que hacer».
Los medios de comunicación locales han informado que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, ha estado teniendo reuniones secretas con congresistas colombianos antes de la votación sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado para investigar y juzgar crímenes de guerra durante el conflicto.
Whitaker presuntamente presionó a los políticos para que votaran a favor de modificar el tribunal a fin de facilitar la extradición de un excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, según Washington, está implicado en el tráfico de cientos de millones de dólares de drogas hacia Estados Unidos, bajo riesgo de perder 500 millones de dólares en ayuda estadounidense.
Producción de cocaína a niveles récord
El presidente más joven de Colombia fue elegido el 17 de junio en una plataforma conservadora y fue el candidato más cercano a Estados Unidos en la votación. Se creía que tenía fuertes afinidades y relaciones personales con la administración de Estados Unidos. Cuando él y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunieron en Cartagena en enero, agradeció a Pompeo por el apoyo de la administración Trump a su gobierno, destacando los muchos años de amistad entre los dos países. Colombia es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina.
Ahora, sin embargo, la paciencia de Trump parece estar disminuyendo debido a la incapacidad de Colombia para hacer frente a la producción de cocaína, que se mantiene en niveles récord.
Se esperaba que el histórico acuerdo de paz de 2016 con las FARC, un grupo guerrillero marxista que se cree que ha sido un actor importante en el tráfico de drogas, reduciría la producción de cocaína y su flujo hacia países extranjeros como Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de la droga.
Pero a pesar del acuerdo de paz y de los cerca de 400 millones de dólares prometidos por Estados Unidos –y 300 millones de la ONU– para abordar el problema, la producción de cocaína ha aumentado.
En 2017, la producción de la droga aumentó 31 por ciento a unas 1400 toneladas cultivadas en 171.000 hectáreas de plantaciones de coca, un récord histórico según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado en septiembre de 2018.
En agosto de 2018, Duque prometió «resultados concretos», pero su gobierno dice que están limitados por la suspensión de la fumigación aérea de coca con el químico glifosato, una decisión tomada en 2015 por el expresidente Juan Manuel Santos tras las advertencias de la Organización Mundial de la Salud de que el químico podría estar relacionado con el cáncer.
Los planes de usar drones para fumigar los cultivos de coca, el ingrediente base de la cocaína, se han estancado desde entonces a raíz de las críticas.
Pompeo volvió a poner el espinoso tema en el candelero el 14 de abril, durante una visita a la ciudad de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, para discutir la espiral de la crisis económica, política y social que ha causado que más de un millón de venezolanos huyeran a Colombia.
Pompeo utilizó un tono más suave, afirmando que Estados Unidos «continuará trabajando» con Colombia para frenar los flujos de drogas y «hará su parte para reducir la demanda de drogas ilegales en nuestro propio país», al tiempo que dijo que el líder colombiano había «heredado» el tema.
El 15 de abril, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo a los periodistas que el gobierno está ansioso por comenzar de nuevo la fumigación aérea, pero que una prohibición judicial contra la fumigación aérea, respaldada por la Corte Constitucional, se interpone en el camino.
Mientras tanto, se están considerando otros enfoques, dijo. «Estamos buscando otras alternativas, como una plaga que pueda penetrar en la [planta de] coca, pero todo eso necesita un sólido apoyo científico».
Adam Isaacson, analista andino de la Oficina en Washington para América Latina, dice que para anular realmente la producción de cocaína, el gobierno colombiano necesita idear una estrategia a largo plazo.
«Creo que el hecho de que la demanda se haya mantenido constante es importante, y el gobierno no ha dado a los agricultores alternativas que sean viables en el corto plazo», dijo, señalando que 120.000 hogares colombianos viven actualmente de la cosecha, sin alternativa económica.
«Además, el crecimiento de las economías ilegales se debe a las inmensas oportunidades [de dinero] que aprovecharon los grupos que buscan llenar el vacío dejado por las FARC».
Las FARC se desarmaron en junio de 2017 y se reformaron como partido político legal, de acuerdo con los términos de un acuerdo de paz. Sin embargo, miles de sus antiguos miembros siguen involucrados en el tráfico de drogas.
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