El expresidente Donald Trump reveló el miércoles por la tarde más detalles sobre las circunstancias que rodearon la redada del FBI en su casa de Mar-a-Lago, el 8 de agosto.
«A principios de junio, el Departamento de Justicia y el FBI pidieron a mis representantes legales que pusieran una cerradura adicional en la puerta que conducía al lugar donde se almacenaban las cajas en Mar-a-Lago –Nosotros estuvimos de acuerdo», dijo Trump en un posteo en Truth Social el 10 de agosto, probablemente refiriéndose a las cajas que podrían haber sido utilizadas para almacenar los registros presidenciales en Mar-a-Lago. «A ellos se les mostró el área asegurada y las cajas mismas».
«Luego, el lunes, sin notificación ni advertencia, un ejército de agentes irrumpió en Mar-a-Lago, fue a la misma área de almacenamiento y arrancó el candado que ellos habían pedido que se instale. Un ataque sorpresa, POLÍTICO, ¡y todo mientras nuestro País se va al INFIERNO!», dijo Trump.
Las declaraciones que dio el expresidente el miércoles, de ser ciertas, debilitan el caso de que el FBI realizó la redada a la casa con el único propósito de obtener los registros, en medio de un silencio abrumador sobre la redada tanto de parte del Departamento de Justicia (DOJ) como de los federales.
«No se había ocultado nada y no se les había ocultado nada, lo que hace que todo esto sea aún más ridículo», dijo el martes la abogada de Trump a The Epoch Times, Christina Bobb, quien confirmó que los agentes federales estaban buscando registros presidenciales en Mar-a-Lago durante la redada.
«Donald Trump no cometió ningún delito», dijo la abogada. «Ellos tendrían que sentar las bases de que Donald Trump realmente empacó su propia oficina y que Donald Trump era realmente el custodio de estos registros y que él realmente los trasladó».
Cooperación con NARA
Según la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), los representantes de Trump han cooperado en la transferencia de los registros presidenciales, incluyendo la entrega de 15 cajas con registros presidenciales, en el último año tras la conclusión de la presidencia de Trump.
Aunque la Ley de Registros Presidenciales de 1978 estipula que una administración debe transferir al Archivero de Estados Unidos (jefe de los Archivos Nacionales) ciertos registros clasificados relacionados con las funciones del presidente al final de su mandato, pocos expresidentes lo han hecho en un corto período de tiempo y ninguno ha sido procesado como tal resultado.
Los republicanos en el Congreso y los aliados de Trump, por esta razón, han estado cuestionando si un motivo político subyace a la redada, cuyos detalles permanecen bajo sello judicial dejando a los expertos legales sin poder comentar sobre la idoneidad de la acción.
«El hecho de que la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) señale el manejo de los registros oficiales por parte del presidente Trump contrasta fuertemente con la forma en que la NARA ha tratado violaciones mucho más claras cometidas por políticos y funcionarios que no son republicanos», escribieron 20 republicanos, entre ellos numerosos altos miembros de los comités, en una carta fechada el 10 de agosto y dirigida a la archivista en funciones, Debra Wall, publicada por primera vez por Politico.
«La aparente instrumentalización armada del gobierno federal en contra de los rivales políticos del presidente Biden no puede quedar sin control y si NARA está trabajando para promover estos esfuerzos será solo la última agencia en perder su credibilidad a los ojos del pueblo estadounidense bajo la administración Biden», escribieron los legisladores republicanos.
El martes, el juez magistrado que supuestamente aprobó la orden de allanamiento ordenó al Departamento de Justicia que presente una respuesta a una moción en la que se pidió que el DOJ desclasifique la orden a más tardar el 15 de agosto.
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