El presidente Donald Trump nombró a un abogado de la Casa Blanca como Inspector General para los millones de dólares aprobados por el Congreso para el alivio por el virus del PCCh, una elección a la que se opuso la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-California).
Uno de los tres mecanismos de supervisión establecidos en el proyecto de ley de 2,2 billones de dólares que Trump firmó la semana pasada después que se aprobara por el Congreso fue la designación de un inspector general especial para supervisar los 500.000 millones de dólares en fondos que serán repartidos por el Departamento del Tesoro a las pequeñas empresas y corporaciones.
La Casa Blanca anunció el viernes que Trump seleccionó a Brian Miller, asistente especial del presidente y consejero asociado senior de la oficina del consejo de la Casa Blanca, para ocupar el cargo.
Miller se desempeñó anteriormente como supervisor corporativo independiente y testigo experto y ha ejercido la abogacía en ética y cumplimiento, contratos gubernamentales, investigaciones internas, cargos directivos y suspensión y exclusión, según la Casa Blanca. Fue inspector general de la Administración de Servicios Generales durante casi una década después de ser aprobado por el Senado.
Una sección del proyecto de ley de estímulo establece la designación de un nuevo Inspector General Especial para la Recuperación de la Pandemia (SIGPR) y requiere que el inspector general especial informe al Congreso inmediatamente cuando cualquier agencia del gobierno se niegue a proporcionarle información. En una declaración publicada después de firmar el proyecto de ley el mes pasado, Trump dijo: «No entiendo, y mi administración no tratará esta disposición como si permitiese al Inspector General Especial para la Recuperación de la Pandemia emitir informes al Congreso sin la supervisión presidencial requerida» por la ley federal.
La declaración de Trump provocó la emisión de una carta de los senadores Mitt Romney (R-Utah) y Jon Tester (D-Mont.), quienes pidieron el viernes que el presidente cumpla con todos los requisitos de supervisión.
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«Mientras trabajan para implementar la legislación del COVID-19, les pedimos que proporcionen al Congreso un plan detallado sobre cómo el gobierno planea ejecutar estos fondos y qué medidas de responsabilidad se pondrán en marcha para asegurar que los dólares de nuestros contribuyentes se gasten de manera eficiente y efectiva», escribieron. «Esperamos que el Inspector General Especial cumpla con sus responsabilidades estatutarias, y esperamos trabajar con su administración para asegurar una sólida supervisión de los dólares de los contribuyentes».
En una declaración del sábado, Pelosi expresó su preocupación por la nominación de Miller.
«El Inspector General que supervisa la respuesta federal de este histórico paquete de ayuda para los trabajadores y sus familias debe ser independiente de la política. La nominación por parte del Presidente de uno de sus propios abogados claramente no pasa esa prueba», dijo.
La medida hace que resulte «aún más urgente» la necesidad de un comité bipartidista en la Cámara de Representantes que supervise la dispersión de los fondos, según Pelosi.
La demócrata de California anunció esta semana la creación del panel, que será presidido por el presidente de la mayoría Jim Clyburn (D-S.C.). El comité de supervisión, otro mecanismo previsto en el proyecto de ley, se asegurará de que los fondos «se gasten de forma inteligente y eficaz», dijo Pelosi a los periodistas en una conferencia telefónica.
Miller será confirmado por el Senado, que los republicanos tienen con una mayoría de 53-47.
El tercer mecanismo de supervisión le da al Pentágono las máximas responsabilidades de vigilancia.
Glenn Fine, Inspector General en funciones del Pentágono, fue nombrado en los últimos días para presidir el Comité de Rendición de Cuentas de Respuesta ante una Pandemia (PRAC).
Simon Veazey contribuyó con este informe.
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