El expresidente Donald Trump se puso del lado de los medios de comunicación y pidió que su próximo juicio federal sea televisado,
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se opone a la iniciativa.
Los abogados del presidente Trump dijeron que la naturaleza sin precedentes del proceso judicial justifica que sea televisado.
«Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una administración en funciones ha acusado a su principal oponente electoral de un delito penal», escribieron los abogados en una presentación del 11 de noviembre a la jueza de distrito Tonya Chutkan, que supervisa el caso.
«El presidente Trump pide que esto salga a la luz. Cada persona en Estados Unidos, y más allá, debería tener la oportunidad de estudiar este caso de primera mano y ver cómo, si hay un juicio, el presidente Trump se exonera a sí mismo de estas acusaciones infundadas y políticamente motivadas», añadieron a continuación.
Está previsto que el presidente Trump vaya a juicio en marzo de 2024, por los cargos imputados en su contra, sobre haber interferido ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2020 y en el consiguiente traspaso de poderes.
Los medios de comunicación pidieron recientemente a la jueza Chutkan, nombrada bajo el mandato del presidente Barack Obama, que se permitan cámaras en la sala de la corte, argumentando que el público tiene derecho a acceder a los procedimientos judiciales penales, en virtud del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Richmond Newspapers Inc. vs. Virginia.
«El derecho de asistir a los juicios penales está implícito en las garantías de la Primera enmienda», dice el fallo del caso.
Los medios también señalaron que en un fallo de 2010, cuatro jueces dijeron que ninguna de las partes había podido presentar pruebas de que la presencia de cámaras en la sala de la corte «tiene inherentemente un efecto adverso en el proceso [judicial]».
Desde entonces, varios funcionarios de alto nivel, incluido el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se han pronunciado a favor de transmitir los juicios.
Los medios también afirmaron que la transmisión en tiempo real sería «un paso crítico para detener las falsas teorías de conspiración» sobre el caso.
Ya está prevista la retransmisión del juicio del presidente Trump en Georgia.
El abogado especial que procesó al expresidente, Jack Smith, nombrado por el fiscal general Merrick Garland, se opone a televisar el juicio.
El Sr. Smith señaló las reglas federales que prohíben las cámaras en las cortes federales y los fallos que han encontrado reglas constitucionales.
También dijo que la prohibición de transmitir el juicio «no obstaculiza la expresión ni implica la Primera enmienda de ninguna manera» porque los periodistas y otros miembros del público aún pueden asistir al juicio.
«El hecho de que el juicio esté abierto al público y a los medios de comunicación, quienes pueden «asistir, escuchar e informar» al público en general, satisface plenamente el derecho constitucional de acceso», afirmó el abogado especial, citando un fallo judicial anterior.
El Sr. Smith proporcionó citas adicionales de la Corte Suprema de Estados Unidos, incluido un fallo de 1965, que dice que hay una “concepción errónea de los derechos de prensa” que concluye que “las libertades otorgadas en la Primera enmienda extienden a los medios de comunicación el derecho a televisar desde la sala del tribunal”.
Un comité formado para estudiar el asunto recomendó en 1994 que se permitan las transmisiones de procedimientos civiles, pero la Conferencia Judicial de Estados Unidos concluyó que las cámaras en las salas de las cortes podrían intimidar a algunos testigos y jurados y rechazó la recomendación.
El equipo del presidente Trump indicó que el juicio a puerta cerrada corría el riesgo de socavar la confianza en el sistema de justicia y afectarlo negativamente.
«El presidente Trump está absolutamente de acuerdo, y de hecho exige, que estos procedimientos sean completamente televisados para que el público estadounidense pueda ver de primera mano que este caso, al igual que otros, no es más que una farsa inconstitucional inventada que nunca debería permitirse que vuelva a suceder», escribieron los abogados.
«Además, el presidente Trump tiene derecho a presentar sus posiciones en este caso al público estadounidense, incluida su sagrada obligación como presidente de investigar y abordar el fraude y otras irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020. Por lo tanto, la corte debe aceptar las mociones y permitir la toma medidas para difundir los procesos judiciales de este asunto».
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