La Fiscalía de Manhattan dio la razón a los abogados del expresidente Donald Trump, quienes dijeron que su orden de silencio ya no debe prohibirle hablar sobre los testigos del juicio, ya que éste ha concluido.
La orden de silencio, emitida por el juez del Tribunal Supremo de Nueva York Juan Merchan, había prohibido al expresidente Trump hacer declaraciones, u ordenar a otros que hicieran declaraciones en su nombre, sobre los testigos del juicio, los miembros del jurado, el personal del tribunal y los abogados y su personal, si las declaraciones se hacían para interferir en el caso. Esta orden no incluía al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ni al juez Merchan, pero sí a sus familiares.
Los abogados del expresidente Trump argumentaron que la preocupación declarada por la fiscalía sobre la intimidación de testigos ya no se sostiene, por lo tanto, los límites ya no se mantienen.
«El pueblo está de acuerdo en que esta disposición ya no necesita ser aplicada», dice el escrito de la fiscalía.
«El Tribunal dictó esta disposición para proteger la ‘voluntad de participar plena y sinceramente’ de los posibles testigos», reza el escrito. «Ahora que el jurado ha emitido un veredicto, sin embargo, el interés apremiante de proteger la capacidad de los testigos para testificar sin interferencias ya no está presente».
Los fiscales agregaron que otras leyes penales y civiles aún protegerían a los extestigos de algunos ataques y difamación, citando los casos de difamación que la escritora E. Jean Carroll presentó contra el expresidente Trump y el caso de difamación que dos trabajadores electorales de Georgia presentaron contra el exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani. Los demandados fueron declarados responsables en ambos casos, lo que dio lugar a cuantiosas sanciones pecuniarias.
Testigos
Muchos de los 22 testigos del juicio desempeñaron pequeños papeles, y varios eran empleados actuales o antiguos de la Organización Trump.
Pero unos pocos testigos en el centro del caso dieron testimonios de varios días: el exabogado Michael Cohen, la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, el exeditor de National Enquirer David Pecker y el abogado Keith Davidson.
El Sr. Cohen fue durante mucho tiempo abogado de Donald Trump y con frecuencia hizo declaraciones a los medios en nombre de su cliente durante su década de empleo en la Organización Trump. El Sr. Cohen defendió con vehemencia los USD 130,000 que pagó a la Sra. Clifford antes de afirmar más tarde que el pago violaba las leyes de financiación de campañas y fue encubierto por su jefe.
El expresidente Trump había hecho varias declaraciones sobre el Sr. Cohen antes del juicio, incluso destacando el historial de perjurio del Sr. Cohen. Durante una conferencia de prensa posterior al juicio, se refirió a la naturaleza de su relación comercial sin utilizar el nombre del Sr. Cohen.
Antes de la orden de silencio, el expresidente también criticó a la Sra. Clifford, y ha mantenido que nunca hubo un encuentro sexual entre los dos. Durante el juicio, la Sra. Clifford testificó en detalle sobre ese supuesto encuentro sexual, que no era el objeto del caso.
El Sr. Pecker, amigo desde hace mucho tiempo del 45º presidente, testificó sobre su participación en dos negocios por los que el expresidente Trump no fue procesado en este caso. En una entrevista concedida tras el inicio del juicio, el expresidente Trump mencionó al Sr. Pecker, refiriéndose a él como «un buen tipo». El juez Merchan no consideró esto una violación de la orden de silencio después de que los fiscales señalaran la entrevista.
Otros límites de la orden de silencio
Sin embargo, los fiscales argumentaron que otras partes de la orden de silencio debían seguir en vigor, incluidas las restricciones para nombrar a los miembros del jurado. Los abogados defensores habían dicho al juez que no tenían intención de hacer declaraciones sobre jurados concretos.
Al concluir el juicio, el juez Merchan dijo a los 12 miembros del jurado y a los seis suplentes que ahora eran libres de hablar sobre el caso si lo deseaban.
Los fiscales instaron al tribunal a actuar con cautela y mantener en vigor las órdenes que protegen la identidad de los jurados.
Los fiscales también argumentaron que el expresidente Trump debería tener prohibido hacer declaraciones sobre el personal del tribunal y los abogados y familiares del Sr. Bragg y el juez Merchan.
«Las órdenes del Tribunal se basaron en parte en pruebas fácticas que muestran que la Unidad de Evaluación y Protección de Amenazas («TAPU») de la Policía de Nueva York registró un aumento en los casos de amenazas contra el Fiscal de Distrito, su familia y el personal de la Oficina del Fiscal de Distrito, de un caso de este tipo en 2022 a 89 en 2023″, dice el escrito.
En una declaración jurada del 20 de junio, el sargento de la Policía de Nueva York Nicholas Pistilli declaró que 61 de los 289 casos de amenazas registrados en la Oficina de Inteligencia de la Policía de Nueva York eran amenazas contra el Sr. Bragg, su familia o sus empleados. Entre ellas figuraban expresiones como «Los mataremos a todos» y «están muertos». Además, se reenviaron 500 mensajes y llamadas de la oficina del fiscal del distrito para su revisión de seguridad.
La mayoría de las amenazas se recibieron mientras se celebraba el juicio.
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