Una corte de apelaciones suspendió algunas penas de la sentencia por fraude civil del expresidente Donald Trump, pero denegó su petición de retrasar la ejecución de las sanciones monetarias.
La corte ordenó que los argumentos se presentaran antes del 18 de marzo, concediendo en el ínterin una suspensión de la sentencia que prohibiría a los acusados ejercer como funcionarios o directores de cualquier empresa o entidad legal de Nueva York, estar en una posición de control financiero en cualquiera de esas entidades o solicitar préstamos, según el acusado.
«Se deniega la suspensión provisional en cuanto a la ejecución de la sentencia monetaria y la instalación de un Director Independiente de Cumplimiento», reza la orden.
Segunda solicitud de suspensión
En los documentos presentados ante la corte el 28 de febrero, la defensa ofreció depositar una fianza de 100 millones de dólares mientras recurrían, a lo que se opuso la fiscalía, que exigió la cantidad total.
Los abogados del expresidente Donald Trump solicitaron a una corte de apelaciones que suspenda su sentencia por fraude civil, la multa de 363 millones de dólares y las medidas cautelares para que no pueda hacer negocios en el estado.
«La urgencia de esta solicitud es evidente a la luz de la punitiva y exorbitante restitución concedida contra los apelantes, el impacto de las medidas cautelares sobre los negocios legales, la incertidumbre creada por las directrices vagas y demasiado amplias emitidas por la Corte Suprema, y las amenazas públicas de la fiscal general de que embargará los bienes inmuebles de los apelantes de inmediato para satisfacer la sentencia», se lee en la nueva presentación.
Después de recibir un rápido rechazo del juez de la corte de primera instancia para una suspensión de la sentencia la semana pasada, los abogados de la defensa presentaron una notificación de apelación en el polémico caso.
El caso de fraude contra el expresidente y otros ejecutivos y entidades de la Organización Trump fue presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a quien la defensa ha criticado por motivaciones políticas y por hacer campaña en una plataforma para «atrapar a Trump».
Las sanciones masivas se produjeron después de un juicio de 45 días que terminó a principios de este año, y el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, dictó sentencia el 23 de febrero.
«El juez ordena una devolución sin precedentes y punitiva de casi 460 millones de dólares y una medida cautelar permanente demasiado amplia contra los apelantes en ausencia de autoridad legal o apoyo fáctico», dice la presentación.
El abogado Clifford Robert, que representa al presidente Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. y varias entidades de la Organización Trump, presentó el escrito en nombre de todos los demandados. El exdirector financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg y el interventor Jeffrey McConney también fueron nombrados como demandados.
El Sr. Roberts sostuvo que el juez de la corte de primera instancia también consideró indebidamente pruebas y reclamaciones fuera del plazo de prescripción, desobedeciendo una orden de la corte de apelaciones.
«La sentencia pone de manifiesto la continua falta de voluntad de la Corte Supremo para cumplir con la directiva de la decisión de esta Corte del 27 de junio de 2023 de que se desestimen todas las reclamaciones extemporáneas y confirma que la Corte Suprema consideró reclamaciones prescritas al conceder a la fiscal general una amplia medida cautelar», se lee en la presentación.
Los demandados han sostenido que no hicieron nada malo y que ninguna de las partes resultó perjudicada en el curso de sus transacciones financieras.
«Es indiscutible que esas transacciones eran transacciones comerciales privadas y complejas, totalmente regidas por acuerdos bilaterales negociados por partes con conocimientos comerciales», se lee en el nuevo documento.
Representantes del Deutsche Bank y del grupo asegurador Zurich testificaron en el juicio, y ambos informaron que realizaron análisis independientes de la Organización Trump antes de emitir sus préstamos o seguros. El banco también testificó que cortejó los negocios del presidente Trump como un individuo de alto patrimonio neto.
