El presidente Donald Trump emitió un decreto el 4 de octubre para negar visas a los inmigrantes que no tengan seguro de salud, en un esfuerzo por proteger los beneficios de atención médica para los ciudadanos estadounidenses.
La regla, vigente a partir del 3 de noviembre, indica que los ciudadanos extranjeros deberán demostrar que «estarán cubiertos por un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a su ingreso al país o tendrán los recursos financieros para pagar los costos médicos», antes de calificar para una visa de inmigrante. Esto podría incluir pruebas de que estarán cubiertos por un plan de salud familiar o plan de seguro de trabajo.
La regla no afectará a los refugiados, solicitantes de asilo o aquellos que tienen visas de no inmigrante. Según la Casa Blanca, «se harán una serie de excepciones, como las de los hijos de ciudadanos estadounidenses».
«El presidente Trump está tomando esta medida para garantizar que protejamos la disponibilidad de beneficios de atención médica para los ciudadanos estadounidenses», dijo la Casa Blanca en un anuncio, señalando que «el envío de grandes cantidades de inmigrantes que no pueden pagar su propia atención médica es una carga para nuestros contribuyentes y sistema de salud».
Altos costos para los contribuyentes
Trump dijo en su proclama que cuando los hospitales y otros proveedores no son reembolsados por la atención que brindan a quienes no tienen seguro, los costos asociados con dicha atención se transfieren a los ciudadanos estadounidenses en forma de impuestos más altos, primas más altas y tarifas más altas para servicios médicos.
«Tales costos no compensados … han excedido los USD 35.000 millones en cada uno de los últimos 10 años», escribió. «Estos costos ascienden a aproximadamente USD 7 millones en promedio por cada hospital en los Estados Unidos, y pueden llevar a los hospitales a la insolvencia».
«Los datos muestran que los inmigrantes legales son tres veces más propensos a carecer de seguro de salud, que los ciudadanos de los Estados Unidos», agregó. «Los inmigrantes que ingresan a este país no deberían ensuciar más nuestro sistema de salud y, posteriormente, los contribuyentes estadounidenses, con mayores costos».
Un estudio de la Kaiser Family Foundation publicado en julio señaló que en la población no anciana, el 23 por ciento de los inmigrantes legales probablemente no tenían seguro. La cifra disminuye a 8 por ciento cuando se trata de ciudadanos estadounidenses.
Un estudio realizado por el Centro de Estudios de Inmigración en 2015 señaló que el 42 por ciento de los hogares encabezados por un inmigrante (legal o ilegal) incluía al menos una persona que recibe Medicaid, en comparación con el 23 por ciento de los hogares nativos.
Regla de «carga pública»
La nueva proclamación se produce cuando la administración Trump anunció en agosto una regla de «carga pública» (pdf) que busca garantizar que los futuros inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos sin convertirse en una carga para los contribuyentes.
La norma, que entrará en vigencia el 15 de octubre, permite al gobierno negar el estatus de residente permanente a aquellos que según la norma dependen de los programas de asistencia social. Si a alguien se le niega una green card, no son deportados, sino que permanecen en el estado migratorio que tenían.
«A través de la regla de la carga pública, la administración del presidente Trump está reforzando el ideal de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito en Estados Unidos», dijo Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., una agencia del Departamento de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa de la Casa Blanca el 12 de agosto.
La nueva regla define a un inmigrante como una «carga pública» si recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses dentro de un período de 36 meses. La regla también enumera los casos en que las personas están exentas de la regulación, en gran parte por razones humanitarias.
La Casa Blanca señaló que promover la autosuficiencia entre los inmigrantes ha sido un principio básico del sistema de inmigración durante mucho tiempo, citando una legislación bipartidista (pdf) de 1996 promulgada por el Congreso y el presidente Bill Clinton.
Parte de la legislación establece que «los extranjeros dentro de las fronteras de la nación [no deberían] depender de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades».
«La disponibilidad de beneficios públicos [no debería] constituir un incentivo para la inmigración a los Estados Unidos», continúa, y agrega que «a pesar del principio de autosuficiencia, los extranjeros han estado solicitando y recibiendo beneficios públicos de los gobiernos federal, estatal y gobiernos locales a tasas crecientes».
Video relacionado
Por qué los progresistas quieren más inmigración ilegal
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
