La oficina del abogado especial Jack Smith presentó dos mociones el martes, en las que presionó por la estrategia legal de la defensa, y pidió a la corte que potencialmente oculte las identidades de los miembros del jurado al expresidente Donald Trump en el caso penal federal en su contra de Washington, donde se alega que él interfirió ilegalmente en las elecciones de 2020. Los archivos señalan que la defensa se opuso a ambas mociones.
Los fiscales argumentan que el presidente Trump ha hablado públicamente sobre el uso de una defensa de asesoramiento, lo que le permitiría decir que estaba actuando bajo el asesoramiento legal de abogados cuando desafió los resultados de las elecciones de 2020.
Sin embargo, si el expresidente utiliza esa defensa, «él renuncia al privilegio abogado-cliente para todas las comunicaciones relativas a esa defensa», se lee en la presentación.
Eso significaría que estaría disponible una evidencia adicional para los fiscales, por lo que el gobierno está pidiendo que el presidente Trump declare a la corte ahora si tiene la intención de seguir esta estrategia legal, para que la evidencia pueda ser compartida con los fiscales antes del juicio.
«Es de suponer que él trataría de basarse, por ejemplo, en el ‘memorando muy detallado de un experto constitucional’ que su abogado describió en una entrevista, y, por lo tanto, sería necesario identificar ese documento en su lista expuesta», se lee en la presentación.
Los fiscales también señalaron que durante la investigación del caso, 25 testigos ocultaron información y evidencias bajo el privilegio abogado-cliente «donde el titular del privilegio parece ser el acusado o de su campaña presidencial de 2020».
«Entre ellos había co-conspiradores, antiguos empleados de la campaña, la propia campaña, abogados externos, un intermediario no abogado, e incluso un miembro de la familia del acusado», se lee en la presentación. Presumiblemente, algunas de estas comunicaciones estarían a disposición de los fiscales si el presidente Trump sigue adelante con esta defensa y el juez lo requiere.
Sin embargo, esta renuncia al privilegio abogado-cliente perjudicaría a varios de los coacusados del presidente Trump en otro caso.
En Georgia, el presidente Trump fue acusado por separado en una corte estatal por impugnar las elecciones del 2020. De modo similar al caso federal, los cargos involucran conspiración y alegan que actuó ilegalmente para anular deliberadamente los resultados correctos.
Varios de sus 18 coacusados habían sido abogados contratados por él o estaban asociados con él: la exfiscal federal Sidney Powell; el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani; y los abogados Kenneth Chesebro, John Eastman, Jenna Ellis, Ray Smith y Robert Cheeley.
Los correos electrónicos y memorandos de abogados se convertirían en pruebas
El Sr. Chesebro y la Sra. Powell son los únicos dos acusados que han exigido un juicio rápido y serán juzgados juntos en menos de dos semanas. En las mociones previas al juicio, el Sr. Chesebro, quien fue contratado por la campaña de Trump, ha estado luchando por mantener la privacidad de sus correos electrónicos.
Los fiscales del condado de Fulton han ingresado cinco correos electrónicos de Chesebro como prueba, incluido uno que se había filtrado a la prensa, que describe varios caminos y resultados legales que el presidente Trump podría utilizar para impugnar las elecciones en estados donde se sospechaba un fraude.
Los coacusados del condado de Fulton fueron imputados con cargos de crimen organizado bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Extorsión (ley RICO), del estado de Georgia, y la imputación enumera 161 actos de crimen organizado. Muchos de los actos donde se nombran a los abogados son el envío de correos electrónicos, memorandos legales y la asistencia a reuniones con su cliente.
El martes, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, argumentó que los correos electrónicos del Sr. Chesebro referidos no son consejos legales protegidos por el privilegio abogado-cliente, sino actos y consejos políticos admisibles como prueba en las cortes.
Si la Corte Superior del Condado de Fulton considera que los correos electrónicos como inadmisibles, los fiscales podrían quedarse con un caso débil, ya que la mayoría de los actos que involucran a los abogados tienen que ver con estas comunicaciones que, según ellos, están protegidas por el privilegio abogado-cliente.
Si la corte federal de distrito en Washington acepta las comunicaciones como prueba, es probable que los fiscales del condado de Fulton presenten argumentos para hacer lo mismo, o puedan confiar en cualquier prueba presentada a medida que se haga pública.
Uno de los correos electrónicos del Sr. Chesebro, que se filtró a la prensa, ya fue utilizado contra el abogado Eastman en un juicio mientras se enfrenta a una inhabilitación en su contra en California.
Identidades del jurado
También el martes, la fiscal federal presentó una moción para impedir que el presidente Trump busque las redes sociales de posibles jurados, citando una publicación que hizo la semana pasada mientras asistía a su juicio por fraude civil en Nueva York. Él nombró a la secretaria del juez y compartió su cuenta de redes sociales, lo que los fiscales citaron como un ejemplo de «motivo de preocupación sobre lo que él podría hacer con la indagación de las redes sociales de los posibles miembros del jurado en este caso».
El gobierno está proponiendo que los jurados sean preseleccionados mediante un cuestionario, que revelaría sus identidades antes de la selección en persona, y pidió a la corte restricciones adicionales para mantener la privacidad de las identidades de los jurados.
Es una práctica estándar realizar investigaciones sobre las redes sociales, pero los fiscales argumentan que el presidente Trump tiene un historial de «usar las redes sociales para atacar a otros» y, por lo tanto, deberían existir ciertas restricciones para evitarlo.
«Por consiguiente, debería excluirse a las partes, durante la selección del jurado y el juicio, que soliciten ‘seguir’ o ‘hacer amigos’ a alguien, o realizar cualquier solicitud afirmativa análoga, para obtener acceso a posteos o perfiles que de otro modo no estarían disponibles públicamente», señala el documento, sugiriendo que se deberían imponer sanciones si el presidente Trump revela al público las identidades de los miembros del jurado o de los posibles miembros del jurado.
Ello señalaron que las identidades de los miembros del jurado también se ocultaron al presidente Trump en el caso civil en su contra a principios de este año, presentado por la escritora E. Jean Carroll en Nueva York. La corte del condado de Fulton también ordenó que las identidades de los jurados se mantengan en secreto, aunque varios medios de comunicación argumentaron que debían hacerlas públicas.
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