Penalizaciones
Las sanciones incluyen la cifra de devolución de 363 millones de dólares para todos los acusados (355 millones de dólares se aplican al presidente Trump), sujetos a un interés del 9 por ciento, monto que será retrodatado dependiendo de la entidad en cuestión.
A la organización también se le asignó un seguimiento continuo por parte de un tercero, la exjuez Barbara Jones, y un oficial de cumplimiento de riesgos, cuyos informes a la corte pueden dar lugar a sanciones adicionales, incluida la cancelación de certificados comerciales.
Además, al Sr. Weisselberg y al excontralor de la Organización Trump, Jeffrey McConney, se les prohibió permanentemente ocupar cargos ejecutivos, mientras que al presidente Trump se le prohibió ocupar cargos ejecutivos o solicitar préstamos durante tres años. A los hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. se les prohibió ocupar cargos ejecutivos por dos años.
También se ordenaron medidas cautelares previas al juicio.
En octubre de 2022, la fiscal general solicitó que se designara un monitor independiente para supervisar la presentación de información financiera de la Organización Trump en el caso, y fue concedido. La corte también prohibió a los acusados vender, transferir o disponer de activos distintos del efectivo sin avisar primero a la fiscal general con dos semanas de antelación.
En agosto de 2023, la fiscal general solicitó un juicio sumario para declarar responsables a los acusados de aumentar el patrimonio neto del presidente Trump, y el juez falló a favor del estado.
El juez Engoron también ordenó la cancelación de los certificados comerciales de la Organización Trump antes del juicio, pero la orden fue rápidamente suspendida por una corte de apelaciones y el juez posteriormente anuló la orden al final del juicio.
El fiscal general responde
En una carta de respuesta, el abogado Dennis Fan, escrita para el fiscal general, argumentó que no había ninguna razón para aplazar las sanciones financieras al presidente Trump y la Organización Trump.
La oficina del fiscal estatal subrayó que sería improcedente permitir que el presidente Trump eludiera el pago de los cerca de 400 millones de dólares incluso en caso de apelación.
La ley neoyorquina obliga a los acusados a depositar el importe íntegro de la multa en una cuenta de garantía bloqueada o a depositar una fianza de apelación por ese importe en caso de que el recurso no prospere.
«No tiene fundamento el argumento de los demandados de que una fianza o depósito completo es innecesario porque están dispuestos a depositar un compromiso parcial de menos de una cuarta parte del importe de la sentencia», dice la carta.
Argumentan que los demandados han «prácticamente concedido» que el presidente Trump no tiene el efectivo en mano para pagar la cantidad, y esta es «precisamente» la razón por la que es necesaria una fianza o depósito completo.
«El enfoque de los demandados dejaría a OAG con déficits sustanciales una vez que esta Corte confirme la sentencia», continúa la carta. «Un demandante que prevalece tiene derecho a que su premio sea garantizado, y los demandados nunca han demostrado que los activos líquidos del Sr. Trump puedan satisfacer el monto total de la sentencia».
En una entrevista con ABC News después del veredicto multimillonario, la Sra. James había dicho que estaba dispuesta a pedir al tribunal que embargara los activos de la Organización Trump, incluido el edificio Trump de 40 Wall Street que ve por su ventana todos los días.
La solicitud de suspensión de la sentencia también habría puesto en pausa la entrada en vigor de la prohibición de tres años de que el presidente Trump obtuviera un préstamo, a lo que se opuso el fiscal general, señalando que no se aplicaba a las garantías que podrían utilizarse para el recurso.
«Además, la prohibición de nuevos préstamos adicionales no impone ninguna carga inmediata a los acusados», argumentaron los abogados estatales. «Incluso sin el beneficio de préstamos adicionales, la Organización Trump puede seguir operando en Nueva York, y los acusados pueden seguir obteniendo beneficios de la operación de la Organización Trump. Una prohibición de nuevos préstamos mantiene adecuadamente el estado actual del negocio de los acusados, al tiempo que protege contra nuevos fraudes».
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