El 15 de enero, el presidente Donald Trump ordenó a los organismos federales que estudien la manera de reducir las compras de bienes y servicios de China, en un intento de proteger al país de los riesgos de espionaje que plantea el régimen.
Trump instruyó a los departamentos y agencias a realizar una revisión y proponer «cambios regulatorios y de políticas, incluyendo posibles acciones ejecutivas» para «minimizar» la adquisición de bienes y servicios chinos, dijo el asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien, en una declaración.
La medida es la última de una gran cantidad de acciones del gobierno en sus últimos días, dirigidas a una serie de amenazas planteadas por el Partido Comunista Chino (PCCh).
Los funcionarios de Estados Unidos dieron la alarma desde hace mucho tiempo de que la tecnología china, tanto el software como el hardware, puede ser utilizada por Beijing para espiar, citando las leyes de seguridad que obligan a las empresas a cooperar con la inteligencia china cuando se les pide, y que todas las empresas están en última instancia en deuda con el PCCh. Se plantearon preocupaciones de seguridad sobre un conjunto de tecnologías, desde aviones teledirigidos de fabricación china hasta el gigante de equipos de telecomunicaciones Huawei y aplicaciones de redes sociales como TikTok.
Los organismos federales ya tienen prohibido comprar bienes o servicios de cinco empresas chinas, incluida Huawei, y los fabricantes de equipos de vigilancia, Hikvision y Dahua.
O’Brien se refirió a la Ley Nacional de Inteligencia de China de 2017 que «obliga a las personas, organizaciones e instituciones a ayudar a los servicios de seguridad e inteligencia de la República Popular China a llevar a cabo una amplia variedad de trabajos de inteligencia», y les exige que no revelen su cooperación.
El régimen chino «sigue estando libre de coaccionar y cooptar a los fabricantes y proveedores de servicios de la República Popular China para que se dirijan al gobierno de Estados Unidos en busca de espionaje y ventajas en materia de información», dijo.
El asesor añadió que parte de esta actividad podría favorecer los objetivos militares del régimen en el marco de su estrategia de «fusión militar-civil», que trata de aprovechar la industria privada para impulsar la modernización militar de China.
Citando los esfuerzos del régimen chino para robar los datos del personal del gobierno de EE.UU. y los planes militares, O’Brien dijo que Estados Unidos tiene que tomar «las medidas correspondientes para proteger los intereses estadounidenses». En 2014, los hackers chinos violaron la Oficina de Administración de Personal de EE.UU., lo que resultó en el robo de alrededor de 23 millones de registros de empleados federales.
«Debemos ajustar nuestras regulaciones y políticas y tomar otras acciones necesarias para reducir el riesgo de las actividades de espionaje técnico y humano de la RPC dirigidos al Gobierno Federal», dijo.
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