El Gobierno anunció este lunes una nueva extensión de la moratoria que permite al fabricante chino Huawei hacer negocios con empresas del país otros noventa días.
La nueva prórroga, que vencerá en febrero de 2020, tiene la misma duración que la anunciada en agosto pasado, y se trata de la tercera ocasión en que el país aplaza su decisión de prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con Huawei, después del revuelo causado en el sector tecnológico cuando se conoció la medida en mayo.
Aunque la cuota de mercado de los teléfonos móviles Huawei en Estados Unidos es muy reducida (menos de un 1 % según los datos más recientes de Statcounter), la empresa china sí tiene una fuerte presencia como proveedor de equipamiento de telecomunicaciones en las zonas rurales del país.
«La extensión temporal de la licencia general permitirá a las teleoperadoras seguir prestando servicio a los clientes en algunas de las áreas más remotas de EE.UU. quienes en caso contrario se hubiesen quedado desconectados», apuntó el secretario de Comercio, Wilbur Ross.
«El departamento (de Comercio) seguirá vigilando de forma rigurosa las exportaciones de tecnología considerada estratégica para garantizar que quienes quieran amenazar nuestra seguridad nacional no se aprovechen de nuestras innovaciones», remachó.
Junto a su presencia en zonas rurales, el otro aspecto clave para entender la incidencia de Huawei en la economía son los proveedores de componentes tecnológicos y de software, como los fabricantes de chips Intel, Xilinx y Broadcom, y el gigante de internet Google, propietario del sistema operativo Android, presente en los dispositivos de Huawei.
De todos los proveedores estadounidenses de Huawei, Google es el que tiene un perfil más alto, ya que los teléfonos que el fabricante chino vende en todo el mundo (y que son especialmente populares en mercados como Latinoamérica y Europa) llevan preinstalados Android y servicios como Chrome, Gmail, Google Maps, YouTube y la tienda de aplicaciones Google Play.
El veto a Huawei se enmarca en un contexto de guerra comercial entre EE.UU. y China, que lleva abierta desde prácticamente el momento en que Donald Trump llegó a la Presidencia en 2017, y que se ha saldado por el momento con aranceles sobre cientos de millones de importaciones chinas a EE.UU. y represalias similares por parte de Pekín.
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