Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron una moción el lunes pidiendo a un juez del Condado de Fulton que desestimaran varios cargos contra Trump en el caso de extorsión en Georgia contra él y 18 coacusados.
Los escritos presentados adoptan los argumentos del coacusado Rudy Giuliani sobre siete cargos, y la objeción del coacusado Kenneth Chesebro sobre un cargo, además de la objeción del Sr. Chesebro sobre siete cargos en su moción para desestimar la acusación por completo. Los abogados de Trump también presentaron un aviso para que se aplique el descubrimiento recíproco a su caso según la ley de Georgia.
Giuliani se había desempeñado como abogado del presidente Trump cuando impugnó los resultados de las elecciones de 2020 e inició esfuerzos para investigar el presunto fraude electoral. Giuliani y el presidente Trump fueron acusados cada uno de 13 cargos, siete de ellos coincidentes.
Chesebro también fue abogado del presidente Trump en su imputación a las elecciones y fue acusado de siete cargos.
Todos los acusados fueron acusados de violar la Ley RICO (Organizaciones corruptas e influenciadas por el chantaje) de Georgia.
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está a cargo del caso y ha argumentado que las acciones de los 19 acusados al impugnar los resultados de la carrera presidencial estatal de 2020 constituyeron una «empresa de extorsión criminal».
Argumentos
Los abogados del Sr. Giuliani argumentaron que la acusación de extorsión, de 98 páginas y 41 cargos, incluía varias «deficiencias».
Pidieron al juez que anule la acusación porque «no es perfecta en forma y fondo, no proporciona información suficiente sobre contra qué debe defenderse en el juicio, y los alegatos en dicha acusación son insuficientes para protegerlo de la doble incriminación en un proceso separado”.
Argumentaron que la acusación mezclaba actos criminales con actos legales en una “bullabesa conspirativa que consiste en supuestos actos criminales, actividades cotidianas y discursos constitucionalmente protegidos”.
Chesebro pidió al tribunal que desestimara su caso basándose en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que antepone la ley federal a las leyes y tribunales estatales.
Los 21 actos en los que la acusación alega que participó el Sr. Chesebro ocurrieron antes de la fecha límite de «puerto seguro» de Georgia para presentar las boletas electorales del estado.
Sus abogados argumentan que las leyes electorales fueron establecidas por el Congreso con la Ley de Recuento Electoral de 1887, una ley federal para «regir la forma en que el Congreso recibiría, adjudicaría y contaría las papeletas de los electores presidenciales», así como para supervisar la forma en que se disputan las papeletas.
Si los estados no pueden emitir un fallo sobre las imputaciones a los resultados electorales, la autoridad regresa al Congreso para resolver las disputas, argumentaron, como ocurrió con la imputación de Georgia en 2020.
Esto había ocurrido con las disputas sobre los resultados de las elecciones de 1960 en Hawái, que los electores suplentes dijeron que querían emular.
Chesebro también argumentó que, si cualquier acción tomada después del 8 de diciembre de 2020 fuera ilegal, violaría la ley federal y no la ley estatal de Georgia.
Chesebro, que ya pidió un juicio rápido, que comenzará el 23 de octubre, pidió al juez que desestime la acusación por completo.
Caso de alto perfil
El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, ya firmó una orden que permite grabaciones en el tribunal durante el juicio, un juicio que se espera que sea televisado.
La fiscalía presentó una moción el 6 de septiembre, que se hizo pública el 8 de septiembre, para impedir que se hicieran públicas las identidades de los miembros del jurado, argumentando que un caso tan publicitado podría interferir con la imparcialidad del jurado y que el tribunal tiene la obligación de proteger a los miembros del jurado del acoso.
«El presente caso ha sido ampliamente cubierto por los medios hasta el momento desde la presentación de la acusación», se lee en la moción. «El estado anticipó que la cobertura de prensa de este caso continuará, y probablemente aumentará, a través de la emisión de mociones previas al juicio y en el juicio mismo».
Señala en particular que individuos anónimos en «sitios web de teorías de conspiración» compartieron información personal de los miembros del gran jurado «con la intención de acosarlos e intimidarlos».
La Sra. Willis alegó que ella y los miembros de su familia han sido objeto de un trato similar, y su información personal se ha compartido en Internet, «entrelazada con comentarios despectivos y racistas».
La fiscalía no pidió al tribunal que revocara la orden que permitía que el juicio fuera televisado.
El caso ya celebró una audiencia que duró todo el día sobre la solicitud hecha por el acusado Mark Meadows, jefe de gabinete del expresidente, de llevar su caso a un tribunal federal. La audiencia en el tribunal federal no fue televisada, pero sí fue seguida y cubierta de cerca, ya que era la primera vez que se presentaban argumentos legales en un caso sobre la impugnación por parte del presidente Trump a los resultados de las elecciones de 2020, que también es objeto de un caso federal contra el expresidente. El juez federal finalmente se negó a juzgar el caso en un tribunal federal y el Sr. Meadows está apelando la decisión en el Circuito 11.
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