El expresidente Donald Trump está instando a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. a rechazar el argumento de la administración Biden de que sus acciones relacionadas con el 6 de enero de 2021 no estaban protegidas por la inmunidad presidencial.
“La exposición del caso por parte del gobierno… es incorrecta desde el punto de vista legal y fáctico», se lee en el escrito del 2 de enero del equipo legal del presidente Trump. «El gobierno intenta enfatizar la manera y el propósito supuestamente ilegales de los actos alegados en la acusación…. La manera o el propósito supuestamente ilícitos de los actos alegados no son relevantes».
La presentación se produjo una semana antes de que el tribunal de apelaciones escuche el argumento oral sobre la moción del presidente Trump de desestimar esta cuestión y sus afirmaciones de que el procesamiento del fiscal especial Jack Smith violan la protección constitucional contra la doble incriminación.
El presidente Trump había argumentado que el Senado ya lo había absuelto en respuesta a un artículo de impeachment por sus actividades el 6 de enero. Al hacerlo, dijo, impedía un futuro procesamiento por sus acciones.
El equipo de Smith había argumentado en una presentación del 30 de diciembre que la Constitución de Estados Unidos “limita las sanciones del Congreso para el impeachment a la destitución e inhabilitación para el cargo; no crea una prohibición de doble enjuiciamiento que proteja a un funcionario impugnado, pero no condenado de un proceso penal”.
Declaró que el presidente Trump “nunca antes estuvo en peligro” porque los “únicos recursos disponibles en el proceso de impeachment fueron la destitución y la descalificación”.
El escrito añadía: «Incluso si lo estuviera, la acusación imputa delitos diferentes a los que estaban en cuestión en su impeachment”.
La respuesta del presidente Trump argumentó que “no viene al caso” que “el impeachment y el procesamiento penal sirvan a objetivos distintos”.
Su equipo legal sostuvo que la “Cláusula de Sentencia de Impugnación y los principios de doble incriminación prohíben de forma independiente este procesamiento. El texto claro de la cláusula, los principios ordinarios de interpretación y el peso decisivo de la evidencia histórica confirman que un presidente que fue acusado y absuelto no está sujeto a un procesamiento posterior por la misma conducta”.
El 29 de diciembre, el tribunal de apelaciones emitió una decisión rechazando el intento del presidente Trump de aplicar la inmunidad presidencial a demandas civiles derivadas de los acontecimientos del 6 de enero.
La presentación del Departamento de Justicia del 30 de diciembre argumentaba que el presidente Trump no estaba protegido de responsabilidad penal.
«Bajo el análisis de la separación de poderes, el estatus constitucional único del presidente proporciona inmunidad de responsabilidad civil por conducta oficial… pero no hace que un expresidente sea inmune a la responsabilidad penal cuando se le acusa de violaciones a estatutos penales federales generalmente aplicables», decía la presentación.
“Interés público primordial”
“Cualquier carga de responsabilidad penal posterior a la presidencia tiene un impacto mínimo en las funciones de un titular y es superada por el interés público primordial de defender el estado de derecho a través del procesamiento federal”.
El equipo legal del presidente Trump, por el contrario, argumentó que debido a que la Constitución confiere poder ejecutivo al presidente, su conducta no era revisable por los tribunales de la misma manera que lo era la conducta de otros funcionarios ejecutivos.
La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan había rechazado la moción de desestimación del presidente Trump, lo que motivó su apelación ante el tribunal de apelaciones. El equipo del Sr. Smith intentó llevar el asunto por la vía rápida a la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente rechazó su solicitud.
También el 2 de enero, el tribunal de apelación emitió una orden «para que el abogado esté preparado para responder en el debate oral del 9 de enero de 2024 a cualquier pregunta del Tribunal sobre cuestiones concretas planteadas en los escritos presentados por los amicus curiae”.
Se han presentado varios escritos amicus curiae, incluido uno del grupo American Oversight, que argumentó que el tribunal de apelaciones carecía de competencia para revisar la denegación de inmunidad por parte de la juez Chutkan.
Otro de exfuncionarios del gobierno, incluido el exfiscal especial del presidente Trump, Ty Cobb, argumentó que el reclamo de inmunidad “no encuentra respaldo en el texto de la Constitución ni en la práctica histórica”.
Otro escrito, de dos profesores de Derecho y del exfiscal general Edwin Meese, afirma no apoyar la postura de ninguna de las partes en el recurso, pero sostiene que el Sr. Smith carecía de «autoridad para llevar a cabo el enjuiciamiento subyacente”.
Sostiene que ni los estatutos ni la Constitución de Estados Unidos “autorizaron remotamente el nombramiento por parte del fiscal general de un ciudadano privado para recibir poderes extraordinarios de aplicación de la ley penal bajo el título de Asesor Especial”.
Esa cuestión y otras relacionadas con el juicio del presidente Trump en D.C. aún podrían terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones revisó previamente la controvertida orden de silencio de la juez Chutkan, que restringió en un fallo de diciembre. Posteriormente, el presidente Trump solicitó una audiencia ante el tribunal en pleno en lugar de solo un panel de tres jueces, que era el formato de la audiencia de apelación anterior.
Es probable que se pida al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la orden mordaza. También podría ocuparse de otras cuestiones jurídicas, como los intentos de utilizar la Decimocuarta Enmienda para eliminar al presidente Trump de las papeletas electorales de los estados.
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