Twitter demandó el lunes al fiscal general de Texas, Ken Paxton, alegando que está abusando ilegalmente de su autoridad como máximo responsable de la aplicación de la ley en el Estado de Texas.
Twitter afirma en la demanda que Paxton ha estado intimidando, acosando y atacando a Twitter «en represalia por el ejercicio de Twitter de sus derechos de la Primera Enmienda».
«Los derechos de libertad de expresión y de prensa concedidos a Twitter en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos incluyen el derecho a tomar decisiones sobre el contenido que se difunde a través de su plataforma. Este derecho incluye específicamente la discreción de eliminar o restringir de otro modo el acceso a tuits, perfiles u otros contenidos publicados en Twitter. El fiscal general Paxton no puede obligar a Twitter a publicar dicho contenido a pesar de su objeción, y no puede penalizar a Twitter por ejercer su derecho a excluir dicho contenido de su plataforma», afirma la demanda, obtenida por The Epoch Times.
Lo que está en cuestión son las prácticas de moderación de Twitter, incluida la decisión del 8 de enero de suspender la cuenta del entonces presidente Donald Trump.
Paxton envió en enero demandas de investigación civil (CID) a la empresa con sede en California y a otras grandes empresas tecnológicas como Google, exigiendo información relacionada con sus políticas y prácticas de moderación.
Paxton explicó en una reciente entrevista en el programa «Crossroads» de The Epoch Times que la investigación se centra en lo ocurrido con las cuentas de Trump en varias plataformas.
«Como hay un monopolio con estas empresas, controlan toda la plataforma. Son como una empresa de servicios públicos que regulamos. Y decimos, ‘oye, tienes que proporcionar energía a todo el mundo, porque eres la única opción’. Normalmente, diría que la empresa privada puede hacer lo que quiera, y los consumidores tienen opciones. Aquí, los consumidores no tienen elección, no tienen elección. Así que tenemos que regularlo y asegurarnos de que la libertad de expresión no esté controlada por unas pocas personas muy ricas con tecnología», dijo.
En una declaración escrita en la que anunciaba las CID, Paxton dijo que «los derechos de la Primera Enmienda y la transparencia deben mantenerse para que una comunidad libre en internet funcione y prospere».
«Sin embargo, la aparentemente coordinada expulsión de las plataformas del presidente de Estados Unidos y de varias voces destacadas no solo enfría la libertad de expresión, sino que silencia totalmente a aquellos cuya expresión y creencias políticas no se alinean con los líderes de las grandes empresas tecnológicas», añadió. «El público merece saber la verdad sobre cómo estas empresas moderan y posiblemente eliminan el discurso con el que no están de acuerdo. Tengo la esperanza de que estas empresas dejen de lado la política partidista y cooperen con estas CID para llegar al fondo de esta disputa y garantizar una comunidad en internet verdaderamente libre y coherente con los más altos ideales estadounidenses».
Revelar públicamente los procesos de moderación socavaría su eficacia, dijo Twitter en la nueva demanda. La compañía dijo que intentó negociar un acuerdo razonable con Paxton para poner límites a sus demandas, pero no llegaron a un arreglo.
«En lugar de ello, el fiscal general Paxton dejó claro que utilizará todo el peso de su oficina, incluidos sus amplios poderes de investigación, para tomar represalias contra Twitter por haber tomado decisiones editoriales con las que no está de acuerdo. Ahora Twitter, que ya está en el punto de mira por su actividad protegida, se encuentra con la insostenible opción de entregar documentos muy sensibles o enfrentarse a una sanción legal», escribieron los abogados de Twitter.
La empresa afirma que las demandas van en contra de la Primera Enmienda.
Pide a un juez que declare ilegales los esfuerzos de Paxton y le prohíba iniciar cualquier acción para hacer cumplir las CID o para investigar las decisiones internas de Twitter.
La oficina de Paxton no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El caso es el 3:21-cv-01644-TSH en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
Con información de Joshua Philipp.
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