El expresidente Donald Trump y el abogado especial Jack Smith están en desacuerdo sobre cómo proceder en el caso de alto perfil de interferencia electoral contra el expresidente, con ambas partes presentando estrategias contrastantes en una presentación judicial conjunta que podría ver la batalla legal extenderse hasta bien entrado el 2025.
En un informe conjunto presentado a última hora del 30 de agosto ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, ambas partes respondieron a la petición de la jueza Tanya Chutkan de que les orientara sobre cómo seguir adelante tras una reciente sentencia de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial que ha tenido un impacto significativo en el caso. El fallo, emitido en julio, concedió a Trump inmunidad por actos oficiales, pero dejó abierta la posibilidad de enjuiciamiento por acciones ajenas a sus funciones oficiales como presidente.
En la presentación, el equipo legal de Trump expuso un calendario detallado y ampliado para el caso, indicando su intención de presentar numerosas mociones e impugnaciones adicionales. El calendario propuesto por el equipo de defensa llevaría los procedimientos críticos hasta enero de 2025, mucho después de las elecciones presidenciales de 2024.
Smith, que ha estado dirigiendo la investigación sobre las acciones de Trump para impugnar los resultados de las elecciones de 2020, no propuso un calendario específico para el juicio en la presentación. Más bien, hizo hincapié en que la decisión sobre cómo gestionar el caso recae enteramente en Chutkan.
Al mismo tiempo, expresó la disposición de la fiscalía a presentar su escrito inicial de inmunidad «con prontitud en cualquier momento que la Corte considere apropiado», al tiempo que sugirió que Chutkan maneje las diversas mociones presentadas por el equipo de Trump al mismo tiempo para mantener el caso avanzando rápidamente.
En un nuevo intento de acelerar los procedimientos, Smith también se opuso a la propuesta de Trump de un plazo separado y la práctica de mociones en relación con el descubrimiento.
A principios de esta semana, el equipo de Smith presentó una imputación suplementaria contra Trump, que mantiene los cargos originales, pero reelabora el caso a la luz de la sentencia de la Corte Suprema. La acusación revisada se centra en las acciones de Trump como ciudadano privado y candidato, en lugar de como presidente, alegando que muchas de sus supuestas acciones no tenían conexión con sus responsabilidades oficiales y por lo tanto quedan fuera del ámbito de la sentencia de inmunidad.
Según el plan de Trump, expuesto en la presentación conjunta, el primer desafío legal significativo tendría lugar a finales de octubre, cuando su equipo pretende argumentar en una moción que el nombramiento de Smith fue inconstitucional y que la financiación utilizada para pagar al equipo del abogado especial es ilegal.
«Como cuestión fundamental, el presidente Trump pedirá que se desestime el nombramiento inapropiado del abogado especial y el uso de fondos no asignados, cuestiones que un juez de la Corte Suprema describe como ‘preguntas serias’ que ‘deben ser respondidas antes de que este proceso pueda proceder'», se lee en la presentación.
Aunque no está claro qué argumentarán específicamente los abogados de Trump para que se declare inválido el nombramiento de Smith, es probable que se hagan eco de algunos de los argumentos presentados por el exfiscal general Edwin Meese y dos expertos constitucionales, que anteriormente afirmaron que el fiscal general Merrick Garland se excedió en su autoridad legal y constitucional al nombrar a Smith.
Meese y los académicos sostienen que los estatutos citados por Garland no autorizan el nombramiento de un ciudadano privado para ejercer poderes extraordinarios de aplicación de la ley penal bajo el título de abogado especial; argumentando además que la falta de confirmación de Smith por el Senado y su presunto nombramiento inapropiado para el papel de un funcionario federal significan que todas las acciones tomadas por él contra Trump deben ser declaradas nulas y sin efecto.
Este desafío a la legitimidad del nombramiento de Smith refleja uno que el equipo de Trump montó con éxito en Florida, donde obtuvieron una sentencia favorable que ahora está en apelación.
Los abogados de Trump también sugirieron en el informe de situación conjunto que la corte no debería empezar a abordar las cuestiones de inmunidad presidencial hasta diciembre. Este momento parece ser crítico, ya que retrasaría cualquier progreso sustancial en el caso hasta después de las elecciones.
La defensa también argumentó en la presentación que los elementos clave de la acusación revisada de Smith, en particular los relacionados con las conversaciones de Trump con el entonces vicepresidente Mike Pence, deberían ser motivo de desestimación de todo el caso, basándose en la sentencia de la Corte Suprema. El alto tribunal determinó que tales conversaciones eran presuntamente inmunes, pero la acusación revisada de Smith desafía esto centrándose en el papel de Pence al frente del Senado, sugiriendo que sus discusiones caían fuera del ámbito de las comunicaciones protegidas de la Casa Blanca.
La acusación sustitutiva de Smith, que fue reelaborada a la luz del fallo de inmunidad de la Corte Suprema, afirma que las declaraciones de Trump en las redes sociales pidiendo a Pence que se negara a contar los votos electorales que establecían la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de 2020 no estaban relacionadas con las funciones oficiales de Pence y, en cambio, equivalían al intento «personal» de Trump de «retener ilegalmente el poder».
Los abogados de Trump argumentan que el uso «inapropiado» por parte de Smith de las acusaciones relacionadas con el ex vicepresidente a la luz de la sentencia de la Corte Suprema que extiende la presunta inmunidad a las comunicaciones entre Trump y Pence son fundamentales para la acusación sustitutiva y Chutkan debería desecharla por completo.
Después de que la Corte Suprema dictaminara el 1 de julio que Trump tiene derecho a cierta inmunidad, los jueces devolvieron el caso al tribunal de distrito, dejando en manos de Chutkan la decisión de cómo aplicar la sentencia al caso.
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